Más de 700 personas —366 trabajadores agrícolas y sus familias— serán expulsadas antes de Navidad de una granja de Sudáfrica donde vivieron durante décadas, luego que su sindicato renunció a sus derechos sobre la tierra.
La mayoría de los trabajadores han vivido desde que nacieron en la tierra ahora conocida como Maswiri Boerdery, una granja citrícola cerca de la frontera con Zimbabwe.
Muchos, como Azwitamisi Kwinda, de 40 años, comenzaron su penosa vida laboral de niños.
"Comencé a trabajar cuando aún no era capaz de cargar cinco litros de agua, empacando naranjas. Nuestro salario promedio era de 335 rands por mes (unos 55 dólares) y a veces sólo nos pagaban cada seis semanas. Trabajábamos de 7 am a 5 pm de lunes a sábados. Ahora no tenemos nada", relató Kwinda.
Kwinda y sus colegas están desempleados desde febrero de 1998, cuando el granjero blanco Andries Fourie los despidió luego que se afiliaron a un sindicato en un intento por mejorar sus condiciones laborales.
Pero el sindicato firmó un acuerdo con Fourie en el que renunció a los derechos de los trabajadores sobre la tierra, y por lo tanto éstos serán expulsados antes del día 18.
El Sindicato de Autoridades Sudafricanas (TUSAA), en el que los trabajadores de Maswiri habían cifrado sus esperanzas de justicia, proclamó el acuerdo como una "victoria para las relaciones laborales".
Sin embargo, tras examinarlo detenidamente "los trabajadores descubrieron que habían sido traicionados por el sindicato en el que depositaron su confianza", informó la Asociación de Desarrollo de Nkuzi, una organización no gubernamental defensora de los derechos sobre la tierra que ayuda a los trabajadores.
"A cambio del derecho a recuperar el empleo, el sindicato renunció al derecho de los trabajadores a residir en la granja. Aquellos que no vuelvan a solicitar su empleo tienen hasta el día 18 para abandonarla", y recibirán una compensación equivalente a 15 dólares, explicó Nkuzi.
"No sorprende que sólo siete de los 373 empleados despedidos hayan sido recontratados", agregó.
Esta situación hará que 366 trabajadores y sus familias, entre ellos más de 400 niños y muchos ancianos, se incorporen a la creciente masa de desocupados, pobres y sin techo.
Peor aún, observó Nkuzi, la Corte Laboral de Sudáfrica aprobó el acuerdo aunque éste contradice la Ley de Extensión de la Garantía de Tenencia, de 1997, destinada a impedir los desalojos forzados.
La ley establece estrictas exigencias, incluso una orden judicial y la disposición de alojamiento alternativo, para que tenga lugar una expulsión.
"Es realmente vergonzoso que un supuesto sindicato y una corte laboral presten su autoridad para la expulsión de trabajadores y sus familias", expresó Nkuzi.
Los desalojos de granjas en vísperas de la temporada de vacaciones eran comunes en la época del apartheid (régimen de segregación racial), pero actualmente las leyes de reforma agraria progresiva adoptadas desde el inicio de la democracia en 1994 lo prohíben, al menos en el papel.
"Desafortunadamente, el apartheid todavía existe en las granjas de la Provincia del Norte", lamentó Nkuzi.
En el distrito de Messina/Tshepise, donde está Maswiri Boerdery, abundantes informes sobre abusos de los empleadores sobre sus trabajadores y la justicia penal local llamaron la atención este año de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica.
La comisión descubrió que al menos 45 por ciento de los 27.000 habitantes de Messina, predominantemente negros, están desempleados, y la única fuente de empleo disponible son las granjas de propietarios blancos, que producen naranjas y tomates para exportación.
Pese al enorme desempleo, muchos granjeros prefieren contratar a inmigrantes de Zimbabwe porque están dispuestos a trabajar por sólo cinco rands (0,82 dólares) al día, y esto generó reacciones xenofóbicas.
La proximidad a la frontera con Zimbabwe permitió que Fourie despidiera a sus empleados sudafricanos y mantuviera su granja en funcionamiento tras contratar a 500 inmigrantes de Zimbabwe -a cambio de salarios más bajos- y alojarlos en viejos cobertizos.
Ahora, los trabajadores despedidos planean reunirse el día 18, en que deberán abandonar la propiedad, para decidir las medidas a tomar.
Mientras, Nkuzi pidió a los gobiernos nacional y provinciales que intervengan para impedir el desalojo y procuró asistencia jurídica para los trabajadores, tras advertir que las expulsiones podrían tener graves repercusiones sobre otros empleados de granjas de todo el país.
"Si el desalojo se lleva a cabo, todos los propietarios de tierras deducirán que pueden desobedecer la Ley (de Extensión de Garantía de Tenencia) y que las reformas de los últimos cinco años no significan nada", previno Nkuzi. (FIN/IPS/tra- en/do/mn/mlm/lb-hd/99
