Organizaciones no gubernamentales y las centrales sindicales mayoritarias de España reclamaron al gobierno la moratoria de la autorización de uso, importación y producción de productos transgénicos.
España es el país de la Unión Europea (UE) que cuenta con una mayor superficie sembrada con cultivos transgénicos, es decir con semillas manipuladas genéticamente en laboratorios para que produzcan más en menos tiempo.
Los críticos de esa técnica sostienen que en la mayoría de los casos no han sido evaluados los efectos que producen esas semillas en el ambiente y en otras especies en particular.
El reclamo al gobierno presidido por el centroderehista José María Aznar se formalizó el miércoles a través de una carta firmada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).
También suscribieron la petición las ONG (organizaciones no gubernamentales) Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Asociación Vida Sana y Acsur-Las Segovias, esta última dedicada a la cooperación con el Sur en desarrollo.
Los firmantes manifiestan en la misiva su preocupación por la política oficial sobre cultivos y alimentos transgénicos y exigen una aplicación estricta del "principio de precaución" a la ingeniería genética.
Esa aplicación estricta debería asegurar que por lo menos se asuman las inquietudes que mantiene la mayoría de los gobiernos de la UE, agregaron.
Asimismo reclaman un debate democrático sobre transgénicos con plena transparencia en la información pública y garantías para que se oigan todas las voces, "incluyendo a las críticas".
Los grupos firmantes del petitorio sostienen que no se han dado las condiciones para ese debate, ya que la administración margina a las organizaciones sociales.
Por otro lado, señalan su opinión negativa sobre la actuación de los negociadores españoles y de la UE en la III Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), realizada en la ciudad estadounidense de Seattle a comienzos de diciembre.
Los delegados no tuvieron presente ni las posturas del Parlamento Europeo y ni siquiera el acuerdo previo de los gobiernos de la UE, en el sentido de anteponer la seguridad alimentaria a los intereses comerciales, puntualizaron.
Esa actitud se evidenció en la concesión inicial de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, de acceder a incluir los organismos transgénicos (OMG) en el marco de la OMC.
"Eso supone haber negociado esta polémica cuestión sin tener un mandato expreso y en contra de la mayoría de la opinión pública europea y de la UE", afirman en la carta.
Los firmantes pidieron que el gobierno de Aznar, cuyos portavoces no quisieron emitir opinión sobre la carta, explique "sin ambigüedades" a la sociedad su posición respecto de los alimentos transgénicos.
También solicitan que acepte que esa negociación no se debe realizar en la OMC sino en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, estableciendo un protocolo vinculante de bioseguridad.
Por último, las ocho organizaciones explican que comparten cuatro reivindicaciones básicas, que comienza por el reclamo de imponer una moratoria en la autorización, importaciones y producción de productos transgénicos.
Esa moratoria debería regir hasta la aprobación del solicitado protocolo de bioseguridad y la puesta en marcha de mecanismos que incorporen el principio de precaución.
El segundo punto refiere a la creación de un Consejo Asesor en Seguridad Alimentaria, de carácter consultivo, conformado por delegados del gobierno y de organizaciones sindicales, agrarias, de consumidores, ecologistas, de la industria agroalimentaria y de la universidad o centros públicos de investigación.
En tercer lugar, los firmantes de la carta rechazan la extensión del derechoos vivos y, por último, reclaman el fortalecimiento del sistema público de investigación y control en seguridad alimentaria y biotecnología. (FIN/IPS/af/dm/en ip/00)
