/BOLETIN-DD HH/ PANAMA-COLOMBIA: Frontera se torna explosiva

La línea fronteriza entre Panamá y Colombia marca también el centro de un conflicto provocado por la incursión de grupos paramilitares, guerrilleros y desplazados de la guerra en territorio colombiano.

Representantes del gobierno panameño, autoridades eclesiásticas y miembros de la sociedad civil reconocieron por separado que la violencia es una grave amenaza en esa región, en la que operan además bandoleros y narcotraficantes.

El obispo católico Rómulo Emiliani, de la diócesis del Darién, manifestó que a los agredidos pobladores en esa provincia sólo les queda la última opción de responder con armas en las manos a los grupos irregulares que secuestran, roban y cometen desmanes en suelo panameño.

Los conflictos fronterizos motivaron al gobierno panameño a formular a fines del año pasado un plan estratégico de seguridad nacional, que incluye la compra de armas y el aumento de los destacamentos de policía en la provincia del Darién y en la comunidad indígena de San Blas (Kuna Yala), fronterizas con Colombia.

Sin embargo, Magaly Castillo, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz que promueve la Iglesia Católica, sostuvo que ese organismo "no ve con buenos ojos" el inicio de una carrera armamentista para reforzar la seguridad en zonas limítrofes.

Castilo reconoció que el gobierno panameño tiene la responsabilidad de vigilar y salvaguardar la frontera, pero aclaró que ello no justifica la presencia o el traslado de tropas extranjeras, como lo sugirieron algunos políticos alarmamento de las tensiones en esa apartada región.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, José Alemán, indicó el domingo en un acto conmemorativo de la gesta popular de 1964, dirigida al rescate de la soberanía panameña, que el gobierno de Mireya Moscoso mantendrá el territorio nacional "libre de la presencia militar extranjera".

En los últimos tres años, a raíz del incremento de las acciones militares en áreas limítrofes, se produjo el rapto, secuestro y asesinato de personas y el incendio de viviendas en el poblado de La Bonga, en la caribeña comarca de San Blas.

Moradores del Darién recordaron que en 1997 las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinaron en esa provincia al agente de salud José Acevedo y a José Valencia, por su presunta vinculación con la guerrilla.

Ese mismo año, unos 200 hombres armados provenientes de Colombia atacaron y destruyeron instalaciones en el poblado de Boca de Cupe y secuestraron a varias personas, por las que exigieron el pago de rescates para ser dejadas en libertad.

Los paramilitares de las AUC también han lanzado amenazas contra la policía de Panamá por su supuesta colaboración con frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la principal guerrilla de ese país, lo que añade un nuevo elemento de tensión regional.

El tema de la violencia en Colombia cobró mayor vigencia al cumplirse ocho meses del rapto del panameño Nicolás Pérez, quien permanece en poder del rebelde Ejército de Liberación Nacional, segunda fuerza guerrillera colombiana, cuando el avión en que viajaba fue secuestrado en el trayecto de Bucaramanga-Bogotá.

Los familiares de Pérez han apelado a todas las instancias de medicación para que se respete su vida y se produzca su pronta liberación.

Por otro lado, campesinos de la comunidad de Metetí, en el Darién, exigieron esta semana un alto a la violencia de grupos armados y pidieron a la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional Legislativa (parlamento) la instauración de la "pena de muerte" para castigar a los que cometen crímenes.

El gobierno respondió a ese clamor con la promesa de aumentar la vigilancia en Darién y San Blas, para devolver la tranquilidad a las poblaciones integradas en su mayor parte por indígenas, colonos blancos y afrocaribeños.

La vicecanciller de Colombia, Clemencia Forero, afirmó en diciembre durante una visita oficial a Panamá, que Bogotá está dispuesto colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas fronterizos, incluido el tema de los desplazados por la guerra civil.

José Serracín, director de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados, dijo que unos 393 colombianos que huyeron a Darién en los últimos meses aceptarían regresar a su país, si reciben del gobierno de Andrés Pastrana la plena seguridad y garantías de que se respetará su integridad física.

Representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados viajaron a la población de Jaqué, en el ción de los refugiados, quienes se encuentran en precarias condiciones.

En medio del debate sobre la seguridad en la frontera con Colombia, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), aliado al gobierno, solicitó el viernes a las autoridades declarar a Panamá un país neutral.

El concepto de neutralidad solo rige para el funcionamiento del canal que une los océanos Atlántico y Pacífico, el cual es administrado y dirigido por Panamá desde el 31 de diciembre.

La propuesta del PDC pretende limitar acuerdos bilaterales entre Panamá y otros países, entre ellos Estados Unidos, para el desarrollo de un plan estratégico de seguridad nacional, sometido en la actualidad al examen de los partidos políticos, previo a su aprobación definitiva.

El diputado Miguel Bush, del opositor Partido Revolucionario Democrático, afirmó que se requiere un plan de seguridad "genuinamente panameño", pero advirtió que ello no justifica un acuerdo de bases, sugerido por sectores oficialistas a partir de la conflictiva situación en la frontera.

El obispo Emiliani indicó, por su parte, que luego del traspaso del canal de Estados Unidos a Panamá, la soberanía de este país se decide en Darién, una provincia remota, pobre y olvidada en la que se escuchan las armas disparadas en la vecina Colombia. (FIN/IPS/dc/dm/ip hd/00)

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