La virtual aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal otorga a Brasil un instrumento para evitar desequilibrios en las cuentas públicas y gastos efectuados por los gobernantes para captar votos.
El proyecto, aprobado el martes por la Cámara de Diputados por 385 votos contra 86, debe tramitarse ahora en el Senado, donde se prevé una tranquila y rápida ratificación, por el seguro apoyo que cuentan las iniciativas oficiales en ese cuerpo legislativo.
La nueva legislación impone límites al endeudamiento de los gobiernos y al dinero que se asigna a los funcionarios, que no pueden exceder 50 por ciento de la recaudación en la administración nacional ni 60 por ciento en las estaduales y municipales.
Además, exige prestación transparente de cuentas a la población y a los tribunales de cuentas, así como metas fiscales claras en los presupuestos.
La aplastante mayoría en la Cámara fue inesperada, porque los alcaldes ejercieron fuerte presión sobre sus partidarios para aplazar la vigencia de la nueva ley, con el argumento de que necesitan un periodo de transición de dos años para adaptarse a las nuevas reglas.
El reclamo no obtuvo éxito ante la sospecha, respaldada por la tradición política, de que los alcaldes pretenden libertad para gastar en exceso con el fin de mejorar sus posibilidades de reelección en los comicios municipales de octubre.
Pero unos 150 diputados de todos los partidos son candidatos a gobernar sus municipios, y, por eso, trataron de neutralizar a sus futuros adversarios.
Algunos consideran indispensable la imposición de mecanismos para impedir abusos desde que se permitió en 1998 la reelección de autoridades ejecutivas. De lo contrario, los alcaldes asumirían muchas deudas para ejecutar obras y contratar nuevos funcionarios, según Airton Xerez, candidato en Río de Janeiro.
El presidente Fernando Henrique Cardoso defendió ante el público la aprobación de la ley, a la que consideró "una responsabilidad moral".
El objetivo de Cardoso es contener los gastos municipales y estaduales con el fin de cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional para este año y el próximo.
Pero habrá resistencias. La aplicación de la ley exigirá despidos masivos, especialmente en las grandes ciudades. Para evitarlo, los municipios cuestionarán su constitucionalidad ante la justicia, advirtió el presidente del Frente Nacional de Alcaldes, Celio de Castro.
El proyecto aprobado por los diputados viola la autonomía municipal en su gestión fiscal, argumentó Castro, desde 1997 alcalde socialista de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, quien pugnará por la reelección.
Otro gobernante de la oposición, Raul Pont, de Porto Alegre, capital estadual de Río Grande do Sul, anunció que se rebelará, pues mantendrá gastos salariales superiores al límite fijado, hasta alcanzar 65 por ciento de los ingresos fiscales.
El municipio obtuvo superávit en sus cuentas primarias el año pasado y no tiene motivo para despedir funcionarios o reducir sus salarios, señaló Pont, del Partido de los Trabajadores (PT).
Los diputados del PT votaron contra la ley porque la iniciativa prioriza los compromisos financieros frente a los sociales. Impone la obligación de pagar los intereses de la deuda en lugar de salvar hambrientos o enfermos, argumentó José Genoíno, dirigente del ala moderada del partido.
Además de su votación en el Senado, la Ley de Responsabilidad Fiscal depende, para su mayor eficacia, de la aprobación de otro proyecto que defina los delitos y las penas en esa área.
Sin eso, las sanciones se limitarán a medidas administrativas del poder central, como multas, retención de recursos a ser transferidos a estados y municipios y restricciones a nuevos financiamientos oficiales o con aval del Tesoro Nacional. (FIN/IPS/mo/mj/ip/00