Juana Xinia Morales, una oficial de la policía fronteriza costarricense de 36 años, está convencida que Costa Rica y Panamá deberían unir esfuerzos para combatir la delincuencia.
Morales combina sus labores policiales, que le exigen vestir uniforme y portar un revólver calibre 38, con las de ama de casa y líder comunal del pueblo de La Palma de Paso Canoas, limítrofe con Panamá.
Por eso viajó hasta la ciudad panameña de David de Chiriqui, donde 57 representantes y alcaldes de los municipios fronterizos de Costa Rica y Panamá decidieron formar una alianza para hacer frente a sus problemas comunes.
"Hay delincuentes que cometen sus fechorías del lado costarricense y escapan al territorio panameño, y ya del otro lado de la frontera no podemos atraparlos", dijo Morales, quien asegura que una mayor colaboración entre los policías de ambos países reduciría la impunidad.
Los representantes fronterizos nombraron el día 15 la primera junta directiva binacional de la Comisión Intermunicipal para el Desarrollo Fronterizo de Costa Rica y Panamá.
Esta junta, que tiene dos copresidentes, uno costarricense y otro panameño, ya trazó un plan de trabajo para resolver problemas comunes ambientales, de seguridad fronteriza, de tráfico de drogas, de carreteras, de educación y de salud.
"Hemos descubierto que si en nuestros municipios trabajamos aisladamente hay muy pocos recursos y falta personal, pero si unimos fuerzas somos más", dijo a IPS Efraín Araúz, copresidente panameño de la junta directiva intermunicipal.
El nombramiento de este equipo de trabajo es una manera de oficializar políticamente una cooperación que se viene dando desde hace muchos años entre los municipios fronterizos de Costa Rica y Panamá.
"Este es un ejemplo de cómo debería promoverse la integración en América Central, es decir, desde abajo, desde la gente, desde las fronteras", indicó Luis Guillermo Solís, gerente técnico del Proyecto de Cooperación Transfronteriza en Centroamérica.
Este proyecto forma parte de los programas de la no gubernamental Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia (Funpadem), que con el auspicio de la estadounidense Fundación Ford apoya la cooperación entre los municipios fronterizos de América Central.
"Lo que estamos haciendo es una diplomacia preventiva, pues sabemos que entre los pueblos fronterizos no hay problemas, los problemas por las fronteras son entre las cancillerías", apuntó Solís.
Los gobiernos de la región mantienen litigios y enfrentamientos fronterizos, un problema que data del siglo XIX, en los primeros años de la independencia centroamericana, cuando la España definió los límites con poca claridad.
En las 10 fronteras centroamericanas habitan cerca de 3,6 millones de personas, alrededor del 10 por ciento de la población del istmo, que en su mayoría vive en condiciones de pobreza.
En América Central hay siete países que limitan al norte con México y al sur con Colombia, con un total de 3.941 kilómetros de fronteras.
En las regiones limítrofes de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Pamaná se encuentra alrededor de 40 por ciento de la extensión de reservas forestales y áreas protegidas de toda la región.
Por eso los funcionarios de Funpadem subrayan la importancia estratégica de trabajar en estas zonas, que tradicionalmente no han sido prioridad para los gobiernos.
Actualmente hay diferencias de límites entre los gobiernos de la región, pero entre las comunidades fronterizas hay un intenso intercambio cultural, social y comercial.
"Para nosotros no hay fronteras ese es un invento de los hombres", comentó Asisclo Romero, regidor del municipio costarricense de Talamanca, limítrofe con Panamá.
Romero es representante de una comunidad indígena de las etnias bri-bri y cabécar. Nació en la reserva indígena bri-bri, pero como del lado costarricense no había escuela, aprendió a leer y a escribir del lado panameño, en el pueblo de Guabito.
"Aquí la gente es la misma de uno y del otro lado de la frontera, tenemos amigos y familiares aquí y allá, nosotros no tenemos conflictos, son los gobiernos los que los hacen", afirmó.
Costa Rica tiene tres municipios que limitan con cuatro ayuntamientos panameños, que con el tiempo han aprendido a colaborar para unir esfuerzos en trabajos comunales.
Por convenios a los que han llegado es frecuente que las autoridades de Talamanca ayuden a sus vecinos panameños con su maquinaria de construcción, mientras que el municipio de Changuinola responde la cortesía con la donación o la venta más barata de lastre para las vías costarricenses.
"Es más, hay gente que tiene las dos nacionalidades, tienen cédula de Costa Rica y cédula de Panamá", comentó Carlos Dixon, alcalde del municipio costarricense de Talamanca.
Dixon, de 33 años, es otro reflejo del tenue hilo de la frontera: nació en Costa Rica, creció en las panameñas Islas de Bocas del Toro, hizo el servicio militar en Panamá y regresó a vivir a su país natal.
"Los gobiernos centrales deberían aprender de nosotros, la gente de las fronteras, que vivimos en armonía", dijo Dixon.
Los funcionarios de Funpadem aseguran que ya han sembrado la semilla de estos programas de cooperación oficial entre los municipios de la región y ahora le corresponde a la sociedad civil mantenerlos y consolidarlos.
En el resto de las fronteras centroamericanas también están trabajando por promover programas de cooperación diseñados de acuerdo con la realidad de cada una de las áreas.
Entre los programas paralelos que está realizando Funpadem se encuentra la elaboración de un atlas centroamericano, con información geográfica y de población detallada de todo el istmo. (FIN/IPS/nm/ag/ip dv/00