/Ciudades de América Latina/ BOLIVIA: Un alcalde contra la corrupción y la burocracia

La población de La Paz aguarda con esperanza la toma de posesión en febrero del alcalde electo Juan del Granado, que intentará en un lustro de gestión acabar con 20 años de frustraciones y enjuiciar a funcionarios enriquecidos de forma ilegal.

Del Granado, electo en las elecciones municipales del 5 de diciembre, hizo su carrera política a fuerza de luchar contra la corrupción desde su asiento de legislador y con una actitud de intransigente fiscalización de los poderes públicos.

El futuro alcalde fue el principal impulsor del juicio por delitos económicos y violaciones de derechos humanos al último dictador militar de Bolivia, Luis García Meza (1980-1981), quien terminó condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, la máxima pena que contempla la justicia boliviana.

Ahora, Del Granado, quien fundó el Movimiento sin Miedo en 1999 para postularse a la Alcaldía de La Paz, tiene por delante los mayores retos de su carrera en la ciudad sede de gobierno de Bolivia, la urbe más conflictiva de este país. Sus antecesores de la última década se sucedieron a razón de uno por año.

Instituciones y personalidades que ven en Juan del Granado la oportunidad para cambiar el triste destino de esta ciudad alzada cerca del cielo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, resumen en cuatro las principales tareas del nuevo alcalde.

Estos desafíos son luchar contra la hasta ahora incontrolable corrupción edilicia, acabar con el endemoniado tráfico vehicular, sanear las finanzas de este municipio en bancarrota y abrir espacios de participación para la gente, sistemáticamente olvidada en las todas las gestiones.

Del Granado admite que las prioridades de su gestión serán éstas, así como atacar la burocracia municipal.

"Durante el primer año tenemos que llevar adelante la desburocratización y la racionalización del personal de la Alcaldía. Es parte del profundo reordenamiento y reestructuración que debemos hacer en el municipio paceño", asegura el futuro alcalde.

Otros habitantes de La Paz también le reclaman acciones para reconocer a La Paz como capital de la interculturalidad para, a partir de allí, diseñar un plan de desarrollo.

Pedro Susz, prestigioso crítico de cine y dirigente de movimientos culturales paceños, hizo con una propuesta en ese sentido referencia a la convivencia pacífica pero desunida y distante de varias culturas en La Paz.

En esta ciudad conviven desde las clases más privilegiadas hasta los emigrantes aymaras que llegan del altiplano en busca mejores condiciones de subsistencia en la ciudad y se quedan a vivir en sus cinturones de marginalidad.

"El gran reto es definir qué clase de ciudad queremos ser y cómo podemos ser esa clase de ciudad. Por eso es importante concertar con la sociedad civil un proyecto estratégico para el próximo milenio", dijo Susz.

Los vecinos de las laderas paceñas le encomiendan al futuro alcalde que atienda primero las necesidades básicas de los más olvidados antes de pensar en grandes obras que embellezcan la ciudad.

Oscar Cordero, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, afirmó que el nuevo alcalde "debe atender los servicios básicos de las zonas marginales, porque esos barrios necesitan vida, agua, luz y alcantarillado, y que sólo después de eso vengan las obras estrella".

Freddy Morales, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz, le pidió al futuro alcalde que no se olvide del ambiente.

"Hay que luchar contra la contaminación. Ese es un tema tabú. En nuestra ciudad no hay mediciones. El cielo paceño es tan azul y divino que el nuevo alcalde no debe dejar de prestar atención al tema ambiental", afirmó Morales.

En esas condiciones, La Paz ve con cierto optimismo su futuro. El acuerdo político que hará alcalde a Del Granado condiciona su elección al cumplimiento de cinco años de gestión sin cambios de mando, como venía ocurriendo hasta ahora en cada enero de cada año, lo que al menos garantizará la continuidad del trabajo.

En sus 3.600 metros de altitud, La Paz tiene un millón de habitantes. La Ley de Participación Popular dispone que la ciudad reciba anualmente del Estado 23,7 millones de dólares por concepto de coparticipación tributaria.

Al margen, la ciudad tiene ingresos propios por recaudaciones locales y gestiones directas de financiamiento con gobierno amigos y organismos internacionales. (FIN/IPS/ac/mj/ip/00

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