Un tribunal de Gran Bretaña tendría la última palabra después de que el ministro del Interior, Jack Straw, se pronuncie sobre la viabilidad de la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet a España, informó hoy el abogado de la acusación, Joan Garcés.
El juez español Baltasar Garzón, que procesa a Pinochet en Madrid por violaciones de derechos humanos, recibió una comunicación de Straw en tal sentido, dirigida a Amnistía Internacional, con copia a la defensa de Pinochet y a las autoridades de España, indicó Garcés.
En esa nota dice que "cualquier recurso contra su decisión corresponderá al Reino de España", lo que abre la posibilidad de que esa apelación se presente y el caso sea resuelto por la justicia británica.
A partir de esa comunicación, Garzón entregó este mismo miércoles en el Ministerio de Justicia de España, para su traslado al de Asuntos Exteriores, una ampliación del alegato presentado ante Straw este lunes "para evitar confusiones y lograr una interpretación completa y auténtica de mis alegaciones".
Garzón había anticipado el envío de esta nota a través de un fax a la Fiscalía británica, que representa en el caso al Poder Judicial español.
Straw había anunciado la semana pasada su propósito de negar la extradición a España de Pinochet por razones humanitarias, debido a su deteriorada salud.
El ex dictador (1973-1990) y actual senador vitalicio de 84 años no está en condiciones físicas de soportar un juicio en España, según habría establecido un equipo de médicos británicos a través de los exámenes en que Straw fundamentó su anuncio.
Pinochet, arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, podría regresar a Chile a fines de mes, en caso de que Straw desestimara los reparos a su anunciada decisión y de que no se interpusieran otras situaciones legales.
En su alegato, Garzón afirmó que, en caso de que la decisión de Straw fuera adversa a la solicitud de extradición, España deberá apelar ante el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales.
Garzón señaló que, a la vista de los elementos nuevos introducidos por Straw en la carta en la que responde a una presentación de Amnistía Internacional, España está obligada jurídicamente a apelar.
"Sería inexplicable que teniendo la razón legal se desistiera de agotar todas las instancias" para lograr la extradición, agregó.
Instar a que se revise ante la justicia una eventual decisión de Straw contraria a la extradición "es una obligación legal y éticamente irrenunciable", subrayó garzón.
Fuentes de la cancillería española dijeron a IPS que no habían recibido ninguna comunicación de Garzón este miércoles, y que el gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar reitera que no hará apelar la decisión de Straw, "sea la que sea".
En el escrito de Garzón se destacan otros dos elementos que, según el juez, deberán ser tomadas en cuenta por Straw antes de adoptar su decisión que, en caso de ser adversa al pedido de extradición, serían reiterados en la apelación.
El primero es que en ningún momento, desde que el 16 de octubre de 1998 fue detenido en Londres, Pinochet ni sus defensores solicitaron una revisión médica ni argumentaron motivos de salud del acusado para evitar el juicio.
El segundo se refiere a palabras de Straw, que atribuye a los médicos que realizaron el informe la afirmación de que Pinochet no estaría en condiciones de soportar un juicio, cuya duración él estima de entre 18 meses y tres años.
Garzón recordó que el 24 de mayo de 1999 informó a las autoridades judiciales competentes de Gran Bretaña que la instrucción del sumario en España, a su cargo, duraría aproximadamente cuatro meses, desde el momento en que fuera extraditado el ex dictador chileno.
La novedad producida este miércoles fue sintetizada por Garcés en dos puntos. El primero, que se deduce de la carta a Amnistía Internacional, es que la decisión de Straw puede ser legalmente apelada por cualquiera de las partes.
El segundo, que Straw afirma que la suya no será una decisión política, sino que tendrá carácter "cuasi judicial". El ministro, recordó Garcés, definió ese carácter en declaraciones ante la Cámara de los Comunes, "el lugar más solemne para los políticos británicos".
Si fuera una decisión puramente política, sin tomar en cuenta argumentos jurídicos, la decisión no sería apelable.
Pero al ser "cuasi judicial", es decir que Straw deberá fundamentarla jurídicamente, será apelable. Así lo reconoce en su carta a Amnistía Internacional al decir que una apelación "corresponderá al Reino de España".
La duda que se plantea, en el caso de negar Straw la extradición, es si dispondría la inmediata libertad de Pinochet, con lo que éste podría ser embarcado en un avión y conducido a Chile.
Garcés sostuvo que, si así ocurriera, carecería de sentido admitir una apelación pues "el fugitivo abandonaría el Reino Unido".
El problema corresponderá a la Fiscalía británica, que representa al poder judicial español, explicó el abogado. No obstante, manifestó que en España nunca se permitió que un acusado abandonara el país mientras se estuvieran tramitando apelaciones o recursos judiciales.
El gobierno español ha dicho una y otra vez que respeta y respetará la autonomía del Poder Judicial. También ha comunicado al gobierno de Chile que no apelará la decisión de Straw.
Ahora tiene nuevos elementos expuestos por Straw y Garzón, que cuestionan su decisión de no respaldar una apelación.
Lo más complicado para Aznar es que todo esto está transcurriendo en plena campaña electoral, ya que el lunes anunció la disolución del parlamento y la convocatoria de comicios generales para el 12 de marzo. (FIN/IPS/td/mj/hd ip/99
