El juez español Baltasar Garzón ejercerá el derecho de alegar en contra de la libertad del ex dictador chileno Augusto Pinochet, de acuerdo con la presentación que hizo hoy ante el magistrado el equipo director de la acusación particular y popular.
El ministro del Interior británico, Jack Straw, expresó este miércoles su "inclinación" a rechazar el pedido de extradición formulado por España, atendiendo a un informe médico que indicaría que el acusado no está en condiciones de asistir a un juicio.
Straw comunicó su intención a las partes y les dio un plazo que vence el martes 18 para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.
Los directores del equipo jurídico acusador, Joan Garcés y Manuel Murillo, impugnan la actuación de Straw por considerar que viola la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en virtud de la cual está siendo procesado Pinochet.
La principal objeción se centra en cómo se realizó el estudio médico del ex dictador y en la pretensión británica de ocultarlo a las partes, siguiendo en esto un pedido expreso del detenido.
En el comunicado del Ministerio del Interior británico, señalan Garcés y Murillo, se dice que existen informes médicos de tal importancia que lo lleva a decidir la interrupción de un procedimiento penal.
Sin embargo, añaden, ese Ministerio no ha facilitado tales pruebas a España, el estado parte requirente.
Y citan el artículo 9.1 de la Convención, que establece: "Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal (…), incluso el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder".
De acuerdo con las normas españolas de procedimiento -bajo la que está siendo procesado Pinochet- sólo el caso de enajenación mental posterior al delito lleva a la paralización temporal de una causa. "Y ello hasta que el procesado recobre la salud", puntualizan los dos abogados.
Por ello, "conocer el resultado de la revisión médica es imprescindible, ya que el Tribunal español ha de disponer de la información preceptiva para decidir si archiva el sumario (por demencia) o si debe seguir practicando diligencias allí donde se encuentra Pinochet en el futuro, para determinar su responsabilidad criminal".
Además, subrayan que el examen médico realizado en Londres contó con la presencia de dos especialistas designados por Pinochet, pero no de médicos propuestos por la autoridad judicial española y los representantes de las víctimas, que son parte en el sumario.
"Semejante proceder es contrario a los principios de imparcialidad que todo procedimiento, con repercusiones en el ámbito judicial, debe respetar, y atenta contra la esencia de la Convención contra la Tortura", finalizan.
Quien se manifestó de acuerdo con Straw es el abogado español de Pinochet, José María Stampa Braun, uno de los más prestigiosos de Madrid, quien se manifestó convencido desde el principio de que el pedido de extradición no prosperaría, por entender que existían motivaciones políticas.
El juez Garzón recibió a abogados personados en el sumario y no hizo declaraciones a la prensa ni habló del caso con terceros. Pero fuentes judiciales próximas al magistrado dijeron que se lo nota tranquilo y satisfecho, porque el procedimiento penal contra Pinochet ha sido un éxito.
Los Lores dictaminaron en Londres que correspondía la extradición, o sea de que debía responder por sus delitos, y si lo ponen en libertad no será por considerarlo inocente, sino con base en un informe médico y razones humanitarias, añadieron.
Garzón realizará sus alegaciones y deberá transmitirlas a Londres a través de la cancillería española, como establece el Código de Procedimientos.
La duda que existe es si el gobierno del centroderechista José María Aznar les dará curso o si se abstendrá de hacerlo por entender que ello iría en contra de su afirmación de este miércoles, de que "respetará la decisión del gobierno británico". (FIN/IPS/td/ag/ip-hd/00
