La jueza que detuvo en Argentina a un grupo de suboficiales por apropiación de niños y niños durante la última dictadura admitió haber sufrido una tentativa de intimidación poco antes de ordenar los arrestos.
La magistrada María Servini detuvo el viernes 7 a siete suboficiales de la Marina en la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, y otros dos están prófugos. Lo hizo en el marco de una causa por presunta apropiación ilegal de menores durante el régimen militar (1976-1983).
En camino a Mar del Plata, el automóvil en el que Servini viajaba junto a cuatro personas, que era seguido por una unidad de la Gendarmería, con cuatro agentes, fue empujado a la banquina dos veces. Sólo la pericia del conductor evitó un vuelco o la salida del vehículo del camino.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo había señalado a la justicia que en el barrio Las Toninas, de Mar del Plata, vivían familias que en los años de la dictadura se apropiaron al menos de 12 niños, hijos de prisioneros detenidos de modo ilegal en la Base Naval de esa ciudad.
Esos niños hoy tienen entre 23 y 27 años y, de acuerdo con la Fiscalía federal, podrían ser 20. La investigación comenzó con una carta anónima recibida en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a unos 500 menores secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus padres.
Las abuelas siguieron la pista indicada por la nota anónima y casi dos años después, cuando reunieron información suficiente, entregaron los datos a Servini. Esta inició su propia investigación y ordenó a la Gendarmería tareas de inteligencia, que culminaron el viernes 7 con las detenciones.
La organización Abuelas ya logró ubicar a 64 jóvenes, aunque algunos estaban muertos. En cuanto a los demás, la mayoría se reconciliaron con su pasado, y otros no aceptan someterse al análisis genético de filiación. No todos estaban en manos de apropiadores, sino que algunos habían sido adoptados de buena fe.
El detonante del operativo realizado por Servini fue el caso del suboficial Policarpo Vázquez, detenido en mayo. Vázquez se apropió de la hija de los desaparecidos Rubén Bauer y Susana Pegoraro, pero la joven, ya mayor de edad, se ha rehusado a someterse al análisis genético que confirmaría su filiación.
Vázquez confesó que un suboficial -hoy detenido- le entregó a la niña.
Las Abuelas supieron por un mensaje anónimo que, al conocer la detención de Vázquez, otros suboficiales del barrio Las Toninas abandonaron su casa junto a sus familiares. Tenían hijos de más de 20 años, y se presume que podrían serlo de padres desaparecidos.
Servini recogió testimonios estremecedores confirmatorios de que en la Base Naval de Mar del Plata las prisioneras encintas eran cuidadas hasta el momento de dar a luz. Una vez ocurrido el parto, les quitaban a los recién nacidos para entregarlos de acuerdo con su criterio.
"Los regalaban como gatitos, pero si eran negritos desaparecían, porque nadie los quería, solo querían a los blancos", reconoció uno de los testigos ante la jueza. La información coincidió con las revelaciones el lunes de otro suboficial, Pedro Muñóz, que corroboró estas versiones y quedó detenido.
Según los testigos, siempre fue "un secreto a voces" que en el barrio de la Armada, Las Toninas, vivían muchos hijos de desaparecidos con la identidad cambiada, y que algunos militares incluso se jactaban de haberse quedado con ellos.
"La esposa de Vázquez se colocaba un almohadón en el vientre cuando salía del edificio, para que creyeran que estaba embarazada, y cuando estaba adentro se lo quitaba", dijo uno de los testigos de Servini.
Niños de tres o cuatro años deambulaban por la Base Naval, llorando y señalando una puerta cerrada donde, de acuerdo con los testimonios, seguramente estaban sus padres.
Esos niños y niñas siguen desaparecidos. "A los de 10 u 11 años nadie los quería", admitió este lunes Muñoz en una entrevista radial.
La jueza comenzó este martes a indagar en Buenos Aires a los detenidos, una vez analizada la documentación que se les secuestró en dependencias de la Armada en las que se guardaban sus legajos y las partidas de nacimiento de sus hijos.
Servini señaló "irregularidades" en la documentación. Según la Fiscalía, se trata de partidas de nacimiento fraguadas.
La causa por apropiación de menores y sustracción de identidad que conduce Servini es paralela a otra, por la que cumplen arresto el ex general Jorge Videla y el ex almitrante Emilio Massera, que integraron el gobierno militar, y siete oficiales más.
El juez Adolfo Bagnasco, que procesó a Videla y Massera, investiga si hubo un delito "sistemático" de sustracción de menores de edad.
Videla, Massera y otros comandantes de la dictadura fueron encarcelados en 1985 por violaciones graves de los derechos humanos, aunque en 1990 se les concedió el indulto.
Pero el indulto no contempló el delito de apropiación ilegal de menores que, así mismo, fue excluido del alcance de las leyes de amnistía que favorecieron a otros acusados. (FIN/IPS/mv/ff/hd/00
