El canciller de España, Abel Matutes, fue acusado ante la justicia de bloquear el juicio contra Augusto Pinochet por el abogado Joan Garcés, director de la acusación particular y popular contra el ex dictador chileno.
Matutes fue acusado el viernes de negarse a prestar auxilio a la Justicia y de mantener "una actitud consciente de impedir el posible éxito extradicional".
La querella fue presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia de España.
El ministro es acusado de negarse a prestar auxilio a la Justicia y de mantener "una actitud consciente de impedir el posible éxito extradicional".
Desde el 16 de octubre de 1998 se está tramitando en Londres el pedido de extradición de Pinochet cursado por el juez español Baltasar Garzón.
Garcés recordó en su escrito que un auto dictado el 10 de diciembre de 1998 inició el proceso en España contra Pinochet "por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas".
Añadió que los procedimientos judiciales realizados hasta ahora en Londres han dado la razón al pedido de extradición, aunque aún no se ha adoptado una resolución sobre la última apelación presentada por la defensa de Pinochet ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
Sin embargo, Matutes no ha cumplido con su obligación de trasladar los últimos escritos de Garzón dirigidos a la Fiscalía de la Corona británica, que representa al Reino de España en el juicio de extradición, indicó Garcés.
Esa actitud de Matutes y su orden a la Fiscalía de la Corona de no apelar la decisión de Straw crearon "condiciones idóneas para frustrar el ejercicio del ius puniendi (derecho de castigar) que los tribunales de España están ejercitando en base de las normas internas e internacionales de pertinente aplicación", afirmó.
La orden ministerial de no recurrir la decisión de Straw, "supone de hecho un desistimiento de la solicitud de extradición, lo cual le está absolutamente vedado al Ministro español", explicó.
Los actos de Matutes no sólo bloquean o dificultan la acción de la justicia, sino que también "impiden radicalmente el ejercicio de los derechos constitucionales de las víctimas de los delitos por los que se ha solicitado la extradición", apuntó Garcés, calificando de "ilícita" la actitud del canciller.
Por último, y al margen de lo que resulte del juicio al cual da lugar la querella, Garcés pidió al Tribunal Supremo que dicte una medida cautelar urgente para garantizar el derecho de las víctimas a la tutela judicial efectiva.
El jurista solicitó al Tribunal Supremo que ordene a Matutes "la ejecución de las decisiones judiciales objeto de esta querella, en especial la de levantar el veto a la interposición del eventual recurso en defensa de la solicitud de extradición".
Interrogado por IPS el viernes, Matutes se rehusó a comentar la demanda porque aún no había tenido tiempo de leerla.
El gobierno español ha asegurado desde el inicio del caso Pinochet, en octubre de 1998, que respetaría todas las decisiones judiciales, pero interpreta que la próxima decisión de Straw será política, y que por lo tanto corresponderá que el Poder Ejecutivo español le dé una respuesta política.
La acusación y las organizaciones humanitarias replican citando a Straw, quien dijo que la suya será una decisión cuasi judicial, y sostienen que por lo tanto podrá ser apelada por la vía judicial.
Garcés destacó en su escrito que la decisión de Straw es inminente y podría producirse en cualquier momento a partir de la mañana de este lunes.
Fuentes del Tribunal Supremo se negaron a responder si habrá un dictamen sobre el pedido de acción cautelar antes de esa fecha. (FIN/IPS/td/mp/ip/00
