Las cárceles de Uruguay afrontan graves problemas de hacinamiento, tráfico de drogas, fugas reiteradas y reclusos portadores de VIH sin adecuada atención, ante lo cual las autoridades se muestran impotentes, afirmó el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
La organización humanitaria internacional aseguró en su informe anual que en los establecimientos penales es donde se registraron las mayores violaciones a los derechos humanos en 1999 en este país.
Los estudios sobre el sistema carcelario indican que la crisis tiende a "agudizarse aún más", advirtió Raúl Martínez, coordinador en Uruguay de Serpaj, organización no gubernamental que tiene carácter consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas.
El informe de Serpaj sostiene, además, que se "están vulnerando derechos fundamentales no sólo de la población privada de libertad, cuyo único derecho conculcado debería ser el de la libertad ambulatoria", sino también la de otros actores directos e indirectos del sistema.
Al respecto, se señala que a mediados de noviembre dos defensoras de oficio y dos funcionarios judiciales fueron secuestrados y utilizados como rehenes por reclusos que trataron de huir de la principal cárcel de Montevideo, el Complejo Carcelario (Comcar).
El incidente finalizó, luego de varias horas de persecución por las calles de la capital uruguaya, con los presos capturados y una de las funcionarias detenida, al ser confundida como cómplice por la policía.
A raíz de este hecho, los abogados de oficio resolvieron informar por escrito de sus actuaciones y dejar de visitar a sus defendidos en las cárceles. El 90 por ciento de los presos en Uruguay es asistido por estos profesionales.
La Suprema Corte de Justicia, de la que dependen los reclusos, y el Ministerio del Interior, a cargo de las cárceles, no han podido encontrar hasta ahora una salida para esta situación.
Mientras tanto, la población carcelaria continúa creciendo en Uruguay, registrándose un aumento de 120 por ciento entre 1984 y 1999.
Las visitas realizadas este año por Serpaj a cárceles representativas del país arrojaron un saldo negativo.
Entre las mayores preocupaciones de la organización humanitaria figuran el tratamiento inadecuado que reciben los presos con problemas de salud, en especial los portadores de VIH, y la falta de talleres de trabajo y de planes educativos.
Las inspecciones de Serpaj constataron insuficiente número de médicos, falta de medicamentos, deficiente seguimiento de los pacientes y ausencia de tratamientos de las enfermedades, medidas profilácticas y de prevención de afecciones.
En todas las cárceles visitadas se comprobó que albergan una cantidad de reclusos muy superior a "la capacidad real instalada".
La que enfrenta el mayor problema de este tipo es el Comcar, ubicado en la periferia de Montevideo, con casi 80 por ciento más de presos que los habilitados.
Esta situación se refleja en las pretensiones de implementar planes de reeducación y control, ya que el hacinamiento no permite separar a los reclusos por categorías, (primarios, procesados, penados, jóvenes y adultos) y la falta de higiene aumenta el riesgo de contraer enfermedades.
El hacinamiento es un peso sobre los reclusos que se ve aumentado, en general, por la falta de espacios abiertos suficientes para realizar actividades físicas y de esparcimiento.
La precariedad de las instalaciones destinadas a dormitorios, baños y demás servicios son aspectos que agravan la situación.
"Por razones presupuestales, la provisión de elementos de limpieza es escaso y el acceso al agua potable y a los baños está restringido", apunta el informe de Serpaj divulgado el viernes.
El tráfico de drogas es otro de los problemas graves y de difícil control, admiten las autoridades.
Este asunto está siendo encarado ahora por la estatal Junta Nacional de la Droga, que comenzó un programa de educación en todos los centros carcelarios del país.
Serpaj entiende que la grave situación en el sistema carcelario no ha sido tratada a fondo por el gobierno de Julio María Sanguinetti y las soluciones parciales no son adecuadas para superar la crisis.
"Se requieren políticas de Estado, globales y sin dilaciones", que tengan como centro las principales deficiencias", indica el estudio anual de la organización humanitaria.
Explica que la "superpoblación, la falta de personal especializado, la inconveniencia de que las cárceles dependan del Ministerio del Interior y la implementación de condiciones que aseguren a los presos un trato adecuado según las convenciones internacionales", son asuntos a resolver de manera urgente.
El gobierno anunció que en enero comenzará la construcción de un establecimiento carcelario modelo para jóvenes primarios de entre 18 y 29 años, con un número limitado de 300 plazas, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y a un costo cercano a los cinco millones de dólares.
Sin embargo, este proyecto "corre el riesgo" de sufrir el mismo destino del Comcar, inicialmente proyectado como cárcel modelo, sino cambia la actual política carcelaria, afirmó Serpaj (FIN/IPS/rr/dm/hd ip/99)
