Los asesinatos, secuestros y violaciones de civiles aumentaron en Sierra Leona en los últimos tres meses pese a la firma de un acuerdo de paz, denunció la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.
"Los ex líderes rebeldes que ahora ocupan cargos públicos deben utilizar su influencia sobre sus ex combatientes y exhortarlos a poner fin a los ataques contra civiles", urgió la organización con sede en Londres en una declaración que llegó a IPS.
La dimensión de los abusos contra civiles se redujo significativamente tras el acuerdo de paz firmado en Lomé, Togo, en julio de este año. Sin embargo, la campaña de intimidación y terror contra civiles resurgió, particularmente en la Provincia del Norte.
Tanto Foday Sankoh, líder del Frente Revolucionario Unido, como Johnny Paul Koroma, líder del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tomó el poder en mayo de 1997 y gobernó hasta febrero de 1998, ocupan ahora altos cargos oficiales.
Otros miembros de ambos grupos obtuvieron secretarías o subsecretarías de Estado.
Aunque el acuerdo de paz otorgó una amnistía general a los insurgentes por todos los actos cometidos durante el conflicto civil de ocho años, incluidas graves violaciones a los derechos humanos, la amnistía no se extiende a las atrocidades perpetradas desde la firma del tratado.
"Debe quedar claro a los rebeldes combatientes que serán responsabilizados por sus abusos. Los responsables deben ser identificados y llevados ante la justicia", declaró Amnistía.
Francis Okelo, representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió a las partes del acuerdo que deben respetar sus términos y tratar de impedir que sus ex combatientes cometan abusos contra civiles.
En una rueda de prensa en la capital de Sierra Leona, Freetown, Okelo denunció el día 22 que en el distrito norteño de Port Loko se cometen "asesinatos, violaciones, secuestros e incendios casi a diario".
En un incidente ocurrido hace cerca de dos semanas, ex rebeldes interceptaron un jeep perteneciente a una organización humanitaria y obligaron a todos sus ocupantes, entre ellos madres lactantes y niños desnutridos, a internarse con ellos en la selva, donde golpearon y violaron a algunos de ellos.
"La reiteración de violaciones en varias partes del país generan gran preocupación porque viola las leyes y, si esta tendencia no cambia, podría hacer fracasar el acuerdo", dijo el representante especial.
Okelo, quien también encabeza la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (Unamsil), insistió en que los civiles secuestrados por fuerzas rebeldes deben ser liberados de inmediato, de acuerdo con el pacto de Lomé.
Otra grave violación al acuerdo de paz fue el asesinato hace dos semanas del jefe tradicional Pa Hassan Kamara en el distrito de Kambia, sobre la frontera con Guinea, por parte del insurgente Frente Revolucionario Unido.
Kamara fue asesinado porque se negó a entregar a los rebeldes 200 dólares que éstos le exigían.
Okelo condenó la actitud de los rebeldes, en especial la obstrucción del acceso de organizaciones humanitarias a algunas partes del país donde numerosos civiles permanecen atrapados.
Quizá lo que más preocupa a la población son las aparentes divisiones en el movimiento rebelde. Muchos de ellos se oponen al programa de desarme, desmobilización y reintegración, que debe abarcar a unos 45.000 ex combatientes.
Desde que se lanzó el programa hace dos meses, sólo unos 1.070 combatientes se incorporaron a él. Una cuestión clave es su futuro en el ejército, que las autoridades de Freetown manejan con cautela.
"La comunidad internacional debería ejercer toda la presión posible sobre actuales y antiguos líderes rebeldes para que cumplan el compromiso de respetar los derechos humanos fundamentales de todos los sierraleonenses", instó Amnistía.
El acuerdo de paz especifica que todos los civiles secuestrados por los insurgentes deben ser liberados, pero más de 2.000 niños y niñas permanecen desaparecidos desde la incursión rebelde en Freetown, en enero de este año.
"Casi sin excepción, las mujeres y niñas fueron violadas o sometidas a otras formas de abuso sexual", denunció Amnistía.
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza internacional de paz de 6.000 hombres para ayudar en la aplicación del acuerdo de paz, y en especial para vigilar el cese del fuego y el desarme y la desmovilización de los ex combatientes.
La fuerza comenzó a llegar esta semana a Sierra Leona. Los primeros miembros de la fuerza en llegar fueron principalmente oficiales de Kenia e India, además de un enorme avión cargado de material logístico.
Kenia e India aportaron un batallón cada una, y otros tres batallones procederán del actual contingente nigeriano, que domina la fuerza de paz de Africa occidental (Ecomog).
Así mismo, Ghana y Guinea, que también tenían tropas en Ecomog, aportarán soldados a la fuerza de la ONU.
El mandato otorgado a la fuerza por el Consejo de Seguridad consiste en desarmar y desmovilizar entre 35.000 y 45.000 ex combatientes, tanto de grupos rebeldes como de paramilitares que respaldan al gobierno.
Las tropas de la ONU podrían usar la fuerza para llevar a cabo el desarme, en caso de que los combatientes se rehúsen, y también son responsables de la protección de la población civil.
Más de 30.000 personas murieron en el conflicto, unas 50.000 todavía están refugiadas en las vecinas Guinea y Liberia, y miles sufrieron mutilaciones de sus miembros por parte de los insurgentes.
Los desafíos que aguardan a las tropas de la ONU son grandes, como ya lo demostraron grupos rebeldes que violaron sistemáticamente la disposiciones del acuerdo de Lomé.
"La fuerza de paz debe recibir entrenamiento en materia de derechos humanos y leyes humanitarias internacionales y tomar todas las medidas posibles para proteger a los civiles de abusos", exhortó Amnistía. (FIN/IPS/tra-en/mn/mlm/hd/99
