El fallo del Tribunal Superior de Londres, que hoy rechazó los recursos de Bélgica y seis ONG en el caso de Augusto Pinochet, hace insostenible la decisión del gobierno español de no apelar un eventual pronunciamiento contrario a la extradición del ex dictador chileno a España, aseguró el director de la acusación particular.
El abogado Joan Garcés destacó que el Tribunal Supremo de España ya tiene en estudio la petición de exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores que transmita a Londres la orden judicial española de recurrir la eventual decisión de negar la extradición de Pinochet.
El juez Maurice Kay, del Tribunal Superior de Londres, resolvió este lunes que Bélgica y seis organizaciones no gubernamentales (ONG) no tienen el derecho de apelar la prevista decisión del ministro del Interior británico Jack Straw de dejar en libertad a Pinochet. Bélgica ya apeló ese fallo.
Straw manifestó el 11 de este mes su "inclinación" a rechazar el pedido español de extradición del ex dictador, basándose en un informe médico que demostraría que la salud del acusado no le permite afrontar el juicio penal, pero negándose a facilitar ese documento médico a las partes.
El Reino de España no se sumó al recurso presentado por Bélgica y las ONG. El gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar renunció a hacerlo, en contra de la posición del juez instructor, Baltasar Garzón, y de los abogados de las víctimas de la dictadura chilena (1973-1989).
El argumento del gobierno español es que la apelación no tendría posibilidad de éxito, ya que la decisión de Straw, a la que califica de política, sería inapelable.
Garcés citó párrafos de la resolución dictada por Kay para señalar que ese juez "ha reafirmado hoy lo insostenible de la posición del gobierno de España".
Esa resolución afirma "de manera inequívoca y más allá de toda duda", que la pre-decisión de Straw del 11 de enero "no es un acto de gobierno, sometido al principio de oportunidad propio de una decisión de naturaleza política".
Por el contrario, según Garcés, esa pre-decisión y la definitiva que se anuncia como inminente, "están adoptadas en un marco de legalidad ordinaria, sometida a la revisión judicial".
Garcés presentó el viernes una querella contra el canciller español Abel Matutes, acusándolo de obstruir la acción de la justicia, por no cursar a Londres las instrucciones de Garzón y por ordenar a su embajador en Gran Bretaña que comunique la decisión del Reino de España de no apelar el esperado dictamen de Straw.
Matutes arguyó una y otra vez que esa apelación carecería de sentido, ya que no tendría posibilidad de ser admitida a trámite. Además, mencionó un acuerdo en tal sentido con el gobierno de Chile.
Pero el juez Kay observó en su dictamen de este lunes que el solicitante que pida permiso para una revisión judicial debe tener "un interés significativo en el asunto al que se refiere la solicitud", destacó Garcés.
Bélgica y las ONG que pidieron el permiso para la revisión judicial no son parte del juicio de extradición de Pinochet, que se sustancia en Londres y por ello no tienen "un interés significativo". En cambio, España es parte y por ello podría haber demostrado ese "interés significativo".
El embajador español en Londres comunicó a la Fiscalía Británica que "el Reino de España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el Ministro del Interior".
Después de citar la carta del embajador español, Kay sentenció que, en su opinión, "ni Amnistía Internacional y los otros grupos de derechos humanos, ni Bélgica, tienen base argumental para la revisión judicial y, en consecuencia, debo desestimar ambas peticiones".
Y terminó afirmando que si alguna de las solicitudes presentadas hubiera tenido "alguna posibilidad de éxito" no habría dicho que carecían de bases suficientes, a pesar de la solicitud en sentido contrario del abogado del Ministerio del Interior.
En conclusión, opinó Garcés, el gobierno español viola la legalidad y obstruye la acción de la justicia, al negarse a transmitir las instrucciones de Garzón a la Fiscalía británica.
Su esperanza, ahora, está en la resolución que deberá adoptar el Tribunal Supremo de España, al que pidió una medida cautelar al presentar su querella: que ordene a Matutes transmitir la decisión del juez instructor, para continuar el juicio de extradición. (FIN/IPS/td/ff/hd ip/00
