Las cárceles de América Central son bodegas de seres humanos, atestadas de presos sin condena, indicó un informe difundido por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
En toda la región, la prisión preventiva es la regla y no la excepción, los delitos menores se castigan en forma excesiva y queda impune la corrupción de cuello blanco, se señaló en el estudio, titulado "¿Sistema penitenciario en Centroamérica o bodegas humanas?".
El documento recopiló datos de las cárceles de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
"Con esta investigación se comprueban las deficiencias del sistema de administración de justicia de toda la región", indicó a IPS Factor Méndez, coordinador general de la Codehuca.
Para los activistas en derechos humanos, el dato más alarmante aportado por la investigación es el que señala que las prisiones del istmo están atestadas con personas privadas de su libertad que no han recibido una sentencia.
El país con mayor índice de reos sin condena es Honduras, cuyos "no sentenciados" son 92 por ciento del total de la población carcelaria, seguido por Panamá (80 por ciento), El Salvador (76 por ciento) y Guatemala (75 por ciento).
El informe señala que si se sentenciara a esos detenidos, sería probable que a muchos se les impusieran penas menores que el tiempo que llevan en prisión, de modo que ya habrían cumplido su condena cuando fueran recibieran la sentencia.
En los demás países estudiados se presenta el mismo problema judicial. Setenta por ciento del total de encarcelados en Nicaragua no han sido condenados y en Costa Rica la cifra asciende a 35 por ciento.
"La gran virtud de este documento es que sistematiza en forma científica una realidad que todos intuíamos y que esperamos que cause un gran impacto en las autoridades y la sociedad civil", dijo Méndez.
El estudio destaca que los países de la región no brindan reparaciones económicas por la reclusión en condiciones infrahumanas a los detenidos y sus familiares, cuando se corrobora que los presos eran inocentes.
"El sistema penitenciario de Centroamérica es un submundo", afirmó en la introducción del libro su autora, la investigadora Alma Benítez, quien opinó que el hacinamiento ha convertido a las cárceles en "bodegas humanas" donde los jueces envían a los sospechosos de haber cometido delitos.
Los reos son sometidos al ocio por ausencia de programas laborales, a la mala alimentación, a la falta de atención de su salud, a la ausencia de programas educativos, a la tortura y a la indefensión legal, todo lo cual viola los derechos humanos.
El estudio sostiene que las iniciativas de investigación de delitos y las órdenes de captura tienen un matiz muy discriminatorio en la región.
"Más de 90 por ciento de la población reclusa es de bajos recursos económicos y no puede pagar una defensa privada, por lo que queda al arbitrio de la 'buena voluntad' de un defensor público de oficio, que en la mayoría de los casos los imputados conocen solamente al realizarse la vista pública", apuntó Benítez.
En toda América Central la falta de sentencias a los presos se combina con el hacinamiento.
La muestra más cruda de esta realidad es Honduras, donde 24 centros penitenciarios alojan a 9.773 reclusos, de los cuales sólo 883 han recibido una sentencia.
Según los datos de la Codehuca, la sobrepoblación en las cárceles hondureñas ha sido una constante durante los años 90, y en la actualidad hay un excedente de 5.000 presos, que supera la capacidad de las prisiones en 247 por ciento.
Una situación parecida se registra en los restantes países. En Costa Rica la capacidad de las cárceles se ve sobrepasada en 219 por ciento, y en El Salvador en 204 por ciento. En Guatemala no fue posible realizar el cálculo con precisión.
El informe no sólo denunció la violación de los derechos humanos de los reclusos centroamericanos, sino que también planteó más de 30 recomendaciones a los gobiernos locales.
La Codehuca pidió a Belice y Guatemala que eliminen la pena de muerte, y solicitó a las autoridades de todo el istmo que detengan las prácticas crueles e inhumanas en las prisiones y que modifiquen los códigos procesales y penales, para que exijan el respeto de las garantías fundamentales.
También señaló que es preciso cambiar la actitud de los jueces de la región, quienes aplican métodos "inquisitorios y represivos", y rediseñar las cárceles para mujeres del istmo, para que sea posible que las presas trabajen y reciban a sus hijos. (FIN/IPS/nms/mp/ip hd/99)
