Las constituciones en América Latina comenzaron a garantizar el desarrollo sustentable en los últimos 25 años, pero ese objetivo en muchos casos permanece en el papel, concluyó hoy una reunión de magistrados celebrada en México.
A diferencia de lo que sucede en los conflictos civiles, laborales y penales, en lo relativo al ambiente los tribunales no tienen aún la injerencia esperada, con las excepciones de Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, lo que pondría en entredicho la justicia ambiental, dijeron algunos participantes.
La promoción de reformas legales, el intercambio de experiencias, la capacitación y la creatividad serán algunas de las armas para enfrentar las carencias, señalaron los magistrados, convocados del miércoles al viernes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La cita, a la que asistieron magistrados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Perú, y obervadores de la Corte Internacional de Justicia, fue el primer simposio que se realiza en América Latina sobre derecho ambiental y desarrollo sostenible.
El ambiente es un bien universal y superior que requiere un respaldo judicial en los tribunales, dijo el juez colombiano Antonio Barrera, mientras el costarricense Ricardo Zeledón urgió a cumplir ese objetivo reformando las actuales leyes procesales.
"Fue una reunión muy positiva, pero apenas un paso en el objetivo de llenar los vacios que existen en la materia", dijo a IPS la venezolana Isabel Martínez, oficial jurídica del PNUMA para América Latina y el Caribe.
Los conflictos ambientales en la región son atendidos hoy en instancias administrativas del Poder Ejecutivo y no siempre con éxito, mientras los jueces, que serían los llamados a resolverlos de forma adecuada, la mayoría de veces no intervienen, señaló la experta.
En América Latina, la economía se basa en el uso intensivo de los recursos naturales y por eso es una fuente inagotable de litigios, recordó Raúl Brañes, portavoz de la no gubernamental Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental.
Los jueces que participaron en la cita, similar a otras realizadas por el PNUMA entre 1996 y 1999 en Kenya, Sri Lanka y Filipinas, prometieron trabajar para que la acción de los tribunales esté a tono con el derecho constitucional a un ambiente sano y un desarrollo sustentable.
En el último cuarto de siglo, casi todas las constituciones de América Latina fueron reformadas para introducir derechos a un ambiente sano y un desarrollo sustentable, proceso que algunos expertos denominaron "enverdecimiento".
Sin embargo, "la legislación ambiental sigue padeciendo de preocupantes niveles de ineficiencia", indicó Brañes en un texto sobre justicia ambiental, usado como base para las discuciones de los magistrados.
La legislación ambiental en América Latina presenta hoy, en forma general, una naturaleza admministrativa, lo que se traduce en que sea el gobierno central o los municipios los encargados de proteger el ambiente y resolver litigios.
No obstante las limitaciones en materia jurídica, existe un "amanecer de la justicia ambiental caracterizadas por rápidos y promisorios avances", dijo Brañes.
En la declaración final, los magistrados indicaron que el derecho ambiental "se ha incorporado con mucho vigor en estos últimos años", pero "lo que queda por hacer es, con todo, mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora".
Expresaron preocupación porque "la reparación del daño ambiental siga siendo tratado de acuerdo con reglas concebidas para la reparación del daño individual y con arreglo a métodos para la composición de conflictos que no se avienen a la tutela judicial que debe dispensarse a los intereses colectivos".
Los cambios legales que se hagan en el área ambiental no eliminarán del todo los conflictos jurídicos, pues en el derecho ambiental los "principios y técnicas habrán de pasar (aún) por un largo período de maduración, en consonancia con la diversidad y complejidad de los problemas ambientales", añadieron.
"Regresemos a nuestros países con la convicción de haber participado en un ejercicio que nos ha enriquecido extraordinariamente como jueces (…) y asumimos el compromiso de divulgar sus resultados entre nuestros colegas en los tribunales de justicia", concluyeron los magistrados. (FIN/IPS/dc- pl/ag/en/00
