Representantes de empresas internacionales de software se pronunciaron hoy en la capital de Panamá a favor de leyes y controles más estrictos, para combatir la piratería de esos productos en América Latina.
El gerente regional de la Bussines Software Alliance, Jonathan Taub, dijo a IPS que los países latinoamericanos deben adoptar legislaciones eficaces en materia de derecho de autor, para proteger las producciones originales que forman parte de la propiedad intelectual.
"Robar un software legal es igual que robar un automóvil", subrayó Taub, en su llamado a la prevención de ese tipo de delitos, luego de completar un examen sobre el papel de la industria de las tecnologías de la información en los gobiernos, empresas y consumidores latinoamericanos.
Según la compañía consultora Price Waterhouse Coopers, la piratería de software en América Latina alcanza unos 5.000 millones de dólares, lo que afecta en forma negativa a las economías de los países de la región.
Taub consideró que además de las sanciones a quienes propician o realizan un negocio ilegal de esas producciones, es necesario educar a la población para que consuma productos legítimos.
El tema fue abordado recientemente por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, quien sostuvo que los países de la región "tienen mucho que ganar" con el uso adecuado de la tecnología.
"Una gestión eficaz de los productos de software permitiría a los gobiernos e instituciones proporcionar servicios más rentables y modernizar sus operaciones", puntualizó Iglesias, al reflexionar sobre el futuro de América Latina.
Al respecto, el informe de Price Waterhouse Coopers precisó que la industria de software generó 3.540 millones de dólares en ventas, 137.345 empleos y 1.240 millones de dólares en ingresos fiscales en toda América Latina en 1998.
Los expertos estiman que el mercado de software en la región crecerá en 18 por ciento anual y producirá 193.735 empleos y unos 2.400 millones de dólares en ingresos fiscales en el 2002, como resultado directo del aumento del número de usuarios de computadoras personales y servidores de redes.
El mercado total latinoamericano de paquetes de software alcanzará los 6.850 millones de dólares en el año 2000, de acuerdo con esas predicciones.
Sin embargo, los fabricantes y distribuidores de productos tecnológicos coinciden en señalar que un obstáculo para la globalización del mercado de esos productos es la falta de eficacia en los sistemas de protección de propiedad intelectual, que se acentúa con el uso de redes, como Internet.
"La piratería y una actitud relajada hacia la protección de la propiedad intelectual producen un efecto de congelación en el desarrollo del software", subrayó el informe de Price Waterhouse Coopers divulgado en Panamá.
Al respecto, Antonio Latorraca, socio director de esa empresa consultora, dijo a IPS que Panamá, situado en el lugar número 11 en la distribución de copias ilegales de software en la región, ha empezado a aplicar con rigor una serie de sanciones a firmas y personas que violan la propiedad intelectual.
Subrayó que esa industria proporcionó a la economía panameña unos 20 millones de dólares en ingresos en 1998 y generó unos 717 empleos.
Latorraca vaticinó que la venta de paquetes de software en Panamá crecerá 16 por ciento y alcanzará unos 36 millones de dólares en el 2002.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Software, Julio Arango, dijo a IPS que es necesario adaptar la ley de derecho de autor, promulgada en 1994, porque está más orientada a la protección de libros y películas.
Arango precisó algunas empresas internacionales tienen interés en que se ajustes se apliquen con rapidez, ya que consideran a Panamá como un futuro centro de desarrollo, producción y redistribución de software hacia América Latina.
Recordó que existen regulaciones del comercio mundial que afianzan ese criterio y marcan una tendencia hacia la aplicación de severas sanciones, entre ellas la destrucción de copias ilegales y la imposición de multas por delitos que implican, además, defraudación fiscal.
En 1999, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico planteó que "la capacidad de crear, distribuir y explotar el conocimiento y la información se está convirtiendo rápidamente en la principal ventaja competitiva, de creación de riqueza y de mejoras en la calidad de vida".
No obstante, advirtió que si los gobiernos desean obtener los máximos beneficios de la ciencia y de la tecnología, deben aplicar las políticas adecuadas en cada sitio, como la protección de la propiedad intelectual y prácticas destinadas a evitar el robo de productos tecnológicos. (FIN/IPS/dc/ag/cr/00
