Uruguay tiene indicadores sociales aceptables pero aún persisten varias carencias que afectan a niños y adolescentes, algunas de las cuales pueden solucionarse, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La representante de Unicef en Uruguay, Sonia Eljach, ubicó a este país, junto con Argentina y Chile, como los tres de América Latina que presentan los indicadores más altos de supervivencia infantil y educación.
La diferencia en favor de los países sudamericanos es más notoria si se los compara con varias naciones africanas, donde el sida «se lleva casi un millón de muertos e infectados cada año», mientras que la expectativa de vida al nacer bajó de 60 a 40 años.
Uruguay está en inmejorables condiciones para dar cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, teniendo como base los imporantes avances que este país sudamericano ha registrado en el crecimiento de la riqueza nacional, señaló Eljach.
Uruguay tiene una sociedad civil organizada, activa y comprometida con los derechos de la infancia, pero «está a mitad de camino» en la aplicación de los principios de la convención, dijo la funcionaria al presentar el Informe Mundial de la Infancia a mediados de este mes.
Los indicadores establecen que en Uruguay más de 40 por ciento de los niños de hasta 13 años vive en el 20 por ciento de los hogares más pobres.
Pese a los avances, aún se registran grandes diferencias en el acceso a la educación y a la salud. Cuatro de cada 10 menores uruguayos padecen situaciones que afectan su normal desarrollo físico y afectivo, y todavía no ha sido posible erradicar el trabajo infantil.
La agenda de Unicef indica que 39 por ciento de los niños uruguayos pedecen alguna forma de maltrato físico o psíquico, lo que muestra que cuatro de cada 10 niños sufren situaciones de ese tipo que afectan su normal desarrollo físico y afectivo.
Un informe eleborado por expertos a pedido de la organización, al que tuvo acceso IPS, abundó en los problemas que afectan a gran parte de los habitantes de la capital uruguaya, donde vive 42,5 por ciento de los 3,2 millones de habitantes del país.
En Montevideo, 47,6 por ciento de los habitantes de asentamientos irregulares son niños, niñas y adolescentes que padecen notorias carencias sanitarias, económicas y educativas.
El fenómeno de los asentamientos irregulares ha crecido en los últimos años y, según el estudio, en la actualidad, 94 por ciento de los mismos se ubica en la periferia de Montevideo y en ellos vive casi 37 por ciento de la población total de la capital.
Montevideo tiene una tasa de crecimiento anual de entre dos y tres por ciento, pero en esas áreas periféricas, donde están los asentamientos irregulares, la población creció a un ritmo de 8,8 por ciento al año, aumentando la desigualdad.
El promedio de años de estudio de los habitantes de los asentamientos es inferior al nivel de enseñanza obligatoria y en las zonas de cobertura para preescolares es casi nula.
El 95 por ciento de los niños entre cinco y 13 años de las zonas estudiadas asisten a la escuela primaria. De ellos, 29 por ciento tiene una edad superior a la ideal para el año que cursan.
Entre los adolescentes de 14 a 17 años, la educación está a un nivel inferior que en el caso de los niños: 37 por ciento no asiste a ningún centro educativo, estableció el estudio.
De los adolescentes encuestados, 38,5 por ciento declaró desempeñar tareas remuneradas y 20 por ciento del dinero obtenido lo vuelca a las necesidades del hogar.
El estudio constató la inexistencia de saneamiento adecuado y destacó que muchas familias comparten los llamados «pozos negros» en los que se vierten las aguas servidas.
También se constató la carencia de baños y un número adecuado de dormitorios en función del tamaño del núcleo familiar, lo cual genera alto hacinamiento, señaló el análisis.
En su informe anual sobre Uruguay, Unifef puso el énfasis en uno de los instrumentos que a su juicio pueden solucionar muchos de esos problemas.
Así, marcó la demora legislativa en aprobar el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, que recoge el mandato de la Convención de los Derechos del Niño aprobada en 1989 por la Asamblea General de la ONU.
Ese Código busca adecuar las normas a la realidad contemporánea, ya que el actual rige desde 1934, y está siendo reclamado por juristas y especialistas en temas de minoridad.
El texto le otorga a los niños y adolescentes una mayor protección de sus derechos en todos los terrenos, al tiempo que crea normas para evitar la sustracción y tráfico de recién nacidos, y la posibilidad de que los niños conozcan su origen real luego de los 12 años.
Luego de varios años de estudio, el Código fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero se encuentra actualmente detenido en el Senado, donde mereció algunas objeciones.
La meta de la oficina de Unicef en Uruguay es que el Código sea aprobado en el transcurso del 2000. (FIN/IPS/rr/ag/hd/99
