La justicia federal de Argentina rechazó el pedido del juez español Baltasar Garzón de captura de 48 militares argentinos que intervinieron en la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983), por considerar incompleta la solicitud.
El juez Gustavo Literas pidió a Garzón que amplíe el exhorto y explicite los delitos que se imputan a cada uno de los acusados, así como fotografías, identificación de domicilios y huellas dactilares, tal como lo exige el Tratado de Asistencia Jurídica entre Argentina y España.
Garzón ya había procesado en noviembre a un centenar de ex militares y civiles argentinos que participaron de la represión dictatorial, por considerar que crímenes como el genocidio no reconocen fronteras nacionales, porque ofenden a la humanidad en su conjunto.
Los fundamentos del procesamiento tienen casi 300 folios, pero el pedido de detención preventiva apenas tiene tres, sin mayores detalles sobre las acusaciones, y esa fue la razón por la que Literas repenas horas después de recibirlo.
El gobierno de Fernando de la Rúa recibió el lunes el pedido de captura remitido por Garzón a Interpol y lo trasladó a la justicia, como lo había prometido públicamente. Pero varios funcionarios preveían que la solicitud sería rechazada por cuestiones de forma y fondo.
La mayoría de los inculpados ya fueron procesados en Argentina por violación de los derechos humanos, y se beneficiaron luego de leyes de amnistía promulgadas por la administración de Raúl Alfonsín (1983-1989) o del indulto decretado por Carlos Menem, que gobernó hasta el 10 de diciembre último.
Al trasladar la solicitud al juez, De la Rúa se distinguió de Menem, que había firmado un decreto negando colaboración con Garzón. No obstante, esa decisión del actual presidente no implica que los militares efectivamente podrán ser juzgados en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas.
Los ex comandantes Jorge Videla, Emilio Massera y Guillermo Suárez Mason, responsables junto con otros militares y policías del secuestro y desaparición de al menos 10.000 personas, figuran en la lista enviada por Garzón a Interpol y al gobierno argentino.
Nueve de los militares requeridos están de todos modos detenidos y sometidos a proceso en Argentina por la sustración de menores durante la dictadura, robo de identidad y falsificación de documentos públicos. Algunos de ellos cumplen arresto en su domicilio, y de momento no hay fallo condenatorio.
Las organizaciones humanitarias, que celebraron la decisión de Garzón, consideran que en realidad los desparecidos fueron 30.000, y coinciden en que si existieron casi 400 centros clandestinos de detención es porque hubo un plan sistemático de exterminio de personas.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, que integró el tribunal que en los años 80 juzgó y sentenció a los ex jefes militares, había señalado el lunes que Garzón debía justificar plenamente y explicitar sus fundamentos para evitar el rechazo de su solicitud.
Por su parte, el ministro del Interior, Federico Storani, había advertido que varios acusados ya fueron condenados en Argentina e indultados siete años después, por lo que era "muy difícil" que el trámite prosperara.
"Si bien lo debe resolver la justicia, como abogado considero que el pedido es muy genérico, no menciona con detalle los delitos que se imputan a cada uno, y por lo tanto, no es procedente", había dicho Storani.
Garzón procesó a cerca de un centenar de militares y civiles que actuaron durante la dictadura argentina y el 30 de diciembre libró orden internacional de captura de los 48 acusados de los que disponía de datos de identificación personal.
Pero en este país se considera que el caso de los militares argentinos guarda diferencias con el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres y solicitado por Garzón para su juzgamiento en Madrid por genocidio.
"Pinochet no fue juzgado ni condenado, y los militares argentinos sí", explicaron el martes funcionarios del gobierno.
En este contexto, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército durante la represión e incluído en la lista de Garzón, dijo que el juez español "es un insolente, pues no tiene jurisdicción para juzgar 'supuestos' hechos ocurridos en Argentina y producidos por argentinos".
Menéndez rechazó la acusación en su contra con una curiosa fundamentación.
"Genocidio es la persecución de grupos raciales, nacionales o religiosos, y aquí se combatió contra marxistas que pretendían imponer por las armas un régimen comunista totalmente ajeno a nuestra forma de vida y a nuestra Constitución", declaró. (FIN/IPS/mv/ff/hd/00
