El gobierno de Argentina, encabezado por Fernando de la Rúa, tomó distancia de la administración anterior, de Carlos Menem, al anunciar que pasará a la justicia el caso de los militares requeridos por tribunales de España por violaciones a los derechos humanos.
El nuevo gobierno, que asumió el 10 de diciembre, aseguró que dejará la decisión en manos de los jueces, cuando reciba la solicitud de captura internacional de 48 ex oficiales argentinos emitida por el juez español Baltasar Garzón.
De la Rúa agregó, cauto, que defenderá el sistema jurídico argentino, en una declaración que no se explaya sobre los alcances que tendrá la respuesta de su administración a este asunto.
El nuevo gobernante hubiera querido no heredar este asunto, pero ante el giro de la situación su posición es respetar la independencia del Poder Judicial.
De esta manera, los ex generales Jorge Videla, Emilio Massera, Leopoldo Galtieri, Carlos Suárez Mason y otros 44 ex militares acusados de delitos contra los derechos humanos, perpetrados durante la dictadura (1976-83), podrían terminar sus días en una prisión española.
El caso podría toma un giro similar al que se sustancia contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, también requerido por Garzón y en la actualidad detenido en Londres.
De la Rúa dijo este fin de semana que "considerará" un eventual pedido de extradición, pero aclaró que será la justicia la que se expida sobre el caso de aquellos militares que fueron condenados por la desaparición de unas 10.000 personas, luego de ser secuestradas y torturadas en centros ilegales de detención.
Del mismo modo, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini confirmó que "la justicia argentina deberá resolver el destino de esos (48) ex militares" y remarcó que "el gobierno tiene la intención de no entorpecer la acción judicial", ni mucho menos aparecer defendiendo a gente acusada de genocidio.
Garzón dictó el procesamiento de 98 militares argentinos el 2 de noviembre, pero la medida se hizo efectiva el 30 de diciembre, cuando giró a Interpol (policía internacional) la orden de captura internacional para 48 de los procesados, sobre los cuales se cuenta con datos personales completos y fehacientes.
Esa lista puede incrementarse más adelante cuando se agreguen datos sobre el resto de los procesados, explicó desde Madrid uno de los abogados de las víctimas, el argentino Carlos Slepoy.
La orden de captura resulta al menos incómoda para el nuevo gobierno. Los ex jefes de la última dictadura militar fueron condenados y, tras purgar los primeros años de prisión, fueron liberados por un indulto presidencial otorgado por Menem, a pesar del rechazo de las organizaciones humanitarias.
Sin embargo, una nueva causa judicial abierta en Argentina dos años atrás permitió que nueve de esos ex militares volvieran a ser procesados con prisión, la mitad de ellos en régimen domiciliario en atención a un beneficio que otorga la justicia a personas mayores de 70 años.
Esta causa refiere a la desaparición de menores hijos de prisioneros ilegales, que fueron secuestrados y cambiadas sus identidades.
Se trata de cerca de 500 personas, hoy mayores de edad, 50 de las cuales ya fueron encontradas por sus familiares, algunas viviendo con sus apropiadores y otros adoptados de buena fe por matrimonios que desconocían su origen.
En enero de 1998, el entonces presidente Menem negó asistencia jurídica a España por el reclamo de ex militares, basándose en el principio de territorialidad, la misma tesis que defiende Chile en el caso Pinochet.
Menem, en solidaridad con el gobierno chileno Eduardo Frei, se negó a concurrir a la Cumbre Iberoamericana realizada en noviembre en La Habana y en la que participó el jefe del gobierno español José María Aznar.
Además, Menem cuestionó la actitud del juez Garzón, a quien acusó de buscar protagonismo en los medios de prensa y de intentar violar la soberanía jurídica argentina.
El nuevo canciller, en cambio, aclaró que no es intención del gobierno de De la Rúa aparecer defendiendo a los militares acusados de genocidio, y admitió que el presidente podría, incluso, derogar el decreto de Menem que negó asistencia a Garzón.
Sin embargo, fue ambiguo respecto de la nueva postura ante el problema, más allá de afirmar que la decisión está en manos de la justicia.
Rodríguez Giavarini dijo coincidir con la idea del papa Juan Pablo II, el cual en su mensaje del 1 de enero advirtió que "los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación".
La posición del Papa avala la creación de un Tribunal Penal Internacional para este tipo de crímenes, una iniciativa que también apoya el nuevo gobierno argentino al igual que su antecesor Menem.
El problema está en dilucidar si esa Corte a crearse servirá o no para juzgar delitos cometidos en el pasado, que ya recibieron condena en el país en el que se perpetraron los crímenes, o solo tendrá atribuciones en los casos que surjan en el futuro. (FIN/IPS/mv/dm/hd ip/00)
