El gobierno de Panamá y grupos ambientalistas insisten en que Estados Unidos debe descontaminar sus antiguas bases en este país, ubicadas en la zona del canal que une a los océanos Atlántico y Pacífico.
Los reclamos se manifestaron esta semana en Washington en el comienzo de las conversaciones entre representantes de ambos gobiernos para analizar la cuestión de la limpieza de los polígonos de tiro utilizados por el ejército estadounidense en territorio panameño.
Antes de la transferencia del canal a Panamá, el 31 de diciembre, la presidenta panameña Mireya Moscoso dijo que las tropas estadounidenses dejaban el país sin haber limpiado "prácticamente nada".
Moscoso se basó en un estudio de la firma consultora Arnold and Porter, que contradijo un informe del ejército estadounidense sobre el presunto cumplimiento de las tareas de remoción de municiones no detonadas.
Angel Ureña, director de Política Ambiental de la no gubernamental Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), dijo a IPS que el gobierno panameño debe exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos que asuma su responsabilidad de descontaminar los polígonos.
"Al abandonar el complejo militar en Panamá, Estados Unidos tiene la obligación moral, ante el mundo, de limpiar ese legado de contaminación", subrayó el dirigente de ese grupo ambientalista, empeñado en la protección de la cuenca del canal.
Las demandas de la ANCON recibieron en diciembre el respaldo del Foro Regional de Miembros Mesoamericanos de la Unión Mundial para la Naturaleza, el cual se comprometió a recabar mayor apoyo para la causa de Panamá en el congreso mundial de ese organismo, que se realizará en octubre en Ammán.
Una evaluación preliminar confirmó que en los polígonos de tiro existen vestigios de sustancias contaminantes como plutonio empobrecido (empleado en la coraza blindada de tanques de guerra y en proyectiles) y el letal "agente naranja", empleado como desfoliante en la guerra de Vietnam, informó Ureña.
De las 34.000 hectáreas que formaron parte de las instalaciones militares en la antigua Zona del Canal, unas 22.000 fueron utilizadas para el entrenamiento de tropas. De ellas, unas 14.600 hectáreas sirvieron para prácticas de tiro y de bombardeo.
Expertos reconocieron en 1998 que más de 7.000 hectáreas de la cuenca del canal en las cuales hubo impacto de proyectiles estaban contaminadas. Estados Unidos definió a 3.250 de ellas como "imposibles de sanear", por su compleja topografía y exuberante vegetación tropical.
El embajador estadounidense en Panamá, Simón Ferro, declaró en noviembre a la televisora local TVN-Canal 2 que "Estados Unidos cumplió" al retirar sus tropas entregar el canal, y que considera como "capítulo cerrado" la limpieza de los polígonos.
Sin embargo, el jurista panameño Carlos López aseguró a IPS que los tratados de transferencia del canal obligan a Estados Unidos a descontaminar y a remover municiones no detonadas.
López, quien fue uno de los negociadores de esos tratados, firmados en 1977, admitió que los acuerdos se circunscriben a la ex Zona del Canal, pero afirmó que Panamá debe apelar al derecho internacional para que Washington descontamine también la isla de San José del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico.
En esa deshabitada isla fueron probadas durante décadas armas explosivas y tóxicas.
El jurista recordó que el ex embajador estadounidense Everet Briggs le había comunicado su sorpresa y estupor tras visitar San José y observar gran cantidad de bombas de 500 libras (226,8 kilogramos) apiladas bajo el mar.
"¿Cómo fue posible que integrantes del ejército de Estados Unidos nos dijeran, antes de retirarse, que el trabajo estaba hecho, cuando en realidad no es así, ya que las bombas están en todas partes?", expresó López sin ocultar su inquietud.
Estados Unidos se ha resistido a certificar que San José está libre de amenazas a la vida humana, y jamás entregó un inventario sobre los tipos y cantidades de armamento utilizados en la isla, que incluyeron bombas, cohetes y proyectiles de artillería de alto poder destructivo.
En octubre de 1999, Panamá formuló fuertes críticas al Informe de Transferencia de los Campos de Tiro presentado por Estados Unidos, y exigió un "plan para remover las amenazas a la vida, salud y seguridad humanas".
El coronel retirado Daniel Delgado, quien se desempeñó como representante de Panamá en el Comité Conjunto para la limpieza de los polígonos, aseguró a IPS que la remoción de pertrechos se realizó "en forma deficiente e insuficiente", por lo cual persisten los riesgos.
Delgado explicó que la responsabilidad de Estados Unidos en caso de daños, perjuicios o accidentes no cesó con la retirada de sus tropas ni prescribirá con el paso del tiempo, ya que existe un principio internacional que obliga al país que contamina a reparar los efectos de su acción.
Unidades del ejército estadounidense realizaron algunas tareas superficiales de detección y remoción de municiones no detonadas en los campos de tiro de Nuevo Emperador, Piña y Balboa Oeste.
Las técnicas empleadas se denominan "Barrido de campos de tiro", "Despejo sólo de superficie", y "Despejo de superficie y hasta un pie de profundidad". Un pie equivale aproximadamente a 30 centímetros.
Los grupos ambientalistas han denunciado la presencia de explosivos no detonados y de vertederos, crematorios, rellenos y antiguos depósitos de sustancias contaminantes.
Fernando Manfredo, ex subadministrador del canal, comentó a IPS que uno de los mayores problemas ambientales radica en la descomposición de metales tóxicos y sustancias contenidas en armas químicas, que mediante filtraciones en el terreno pueden contaminar aguas subterráneas.
Durante los últimos años más de 20 civiles panameños resultaron muertos o heridos al entrar en contacto con material explosivo diseminado en áreas de práctica militar de las tropas estadounidenses, sin que sus familiares hayan recibido indemnización alguna.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos estimó que la remoción de las municiones no detonadas que se encuentran bajo tierra tomaría entre 15 y 20 años, con un costo multimillonario.
López opinó que Panamá debe privilegiar la vía diplomática para lograr la descontaminación de los polígonos y sumar a esa causa a grupos ambientalistas del mundo. (FIN/IPS/dc/mp/en ip/00)
