Un acuerdo entre los gobiernos de Chile, España y Gran Bretaña hace muy posible un pronto retorno del ex dictador chileno Augusto Pinochet a su país, según se desprende de declaraciones oficiales realizadas hoy en Londres y en la capital española.
Un representante legal del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, expuso en Londres las razones de éste para decidir la probable liberación de Pinochet, y en Madrid, la cancillería española confirmó que no apelará esa decisión, que aún no ha sido concretada.
Pinochet está detenido en la capital británica desde el 16 de octubre de 1998, por pedido del juez español Baltasar Garzón, que pretende someterlo a proceso penal por delitos de tortura de prisioneros mientras gobernó Chile (1973-1989).
Straw, atendiendo un pedido del gobierno chileno, ordenó un examen de salud del detenido y, basándose en el informe de los médicos, que mantiene en secreto, manifestó "estar inclinado" a suspender el juicio de extradición, liberar a Pinochet y permitirle que regrese a Chile.
Contra esa decisión se puede recurrir judicialmente ante el Alto Tribunal de Londres, según han señalado el mismo Straw, la Fiscalía británica, el juez Garzón y los abogados de la acusación particular.
A pesar de ello, el gobierno español dio instrucciones a la Fiscalía británica -que en este caso representa al Reino de España- para que se abstenga de recurrir la eventual medida de Straw.
No obstante, Bélgica y Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones no gubernamentales presentaron un recurso de apelación en Londres, para impedir la liberación de Pinochet. El juez William Cage, del Alto Tribunal de Justicia, comenzó este miércoles a considerar la presentación.
El abogado que representa a Straw utilizó como principal argumento para rechazar apelaciones la tajante instrucción del gobierno español a la Fiscalía británica para que no haga uso de ese recurso.
Si España, el único país que podría apelar, ya ha decidido que no lo hará, carece de sentido resolver que puede haber lugar a la apelación, señaló el abogado. En la misma sala estaba presente un representante de la Fiscalía, pero sólo como oyente, debido a las instrucciones de Madrid.
Por su parte, el presidente del gobierno español, José María Aznar, reiteró en rueda de prensa que "España trabajará activamente para que nada perturbe en lo más mínimo" sus relaciones con Chile.
El comunicado de la cancillería afirma que el gobierno español "no ha prohibido nada a la Fiscalía británica. Se ha limitado a reiterar formalmente su decisión de no recurrir" la resolución que finalmente tome Straw.
La decisión de interrumpir el proceso de extradición o de continuarlo, añade, "corresponde exclusivamente al Ministro del Interior británico. Por esa razón, España se ha comprometido a respetarla, sea cual sea".
El gobierno español, prosigue, explicó varias veces que no recurriría esa decisión y "se ha comprometido a ello con Chile, que no entendería cualquier otra postura, que afectaría gravemente y de manera muy negativa a nuestras relaciones exteriores".
El juez Garzón reiteró el lunes a la Fiscalía británica que deberá recurrir la resolución de Straw. Pero la Fiscalía actúa en nombre del Reino de España y por ello es sumamente improbable que lo haga contra una instrucción precisa de la cancillería española.
El juez Cage seguirá tomando declaraciones este jueves, y a partir del viernes se espera su dictamen. De respaldar la posición de Straw, éste daría inmediatamente la orden de liberar a Pinochet, de permitir su regreso a Chile y de cerrar el proceso de extradición.
De admitirse la apelación de las organizaciones humanitarias o de Bélgica, algo también improbable porque no son parte en el juicio de extradición, Pinochet debería ser sometido a un nuevo examen médico, en presencia de especialistas en psiquiatría y de forenses. (FIN/IPS/td/ff/ip hd/00
