La justicia de Argentina tomará declaración este martes a nueve suboficiales de la Armada arrestados en un barrio militar, acusados de apropiación de al menos 12 menores durante la última dictadura militar (1976-1983).
Los militares, dos de ellos retirados, detenidos la noche del viernes por orden de la jueza María Servini de Cubría, viven en el barrio Las Toninas del balneario Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, ubicado cerca de una base naval donde funcionó un centro ilegal de detención.
Es la primera vez desde que comenzó la investigación sobre la apropiación de niños nacidos durante el cautiverio de sus padres que la justicia ordena y concreta de manera sigilosa la detención de varios militares al mismo tiempo y por 12 de esos casos.
Otros juzgados que tramitan causas por delitos similares han ordenado hasta ahora arrestos individuales, como ocurrió con el ex general Jorge Videla, el ex almirante Emilio Massera y otros siete ex militares.
Este operativo podría dar un fuerte impulso a las investigaciones orientadas a probar que el delito de secuestro de menores, robo de identidad y falsificación de documento público, fue un crimen sistemático de la dictadura y que respondía a un plan preconcebido.
Esta acusación no fue incluida en el juicio de mediados de los años 80, que concluyó con la condena de los ex comandantes de las juntas militares dictatoriales.
Se creía entonces que la desaparición de niños se había dado como casos aislados. No obstante, cuando se aprobaron las leyes de amnistía para militares procesados se excluyó del perdón este delito, que continúa perpetrándose mientras los menores continúen en carácter de desaparecidos o secuestrados.
Los nueve oficiales apresados en Mar del Plata son acusados de apropiación directa y, según fuentes judiciales, en los próximos días podrían ordenarse más detenciones.
También informaron que serían cerca de 20 los jóvenes que deberán decidir si aceptan que se les hagan análisis genético para comprobar su verdadera identidad.
El operativo policial dispuesto por la jueza Servini de Cubría forma parte de una causa iniciada a mediados de 1999 ante denuncias de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.
Esa organización humanitaria fue creada con el fin de dar con el paradero de unos 500 menores y ya logró ubicar, y en muchos de los casos restituir, a 64 de ellos.
El hecho de que los bebés secuestrados al nacer en los años 70 hoy sean mayores de edad obliga a tener su autorización para realizarles las pruebas sanguíneas de identificación, y algunos se han negado a hacerlo.
La magistrada, que indagará a los detenidos a partir del próximo martes en Buenos Aires, ordenó allanamientos en la propia sede del comando de la Armada y otras dependencias de esa fuerza, donde encontró irregularidades diversas en documentos de la época sobre nacimientos.
En las actuaciones se hallaron anotaciones de mujeres que dieron a luz en sus viviendas, una práctica no habitual en Argentina, o en localidades desconocidas, y nacimientos de matrimonios de padres infértiles, entre otras presuntas irregularidades.
Estas formas intentarían ocultar el secuestro y cambio de identidad de hijos de personas desaparecidas.
Las Abuelas le acercaron a la jueza una partida de nacimiento irregular de una joven nacida durante la dictadura y cuyos supuestos padres se mudaron repentinamente apenas fue detenido el ex suboficial Policarpo Vázquez, acusado de apropiarse de la hija de una pareja de desaparecidos.
Vázquez formó parte del grupo de militares detenidos el viernes, y se cree que habría brindado información a la magistrada para esta causa. También hubo otros testimonios que fueron claves para ordenar el operativo policial en el barrio castrense.
La joven anotada como hija de Vázquez hoy tiene 22 años y hasta ahora no aceptó hacerse el examen genético. Pero su casi segura abuela legítima, Inocencia Pegoraro, confía en que lo hará cuando pasen las presiones de sus apropiadores, que ella creía hasta ahora eran sus padres biológicos.
"Pobrecita, debe estar muy mal, la entiendo y no quiero obligarla a nada, solo quisiera saber la verdad, confirmar si es mi nieta, saber que está viva y que está bien", dijo entre sollozos Pegoraro, quien trabaja con Abuelas de Plaza de Mayo desde hace más de 20 años en busca de su nieta.
Su hija, Susana Pegoraro, estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada por fuerzas represivas y actualmente permanece desaparecida junto a su esposo, el ciudadano alemán Rubén Bauer. (FIN/IPS/mv/dm/hd/00)
