El gobierno de Colombia anunció que devolverá al parlamento el aprobado proyecto de Ley de Desaparición Forzada, tras calificar a dos de sus artículos de "inconvenientes e inconstitucionales" .
La promulgación de la ley, que tipifica la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad, "estaría coartando a la fuerza pública" en su tarea de "perseguir a los grupos alzados en armas", dijo el ministro de Justicia, Rómulo González.
La norma aprobada por el parlamento el 30 de noviembre impide la amnistía o el indulto para delitos como el genocidio, la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzoso de personas, y establece para ellos penas de hasta 40 años de prisión.
González afirmó que los artículos de la Ley de Desaparición Forzada que se ocupan de los delitos de genocidio "son violatorios de la Constitución" y además "no fueron aprobados en debida forma" por las comisiones del Congreso legislativo.
Los artículos de la Constitución señalados por González son el 151, el 157 y el 217. Los dos primeros hacen referencia al trámite que deben cumplir los proyectos de ley en el Poder Legislativo.
Por su parte, el 217 establece que "las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional".
El ministro indicó que, en la referencia al genocidio, "esta ley no puede incluir a los partidos políticos" como víctimas de ese delito, "por considerarlos ajenos a otros grupos vulnerables de ser atropellados por organizaciones armadas o fuerzas del poder".
No obstante, la senadora liberal independiente Vivianne Morales señaló a IPS que no puede excluirse a los partidos políticos de esa consideración. "En Colombia ya hemos visto que también son blanco de los violentos", argumentó.
Morales recordó que, tras una década de persecuciones, el izquierdista partido Unión Patriótica (UP) "fue exterminado por grupos armados no identificados contrarios a la democracia".
El ministro González agregó que las disposiciones de la Ley de Desaparición Forzada "no concuerdan con las determinaciones de la Organización de Naciones Unidas frente al genocidio", como tampoco con la "ratificación legislativa que hizo Colombia sobre ese delito en 1959".
Un informe divulgado el miércoles por la Defensoría del Pueblo (ombusdman) indicó que en 1999 murieron 1.863 personas víctimas de 402 masacres perpetradas por grupos paramilitares de derecha y por la guerrilla izquierdista.
El diputado Luis Velasco, uno de los impulsores del proyecto de ley, dijo a IPS que, aunque respeta la decisión del gobierno, "no la comparte", puesto que "el Ejecutivo no le hizo suficiente seguimiento" a los debates que concluyeron con su aprobación.
Morales, por su parte, calificó la decisión del gobierno de Andrés Pastrana de "débil", y afirmó que demuestra su "falta de compromiso oficial con la defensa de los derechos humanos".
Los artículos objetados por el gobierno deberán someterse a nuevo trámite en las sesiones del Congreso legislativo que comenzarán en marzo del 2000.
De ser aprobados sin modificación, pasarán a la Corte Constitucional (órgano que tutela el cumplimiento de la carta fundamental).
Para González, este nuevo procedimiento solamente implicará "unos meses más de espera". (FIN/IPS/mjll/mj/hd ip/00
