El gobierno de Brasil aprovechará el debilitamiento de los sindicatos para intentar este año una flexibilización de las leyes laborales antes inimaginable.
El ministro del Trabajo, Francisco Dornelles, anunció que propondrá pronto enmiendas constitucionales que revocarían garantías conquistadas a lo largo del siglo al decimotercer salario, vacaciones anuales, aviso previo de un mes antes del despido, seguro de desempleo y el fondo por tiempo de servicio.
Estos derechos dejarían de ser asegurados por la Constitución, pasando a ser negociables entre los sindicatos de trabajadores y las organizaciones patronales.
El objetivo no procura anular conquistas laborales sino ampliar el poder sindical, y el proyecto sólo será enviado al Congreso luego de lograrse un consenso entre los trabajadores, buscó tranquilizar el ministro.
La idea consiste en flexibilizar las relaciones, haciendo que los acuerdos negociados entre sindicatos y patrones se sobrepongan a la legislación, indicó el presidente Fernando Henrique Cardoso, al anunciar el martes la sanción de medidas que facilitan la solución de disputas laborales.
Para los sindicatos y partidos opositores, sin embargo, el objetivo es exactamente anular derechos adquiridos y promover un retroceso en las leyes laborales, ya rechazado en debates anteriores.
La oposición fue manifestada ahora por Luiz Antonio Medeiros, ex presidente de la central Fuerza Sindical y actual diputado del conservador Partido del Frente Liberal, conocido por sus posiciones favorables al gobierno.
La propuesta del gobierno es negativa y no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Congreso, especialmente en este año en que habrá elecciones municipales en octubre, señaló Medeiros, quien aseguró que los parlamentarios se negarán a aprobar medidas que le quitan derechos a los trabajadores.
Otra enmienda anunciada, que establece reglas distintas para las relaciones laborales de las pequeñas y microempresas, también enfrenta resistencias. Esa separación puede representar la pérdida de beneficios adquiridos tras duras luchas, según el presidente de Fuerza Sindical, Paulo Pereira da Silva.
La propuesta suprime derechos asegurados por la Constitución, criticó también la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo.
Esta nueva ofensiva por la flexibilización, bajo el argumento de que la evolución y la globalización económica la exige, aprovecha la actual debilidad de los sindicatos, debido principalmente a la reducción del número de trabajadores legalmente contratados.
El total de empleados del mercado formal en Brasil, es decir con contratos regulares, bajó de 25,5 millones en 1989 a 22,3 millones en 1998, según datos del Ministerio del Trabajo. Esto representa sólo 30 por ciento de la población económicamente activa.
Una cantidad mayor se encuentra en el mercado informal de trabajo, por tanto sin los derechos constitucionales ni seguridad social.
En estas condiciones, los sindicatos negociarán en total desventaja con las empresas, en la condición de "corderos ante el lobo", observó Medeiros.
El gobierno argumenta, por su parte, que es necesario flexibilizar las leyes precisamente para permitir que más trabajadores ingresen en la economía formal, que las empresas acepten legalizar su situación, al bajar los costos de contratación.
Además, la legislación laboral brasileña estimula el conflicto, en lugar de la negociación por eso la justicia del trabajo recibe anualmente más de dos millones de acciones, destacó José Pastore, profesor de la Universidad de Sao Paulo y experto en el tema.
Para combatir esa tendencia, el Congreso aprobó en diciembre, con apoyo de las centrales sindicales, dos proyectos de ley para la solución más rápida de las diferencias y que serán sancionados por Cardoso el 12 de enero.
Una de las nuevas leyes define el procedimiento "sumarísimo", estableciendo una sola instancia para las acciones limitadas a 40 salarios mínimos (cerca de 3.000 dólares). Esto podría reducir a un mes el plazo de solución final, que en la actualidad se demora hasta cinco años.
La medida contempla a 80 por ciento de los procesos en la justica laboral, según Pereira da Silva, pero la Central Unica de Trabajadores, la mayor de Brasil, pretendía una suma más elevada como límite, para ampliar su alcance.
La otra ley crea las "comisiones de conciliación previa", constituidas en cada empresa por representantes de trabajadores, sindicatos y patrones, para dirimir los conflictos sin intervención de la justicia. (FIN/IPS/mo/ag/ip-lb/00
