Una batalla política que se repite cada año hasta el 1 de mayo decidirá en Brasil la corrección de uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, actualmente en 136 reales (74 dólares).
El principal aliado del presidente Fernando Henrique Cardoso, el titular del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, desató la antigua polémica este año, al reclamar un fuerte aumento del menor sueldo legal del país y de la remuneración de los funcionarios públicos, que lleva cinco años sin ajuste.
Es "envilecedor" el nivel salarial en Brasil en la actualidad, criticó el senador, que desde el año pasado abandonó las posiciones conservadoras de su Partido del Frente Liberal, para defender un programa de combate contra la pobreza.
El presidente Cardoso respondió, a través de su portavoz Georges Lamazière, que aumentos salariales solo serán posibles si el Congreso Nacional descubre fuentes de ingresos que permitan pagarlos sin incrementar el déficit fiscal.
El salario mínimo es corregido anualmente el 1 de mayo. El gobierno se limitó en los últimos años a ajustarlo en la misma proporción de la inflación acumulada en los doce meses anteriores, es decir sin conceder ningún aumento real.
Al ser elegido presidente en 1994, Cardoso prometió doblar el poder de compra efectivo de los salarios durante sus primeros cuatro años de administración. Su valor en dólares, sin embargo, retrocedió al nivel de cinco años atrás, después de la devaluación del real en enero de 1999.
Las centrales sindicales sostienen que el salario mínimo legal debería ser multiplicado por siete para cumplir el objetivo con que fue creado hace seis décadas, que es permitir a una familia de cuatro personas disponer de lo indispensable en alimentos, vivienda, transporte, educación, asistencia médica y esparcimiento.
Todos reconocen que elevarlo contribuiría a reducir las desigualdades sociales, que las de este país son las mayores del mundo. Es un argumento de la oposición política, que todos los años alza su voz en defensa de un aumento, ahora con el apoyo de su enemigo histórico, el senador Magalhaes.
Pero la medida enfrenta obstáculos fiscales hasta ahora insalvables.
Unos 12 millones, sobre un total de 18 millones de jubilados y pensionistas del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), reciben exactamente un salario mínimo al mes, por disposición constitucional.
El déficit del INSS, estimado en 9.800 millones de reales (5.300 millones de dólares) el año pasado, es uno de los problemas fiscales que el gobierno trata de superar, a través de una reforma del sistema de previsión social en discusión parlamentaria y judicial desde 1995.
Cada real de aumento en el piso salarial eleva en por lo menos 150 millones de reales (81,5 millones de dólares) el déficit anual del INSS, que responde por los beneficios previsionales de trabajadores del sector privado, señala un estudio del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada.
El próximo 1 de mayo, solo para acompañar la inflación anual, el aumento debe ser de por lo menos 12 reales (6,50 dólares al tipo de cambio actual).
El problema es más grave en el sector público, donde el déficit previsional es el triple, aunque atienda a poco más de tres millones de funcionarios.
El salario mínimo es la remuneración de 400.000 de los cerca de 3,3 millones de funcionarios municipales del país. Su elevación por encima de la inflación amenazaría con la quiebra a las numerosas alcaldías concentradas en el norte y noreste, las regiones más pobres de Brasil.
Otro argumento del gobierno, para contrarrestar las presiones por un aumento sustancial, es que la mayoría de los trabajadores brasileños se encuentran hoy en el sector informal o directamente no son asalariados, excluidos por tanto de los beneficios de una medida legal. (FIN/IPS/mo/dm/ip if/00
