El gobierno de Venezuela admitió el miércoles 19 la posibilidad de violaciones de los derechos humanos en la zona devastada por la catástrofe natural, y solicitó a la Organización de Estados Amevestigar.
En una carta dirigida al secretario general de la OEA, César Gaviria, el gobierno de Venezuela invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constatar el apego de este país a las normas "tanto nacionales como internacionales".
"No tendría nada de extraño que hubiera habido violaciones a los derechos humanos", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, en la primera declaración oficial del gobierno admitiendo esa posibilidad.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos y varios artículos de prensa denunciaron que hubo ejecuciones extrajudiciales en el costero estado Vargas, 40 kilómetros al norte de Caracas, que fue arrasado por el peor desastre natural en la historia de Venezuela el 16 de diciembre.
Las víctimas de esas presuntas ejecuciones, atribuidas a cuerpos de seguridad estatales o militares, habrían sido saqueadores e incluso violadores que agedia.
El presidente Hugo Chávez dudó públicamente de las denuncias, cuestionó las intenciones de las ONG y exigió a periodistas que revelaran sus fuentes, lo que fue considerado como "precedente negativo" por organizaciones de derechos humanos.
Rangel, considerado principal portavoz político del gobierno, pareció rectificar al mandatario en su declaración oficial de este miércoles, al reconocer que "sin denuncia no hay democracia" y plantear que las ONG son "piedra angular en la lucha contra la arbitrariedad".
El periodismo es "piedra fundamental en el ejercicio de la libertad, incluyendo su capacidad de denuncia", añadió el canciller, quien ejerció esa profesión.
"Para el gobierno del presidente Chávez el tema de los derechos humanos es vital y es asumido como política de Estado", aseguró la carta del gobierno de Venezuela a la OEA, en la que le pide además al sistema interamericano "analizar las denuncias".
Rangel aclaró que la decisión de recurrir a la OEA de debe al deseo de "reforzar cualquier investigación", y aseguró que el gobierno tiene plena confianza en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, organismos a cargo de las averiguaciones.
"Cada violación que se pueda comprobar será objeto de sanciones implacables", garantizó el canciller venezolano. "No ocultamos absolutamente nada", aseguró al insistir en que los derechos humanos son la "viga maestra" del nuevo Estado.
Venezuela llegó al 2000 estrenando una nueva Constitución cuya redacción fue impulsada por Chávez, que pone especial énfasis en la defensa de los derechos humanos.
El canciller planteó que pese a la Constitución y a la voluntad del gobierno, es posible que haya habido violaciones, porque en el pasado "Venezuela ha vivido inmersa en una anticultura de la arbitrariedad".
"Nadie puede pensar que semejante anticultura pueda cesar de la noche a la mañana", añadió.
Las ONG defensoras de derechos humanos, por su parte, plantearon este miércoles que estos casos desafían a la naciente República Bolivariana de Venezuela, consagrada en la nueva Constitución.
"No estamos ante una situación de violaciones masivas, pero es importante que salgan a flote las verdaderas dimensiones del problema", planteó Raúl Cubas, director de Provea, una ONG cuyo informe con 20 denuncias de ejecuciones fue calificado por Chávez de "superficial, rayando en la irresponsabilidad".
"Estamos totalmente convencidos que el tiempo nos va a dar la razón, que la verdad va a salir a la luz pública", comentó Cubas a corresponsales extranjeros en Caracas y precisó que ya han dado los nombres de tres testigos que aceptaron declarar ante la Fiscalía.
La catástrofe natural que asoló Venezuela el 16 de diciembre dejó un saldo de millares de muertos y gran destrucción, especialmente en el estado de Vargas.
En medio del desastre provocado por las avalanchas de lodo y piedras, actuaron saqueadores y violadores. El gobierno envió policías y militares para reprimirlos, y en ese escenario se habrían producido algunos de los excesos denunciados.
De acuerdo con algunas mediciones divulgadas en medios locales, supervivientes de Vargas aprobaron por mayoría la práctica de las ejecuciones de delincuentes, pero tanto el gobierno como las ONG han criticado esa actitud.
Rangel consideró que es una realidad "aterradora" y que no se puede combatir la delincuencia colocándose al mismo nivel del delincuente.
A través de esas opiniones favorables a ejecuciones "recogemos los frutos de la impunidad, la gente ha dejado de creer en la justicia", opinó el no gubernamental Comité de Familiares de Víctimas. (FIN/IPS/lc/ag/hd ip/00
