El gobierno de Estados Unidos pidió al Congreso que otorgue a Colombia 1.300 millones de dólares en los próximos dos años en ayuda principalmente militar para reforzar la lucha de Bogotá contra narcotraficantes y guerrilleros de izquierda.
La asistencia convertiría a Colombia en el mayor receptor de ayuda militar estadounidense fuera de Medio Oriente. La mayor parte del dinero se entregaría en el primer año.
Se espera que organizaciones de derechos humanos, preocupadas por los estrechos lazos del ejército colombiano con grupos paramilitares de derecha, se opongan al componente militar del paquete, que incluye más de 60 helicópteros de combate.
Legisladores del opositor Partido Republicano sostienen que los helicópteros son necesarios para combatir al narcotráfico, especialmente en las remotas provincias australes de Colombia, que tienen importantes plantaciones de coca, el ingrediente principal de la cocaína.
La zona también concentra al mayor grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encuentra en un proceso de negociaciones con el presidente Andrés Pastrana. Washington acusó a las FARC de lucrar con el narcotráfico y la producción de coca al gravar esas actividades.
"La ayuda militar… no logrará los objetivos antinarcóticos que pretende Estados Unidos y amenaza con implicar directamente (a Washington) en las brutales campañas contrainsurgentes y agravar el conflicto más grave de América Latina", advirtió Winifrid Tate, de la Oficina de Washington sobre América Latina, un grupo de derechos humanos con respaldo religioso.
Pero al anunciar el paquete el martes, el presidente Bill Clinton pretendió acallar las voces de republicanos que aseguraban que el gobierno no dio el apoyo que los militares colombianos necesitan para contener la amenaza "narcoguerrillera".
De hecho, la mayoría de los republicanos, que pretenden desde hace dos años que el gobierno aumente la ayuda militar a Colombia, elogiaron el anuncio.
La propuesta de Clinton supera a otra presentada por la oposición que pedía aumentar la ayuda a Bogotá de 300 millones de dólares en 1999 a 1.600 millones en los próximos tres años.
Los 1.300 millones de dólares pedidos por Clinton se sumarían a 300 millones ya aprobados por el Congreso para este año, que consisten en su mayoría en ayuda militar y policial.
El paquete actual consiste en 600 millones para equipar, transportar y brindar apoyo de inteligencia a tres batallones antinarcóticos colombianos entrenados en Estados Unidos.
Así mismo, 341 millones de dólares se destinarán a operaciones antinarcóticos de la Armada y la Fuerza Aérea colombianas, y 96 millones a la policía.
Washington también otorgará 145 millones de dólares en asistencia al desarrollo, principalmente para la producción de cultivos alternativos en las regiones productoras de coca y opiáceos, y 93 millones de dólares para instituir reformas judiciales y apoyar las negociaciones del gobierno con la guerrilla.
La distribución del dinero refleja las prioridades del "zar de las drogas" de Clinton, el general retirado Barry McCaffrey que, aunque insiste que apoya las iniciativas de paz de Pastrana, exigía más dinero para los militares colombianos, asediados por las FARC y dos grupos guerrilleros menores.
A mediados de los años 90, Washington le negó ayuda al ejército debido a sus pésimos antecedentes en derechos humanos y a la complicidad de varios oficiales en el narcotráfico.
Pero esa actitud cambió cuando los guerrilleros comenzaron a ampliar su control sobre 40 por ciento del territorio del país. Durante el mismo período, se calcula que la cantidad de cocaína y de heroína importada en Estados Unidos se habría triplicado.
Los republicanos insisten que los guerrilleros están involucrados en el narcotráfico, y que todo esfuerzo por combatir a las drogas en Colombia debe pasar por la contrainsurgencia.
Pero otros analistas, incluso del Departamento de Estado (cancillería), el Consejo de Seguridad Nacional y el sector de la inteligencia, insisten que los guerrilleros se limitan a gravar el narcotráfico, como hacen con cualquier otra actividad bajo su control.
Aseguran que Washington no debe apoyar una campaña contrainsurgente.
Al anunciar el paquete, Clinton afirmó que la ayuda tiene el fin de "mantener las drogas ilegales fuera de nuestras costas", pero muchos en el gobierno reconocen públicamente que la ayuda militar seguramente se usará también con fines contrainsurgentes.
En marzo, la política de Washington comenzó a cambiar cuando brindó ayuda de inteligencia al ejército colombiano sobre las instalaciones de la guerrilla en zonas de producción y tráfico de drogas.
"Aunque presuntamente tiene un fin antinarcótico, la ayuda propuesta aumentará mucho el compromiso financiero estadounidense con el ejército de Colombia, y… ampliará la participación de Estados Unidos…en el conflicto" contra la guerrilla, advirtió Lisa Haugaard, del Grupo de Trabajo de América Latina, una alianza de grupos de derechos humanos y religiosos.
Así mismo, la ayuda militar podría sabotear las negociaciones de paz, dijo Adam Isacson, del Centro de Política Internacional, con sede en Washington.
"Con la inyección de cientos de millones de dólares de ayuda a los militares se corre el riesgo de debilitar el proceso al radicalizar a los elementos contrarios a la paz en ambos bandos", previno, y recordó que tanto en el gobierno como en las FARC hay profundas divisiones internas sobre el proceso de paz.
La ayuda tampoco toma en cuenta la amenaza de los paramilitares que, según la mayoría de los grupos de derechos humanos, serían responsables de al menos 70 por ciento de la violencia en Colombia contra la población civil, incluso de decenas de masacres.
Pastrana destituyó a algunos oficiales vinculados a los paramilitares, pero el problema del apoyo del ejército a esos grupos de derecha sigue en pie.
"La cooperación entre unidades del ejército y los paramilitares siguió siendo un lugar común" en 1999, según un informe de la organización Human Rights Watch, publicado en diciembre. (FIN/IPS/tra-en/jl/cr/aq/ip/00
