Los agricultores del sur de Brasil que promueven o aprovechan el contrabando de semillas de soja transgénica desde Argentina actúan en contra de sus propios intereses, señalaron ambientalistas.
Las dudas sobre la capacidad brasileña de asegurar que sus granos son naturales favorecen los competidores estadounidenses, advirtió el agrónomo Sebastiao Pinheiro, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur.
En Estados Unidos se generalizó la siembra de productos transgénicos, pero la mitad de su cosecha sigue siendo de soja convencional, en una cantidad suficiente para abastecer los mercados que rechazan el grano genéticamente modificado, por temor a sus daños aún desconocidos, recordó Pinheiro.
La ventaja de Estados Unidos consiste en que cuenta con un sistema de certificación más confiable, observó Mariana Paoli, activista de la campaña sobre ingeniería genética de la organización ambientalista internacional Greenpeace en Brasil.
El hecho de que la soja transgénica ingresara a Brasil por vía ilegal agrava la imagen negativa, de falta de control sobre el tipo producido y exportado.
Brasil es el segundo mayor productor de soja del mundo, con cerca de 30 millones de toneladas al año, y hasta ahora no autorizó la siembra comercial de la modificada genéticamente, ya producida en gran escala en Argentina y Estados Unidos.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), un órgano interdisciplinario del Ministerio de Ciencia y Tecnología, emitió una opinión favorable. Pero una sentencia judicial, por iniciativa del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor y Greenpeace, impide la liberación de la siembra.
El argumento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), acogido por la justicia y el Ministerio de Medio Ambiente, es que no se realizó el estudio de impacto ambiental, legalmente indispensable para ciertas actividades y proyectos en Brasil.
Hay dudas también, en el Ministerio de Agricultura, sobre las ventajas de la soja transgénica, ante la resistencia que aún enfrenta en los principales mercados importadores, de Europa y Asia. Su mayor productividad podría no compensar los mejores precios y demanda del grano convencional.
Pero la siembra clandestina y la omisión del gobierno central crean una situación de hecho, indicó Pinheiro, quien acusó de estimular ese movimiento a Monsanto, la empresa estadounidense que desarrolló la variedad de soja modificada resistente a un herbicida de su propia producción.
El contrabando de semillas argentinas ocurre desde hace dos años, según José Hermetto Hoffmann, secretario de Agricultura de Río Grande del Sur, un estado que declaró guerra a la soja transgénica.
En los dos últimos meses, una ofensiva del gobierno estadual intensificó el control en las fronteras, sometió a exámenes 700 muestras de soja y comprobó que 3,5 por ciento eran transgénicas, permitiendo el enjuiciamiento de 24 agricultores, señaló Paoli.
Un diputado del estado, Adao Preto, propuso en el Congreso Nacional una ley imponiendo a las propiedades con siembras de organismos genéticamente modificados el mismo tratamiento concedido a las tierras usadas para producir drogas ilícitas: la expropiación para fines de reforma agraria.
Hoffmann sospecha que las semillas que ingresaron de contrabando a Brasil llegaron a otros estados del sur y centro- oeste, en tanto Pinheiro cree que alcanzaron hasta Bahia, un estado tropical del noreste, donde la soja llegó más recientemente.
"El consentimiento silencioso" del gobierno central al contrabando es más grave por una cuestión sanitaria, porque puede contaminar la agricultura brasileña con enfermedades traídas de Argentina, añadió Pinheiro.
No hay información de siembras clandestinas en Paraná, otro estado del sur fronterizo con Argentina, afirmó Ivo Carraro, dirigente de la Cooperativa Central de Investigaciones estadual.
"Es poco probable" porque las variedades argentinas no se adaptan a las temperaturas más elevadas, ciclos e incluso la cultura agrícola de Paraná, indicó Carraro, quien precisó que la baja productividad no compensaría su uso.
Por eso sostuvo que el problema se limita a Río Grande del Sur, de condiciones similares a Argentina, y donde tampoco continúa el contrabando. La expansión del area sembrada con soja transgénica, estimada entre 700.000 y un millón de hectáreas, se debió a la reproducción de semillas traídas hace tres años.
Los agricultores de Río Grande del Sur tienen la costumbre de producir y usar semillas propias, en 45 a 50 por ciento, contra sólo 20 por ciento en Paraná, argumentó.
José Neumar Francelino, coordinador técnico del Servicio Nacional de Protección a Cultivares (variedades vegetales mejoradas), del Ministerio de Agricultura, tampoco cree en la extensión de siembras ilegales fuera del extremo sur de Brasil, debido a condiciones naturales desfavorables.
En el centrooccidental estado de Mato Groso del Sur, preocupan las más de 40 áreas de siembras experimentales autorizadas, sin una legislación que reglamenten la producción, comercio y uso de productos transgénicos, según ambientalistas locales.
La CTNBio aprobó más de 600 proyectos experimentales con organismos genéticamente modificados en todo Brasil. (FIN/IPS/mo/ag/en/00
