Las autoridades de Burundi declararon que terminó el problema del cólera en los campamentos de la región occidental de Bujumbura Rurale, que albergan a 350.000 civiles hutus desplazados por la guerra civil, pero las condiciones sanitarias allí aún son muy malas.
Según el director médico de esa región, Didace Mbaririmbanyi, los 136 casos de cólera tratados desde el 20 de noviembre hasta fin de año sólo causaron cinco muertes, y a fin de diciembre había sólo un paciente en el centro de tratamiento de Kabezi, 25 kilómetros al sur de la capital.
"Tratamos a las personas que vienen aquí y vuelven curadas a sus casas. No hay epidemia", aseguró.
Los casos de cólera en Kabezi pueden haber sido pocos, pero cada día acuden a ese centro de salud cientos de pacientes, incluyendo a ancianas con problemas respiratorios y niños con graves síntomas de desnutrición.
Hay poco personal médico calificado para atender a esos pacientes, pero los funcionarios de salud dijeron que se están realizando intensas campañas sanitarias en campamentos como el de Kabezi, para asegurar que los problemas se mantengan bajo control.
"Sensibilización y educación, de eso se trata", dijo Mbabirimbanyi.
El gobierno niega acusaciones de que dejó que 350.000 personas reagrupadas en Bujumbura Rurale "se pudrieran allí", pese a fuertes críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Unidad Africana, la Unión Europea, el Departamento de Estado estadounidense y gran parte de la opinión pública local.
Las autoridades declararon que buscaron cooperación de organizaciones de ayuda para mejorar las condiciones de vida en los campamentos.
"La tarea no es agradable, pero intentamos minimizar los inconvenientes causados a las personas que trasladamos. Sabemos qué hay que hacer y lo estamos haciendo. De hecho, algunos de los campamentos se han transformado en aldeas", dijo un alto funcionario a IPS.
En Ruziba, 10 kilómetros al norte de Kabezi, trabajadores de agencias de ayuda supervisan un complejo programa de saneamiento, agregando cloro al agua proveniente del lago Tanganyika y desinfectando letrinas.
La mayoría de las organizaciones de ayuda se oponen a la política de reagrupamiento de los desplazados en campamentos.
La organización Médicos sin Fronteras (MSF), ganadora del premio Nobel de la Paz este año, suspendió su intervención en los campamentos el 18 de noviembre con el argumento de que "tenía poco impacto en la mejora de las condiciones de vida de los reagrupados".
"La forma en que se realiza el reagrupamiento priva a la gente de sus derechos fundamentales y se opone totalmente a los principios de MSF", afirmaron representantes de la organización, que ha sido criticada con dureza por el gobierno.
Otras organizaciones no gubernamentales (ONG) como Care International y Catholic Relief Services siguen participando activamente en operaciones de ayuda y brindan alimentos, medicinas y frazadas, pero mantienen importantes objeciones a la política de las autoridades.
"Hacemos lo que podemos, pero es una gota en el océano", dijo a IPS un alto funcionario de una de las agencias de ayuda, quien señaló que hay continuos problemas de seguridad y de acceso a los campamentos.
Integrantes de las ONG señalaron que hubo una serie de visitas ministeriales a sitios supuestamente "inaccesibles", cubiertas por la televisión, para probar que el gobierno estaba dispuesto a ir a lugares en los cuales las organizaciones de ayuda no se atrevían a llegar.
El ministro de Relaciones Exteriores, Severin Ntahomvukiye, fue acusado de ser innecesariamente duro con las ONG.
Un extenso artículo de la estatal Agencia de Prensa de Burundi publicado a comienzos de diciembre criticó a las ONG acusándolas de "actuar como si estuvieran en un país conquistado" y de emplear a personal extranjero poco calificado.
Funcionarios de las agencias de ayuda dijeron que la situación podría mejorar si la ONU cambiara la calificación de Burundi como un país "Fase Cuatro" en términos de seguridad, lo cual indica importantes riesgos.
Esa calificación fue impuesta en octubre, tras el asesinato de dos funcionarios del foro mundial durante una operación de ayuda en la región meridional de Rutana.
La ONU está negociando un nuevo protocolo de seguridad con el gobierno y el país podría ser recalificado si la situación mejora.
El coronel Longin Minani, portavoz militar del gobierno, dijo a IPS que la calificación de la ONU es del todo inadecuada. "No hay ninguna parte de este país que no sea segura. La calificación 'Fase Cuatro' es un castigo para todos los habitantes de Burundi", aseguró.
Minani se negó a manejar un plazo para el desmantelamiento de los campamentos y dijo que "cuando se trata de personas, debemos tomar el tiempo que sea necesario".
El gobierno había afirmado antes que la política de reagrupamiento duraría sólo algunos meses, asegurando que sería similar a otras campañas de reubicación de personas en diferentes partes del país que consideraba muy exitosas.
Esa opinión no fue compartida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual advirtió que los campamentos "no sólo son un campo fértil para la enfermedad y la muerte, sino también para el resentimiento a largo plazo".
Sylvestre Ntibantunganya, ex presidente de Burundi, expresó una opinión similar y dijo que el reagrupamiento era "genocidio por otros medios".
La fracción Ntibantunganya del Frente para la Democracia (Frodebu), formado en su mayor parte por integrantes de la etnia hutu, se opone al reagrupamiento, afirma que los campamentos son "campos de concentración" y advierte que las personas a las cuales se niega el acceso a sus campos se empobrecerán.
Una fracción rival del Frodebu liderada por Augustin Nzojibwami respalda el reagrupamiento. Nzojibwami dijo a IPS que estuvo preso por criticar campañas de reagrupamiento anteriores, pero que esta vez apoya al gobierno. "Era necesario que sacaran a los civiles del campo de batalla", arguyó.
La ola de críticas desde dentro y fuera del país no trajo ningún cambio. Funcionarios del gobierno siguen afirmando que los campamentos fueron establecidos para proteger a los civiles y permitir que los militares combatieran mejor a los rebeldes.
"Los rebeldes se ven como cualquier otra persona. Se mezclan con la población y se aprovechan de ella. El reagrupamiento debe evaluarse en el contexto de lo que los rebeldes estaban haciendo, sus ataques a Bujumbura y la manera en que se ocultaban. Teníamos que poner fin a eso", dijo un alto funcionario a IPS.
Las autoridades aseguran que la política de reagrupamiento tiene el apoyo de la población involucrada, pero esa afirmación no tiene mucho fundamento.
En Ruziba, un maestro que fue trasladado al campamento habló con resentimiento de los sacrificios que su situación implica. "Comemos, con suerte, una vez al día. Hasta se prohíbe pescar en el lago Tanganyika. Se supone que podemos entrar y salir del campamento, pero los soldados no lo permiten", declaró.
El maestro negó que la seguridad haya mejorado. "Siempre hay enfrentamientos con armas. Los rebeldes no se fueron y la gente todavía queda atrapada en el fuego cruzado", señaló.
La minoría de la etnia tutsi de Burundi ha estado en el poder de modo casi ininterrumpido desde la independencia, en 1962, y el conflicto se intensificó en 1993, luego del asesinato de Melchior Ndadaye, el primer presidente hutu del país.
Desde entonces, más de 150.000 personas murieron en el conflicto, según agencias de ayuda humanitaria. (FIN/IPS/tra- en/cs/mn/at/mp/hd ip/99
