Organizaciones ecologistas protestaron hoy en Chile contra el gobierno de Eduardo Frei, quien autorizó el polémico proyecto hidroeléctrico Ralco, y exigieron que la decisión se postergue hasta que asuma el presidente electo Ricardo Lagos.
La Red Nacional Ecológica (Renace), integrada por 148 grupos ambientalistas, pidió a la Contraloría General de la República que no dé curso al decreto que esta semana aprobó la concesión eléctrica para la central.
Ralco, que se construye en el curso superior del río Bío-bio, el de mayor caudal de Chile, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, es hace cinco años el centro de un conflicto ecológico y ambiental.
El presidente Frei y su ministro de Economía, Jorge Leiva, autorizaron el lunes la concesión eléctrica para la obra que construye la compañía Endesa, controlada por la firma española del mismo nombre.
La concesión, otorgada a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, permite continuar los trabajos de la central, pese a recursos pendientes ante la justicia contra Endesa y la Corporación Nacional de Medio Ambiente (Conama).
Endesa-España tomó a comienzos de 1999 el control accionario de Enersis, el mayor consorcio de generación eléctrica del país, propietario a su vez de Endesa-Chile, antigua empresa estatal privatizada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
La construcción de Ralco es resistida por organizaciones ecologistas y grupos indígenas, ya que la construcción de su represa inundará tierras de unas 80 familias pehuenches, una rama de la etnia mapuche.
Frei otorgó la concesión eléctrica a Ralco cuando aún está pendiente en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) el conflicto por el traslado de unas 20 familias indígenas que se niegan a vender sus tierras a Endesa.
El presidente Frei, cuyo mandato finaliza el 11 de marzo, ha respaldado decididamente los planes de Endesa en el Alto Bío-bio, que prevén la probable construcción de cinco centrales, de las cuales Ralco es la segunda.
El mandatario inauguró el 6 de marzo de 1997 la primera central, Pangue, cuya represa, de 175 millones de metros cúbicos de agua, es siete veces menor al del embalse proyectado en Ralco, con una capacidad de 1.220 millones de metros cúbicos.
El Banco Mundial, que otorgó financiamiento para Pangue, interrumpió en 1997 sus relaciones con Endesa, luego de informes de expertos que comprobaron un incumplimiento de los compromisos sociales y ambientales que había asumido la empresa.
Renace, el Grupo de Acción por el Bío-bio (GABB) y otras organizaciones ambientalistas acusan al gobierno de Frei y a Endesa de llevar a cabo, con el proyecto Ralco, un etnocidio, al destruir el ancestral hábitat natural y cultural de los pehuenches.
Sostienen, del mismo modo, que la central representa un ecocidio, ya que destruiría un ecosistema fluvial cordillerano de características únicas en el mundo, tanto por su entorno paisajístico como por su flora y fauna.
Renace, el GABB y el Instituto de Ecología Política (IEP) dijeron este jueves que el otorgamiento de la concesión eléctrica es improcedente, en tanto Endesa no posee ni los derechos de agua ni la propiedad total de las tierras para construir Ralco.
"La determinación tuvo un objetivo claramente político, pues se adoptó a menos de dos meses de concluir el período del presidente Frei para dejar zanjado el tema de Ralco antes de iniciarse el mandato del presidente electo Ricardo Lagos", agregaron.
De acuerdo con un informe elaborado por Renace, el proyecto Ralco no sólo presenta irregularidades legales, sino que además no se justifica ni ténica ni financieramente desde el punto de vista de las necesidades energéticas del país.
Los 570 megawatts de electricidad que necesita Chile según la demanda proyectada, y que el gobierno insiste en satisfacer con Ralco, pueden cubrirse con un "discreto" plan de ahorro y otro tipo de centrales, según Renace.
Entre las alternativas existentes, la organización ecologista mencionó plantas de ciclo combinado a gas natural, que se importa desde Argentina, o centrales hidroeléctricas de paso (sin embalses) de bajo impacto ambiental.
Ralco es "un buen negocio para Endesa y un pésimo negocio para los chilenos", sostuvo Renace, ya que los 400 a 600 millones de dólares que costará la central serán recuperados por la empresa mediante alzas en las tarifas del servicio eléctrico.
Los ecologistas solicitaron que sea Lagos quien resuelva fundadamente el futuro de Ralco, ya que no es justo que el nuevo gobierno asuma el "costo político de ser ejecutor obligado de los errores aceptados por su predecesor".
Lagos y Frei pertenecen a la misma coalición política, la Concertación por la Democracia, si bien el mandatario electo es socialista —al igual que el ministro Leiva— y el presidente saliente demócrata cristiano.
Frei está respaldando "erróneamente e impositivamente" el proyecto Ralco, afirmó Renace, en una declaración en que recordó la profesión de ingeniero civil especializado en hidraúlica del actual presidente chileno. (FIN/IPS/ggr/mj/en ip/00
