Activistas de Japón cuestionan hace tiempo los procedimientos de las autoridades para deshacerse de residuos, y el retorno de basura enviada ilegalmente a Filipinas aumentó las críticas al gobierno por su lentitud para solucionar el problema.
Japón quedó en una situación embarazosa como nación a la cual no le importa arrojar residuos peligrosos sobre un vecino pobre. Un cargamento ilegal de basura doméstica y procedente de hospitales que había sido enviado a Manila llegó de regreso el día 10.
El cargamento consiste en 122 contenedores de residuos que incluyen jeringas de plástico desechadas, pañales para adultos y compresas sanitarias. Esos artículos fueron definidos como residuos peligrosos por la Convención de Basilea de 1989.
Esa convención busca proteger la salud humana y el ambiente mediante la prohibición de trasladar cualquier tipo de residuos tóxicos, incluso para reciclarlos, desde países industrializados a naciones en desarrollo.
La prohibición incluye en forma específica el traslado de desechos desde países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a otros que no la intregran. Japón firmó la Convención de Basilea, aunque su parlamento aún no la ha ratificado.
Ayako Sekine, una integrante de la filial japonesa de la organización no gubernamental ambientalista Greenpeace, dijo que el envío del cargamento a Filipinas "fue una seria equivocación cometida por Japón en desmedro de la comunidad internacional".
Sekine opinó que detrás de ese error está "el problema fundamental de que en Japón se generan continuamente enormes cantidades de basura, sin que las autoridades consideren responsables a los productores".
El manejo de los desechos se encarga de costumbre a pequeñas empresas que trabajan con bajos costos, y según los activistas esto impide un reciclaje adecuado. Japón acumula cada año unos 400 millones de toneladas de desechos industriales, de las cuales sólo 150 millones son recicladas.
Las restantes 250 millones de toneladas son quemadas o enterradas. Los desechos de origen doméstico suman 50 millones de toneladas anuales.
Greenpeace de Japón calculó que se emplean procedimientos ilegales para deshacerse de unas 400.000 toneladas anuales de basura.
Los activistas prevén que aumentará la eliminación de basura en forma ilegal, incluyendo la exportación ilícita de residuos. El ministerio de Salud y Bienestar japonés informó que los lugares en los cuales se depositan actualmente residuos quedarán completamente llenos en los próximos dos años.
"Dada la situación local, existe el riesgo de que sólo veamos la punta del iceberg y Japón siga arrojando residuos en países en desarrollo porque resulta más barato", predijo Sekine.
Todo indica que hacerlo es muy fácil. Según informes periodísticos, el cargamento de basura llevado a Filipinas permaneció sin problemas en el puerto de Manila durante varios meses antes de que las autoridades decidieran abrir los contenedores.
Un avergonzado gobierno japonés debió pagar el retorno al país del embarque ilegal.
Los críticos señalaron que si el flete hubiera sido descargado antes por la compañía filipina encargada de recibirlo, los residuos peligrosos no habrían sido descubiertos y se habrían convertido en un peligro para la población local.
"Seguramente se llevaron a cabo numerosos envíos de ese tipo hacia países en desarrollo sin que se enterara la policía", apuntó Haruo Shimada, quien encabeza un movimiento cívico que lucha contra la eliminación de residuos con procedimientos riesgosos.
El gobierno presentó una demanda contra la compañía Yugengaisha Nisso, que exportó los residuos en julio y octubre. La firma declaró que se trataba de un envío de papel reciclado.
Pero esa compañía dio quiebra y su presidente desapareció. La firma estuvo en el negocio de eliminar residuos durante varios años, y había sido acusada antes de emplear procedimientos ilegales en Japón para deshacerse de escombros provenientes de la construcción.
Los activistas están ejerciendo más presión que nunca sobre el gobierno para que apruebe una ley contra la exportación ilegal de residuos. Pretenden que cada compañía sea responsable de que los residuos que produce se eliminen con procedimientos seguros, y exigen que se reduzca la producción de basura.
Masanori Kobayashi, un abogado que asesora a grupos locales, declaró que el gobierno no ha hecho nada para controlar el gran problema de la acumulación de residuos que afronta Japón. "El énfasis está puesto en deshacerse de la basura en la forma más barata posible", aseguró.
A las compañías y otros productores de residuos, como los hospitales, sólo se les exige un certificado de que entregaron los residuos a firmas encargadas de eliminarlos, extendido por esas firmas.
"Nadie se preocupa de examinar qué seguridad ofrecen los procedimientos para deshacerse de la basura", señaló Kobayashi.
El abogado afirmó que aprobar leyes para obligar a que disminuya la producción masiva de residuos industriales sería "la mejor manera de controlar la eliminación de la basura".
Tochigi, una vasta zona boscosa a la cual se puede llegar en pocas horas desde Tokio, viajando en automóvil, ha sido un lugar de almacenamiento de basura proveniente de la capital, señalaron los activistas.
Hace dos años, denuncias de los residentes en Tochigi provocaron un gran escándalo cuando residuos provenientes de hospitales se filtraron desde un vertedero y obligaron a cerrar temporalmente varias granja de cría de ganado. (FIN/IPS/tra- en/sk/ccb/js/ego/mp/en ip/00
