Brasil dispondrá de 35 a 40 millones de teléfonos móviles al final del 2002, diez veces la cantidad existente cuando comenzó la privatización del servicio en 1997, previó hoy el ministro de Comunicaciones, Joao Pimenta da Veiga.
Un aumento de 94 por ciento el año pasado elevó el total de esos teléfonos a 14,35 millones, según la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que controla el cumplimiento de normas y metas del sector.
Ese total supera en 20 por ciento la meta fijada para la telefonía celular para 1999, en el programa definido antes de la privatización de la actividad.
En este año se prevé una expansión menos explosiva, pero las empresas esperan la implantación de siete a nueve millones de nuevos teléfonos móviles en el país.
Una vez atendida la demanda pendiente, la oferta adicional y la competencia entre las varias operadoras permitirán reducir más aún los precios del servicio, ampliando su acceso a las capas más pobres, evaluó el ministro, en una ponencia ante la Comisión de Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados.
El teléfono celular ya bajó de precio el año pasado, llegando a costar el equivalente a 110 dólares en su modelo más sencillo y haciéndose accesible a sectores de bajos ingresos, como las empleadas domésticas.
El sistema prepagado, por el cual el usuario adquire tarjetas para habilitar su teléfono a hacer una cantidad limitada de llamadas, obtuvo un éxito inesperado, representando más de 80 por ciento de las ventas en los últimos meses para varias operadoras.
"Ese teléfono me permitió aumentar mucho mis ingresos y casi no me cuesta, porque sólo recibo llamadas, hago muy pocas", señaló el taxista Alberto Pereira, en una situación que se aplica también a los vendedores callejeros y prestadores de pequeños servicios existentes en Brasil, que no disponen de oficina.
Además, permite prever y controlar los gastos en telecomunicaciones, explican sus usuarios.
Para las empresas telefónicas, la ventaja consiste en reducir gastos administrativos, ya que no hay contratos ni cobros, tampoco el problema de la insolvencia.
Pero estas facilidades representan también la ausencia de control y el anonimato de los usuarios. Ese tipo de teléfono se reveló así un instrumento ideal para la delincuencia.
En consecuencia, el gobierno del estado de Río de Janeiro aprobó una ley exigiendo el registro de todos los usuarios de teléfonos móviles con el objetivo de evitar su empleo por el crimen organizado, uno de los graves problemas locales.
Las dos operadoras que sirven al estado argumentaron que era muy difícil hacer el catastro de los que adquirieron sus teléfonos anteriormente, porque depende de que respondan a un llamado al registro.
El ministro de Comunicaciones previó el cuestionamiento jurídico de la ley de Río de Janeiro, porque los estados no pueden legislar sobre telecomunicaciones, una materia que es competencia del gobierno y del Congreso nacionales.
Brasil, que tenía uno de los menores índices de teléfonos instalados en América del Sur hace cuatro años, diez para cada cien habitantes, modificó ese cuadro con la telefonía celular y la privatización del sector.
También los teléfonos fijos aumentaron en más de cinco millones de terminales el año pasado, superando los 26 millones. La meta en el programa puesto en marcha con la privatización realizada en julio de 1998 es de 40 millones al final del 2003.
El gobierno y las empresas operadoras o productoras de equipos esperan que se mantenga un fuerte crecimiento sectorial en el futuro inmediato. Pese al avance de los últimos años, Brasil presenta un gran rezago en relación a los países industrializados.
Con 16 teléfonos fijos y nueve móviles por cada cien habitantes, Brasil también es superado por Argentina, con 21 y 13 respectivamente. (FIN/IPS/mo/ag/cr/00
