Las autoridades de la ciudad checa de Usti nad Labem decidieron derribar un muro que separaba a los gitanos de los no gitanos, pero no por considerarlo racista, sino por dinero.
La infame pared que separaba a los gitanos de sus vecinos "blancos" sólo fue derribada luego que el Estado prometió comprar los hogares de tres familias no gitanas que vivían del lado de enfrente de la calle Maticni.
"Creo que ésta no es una victoria para los gitanos sino para todos los checos, pero temo que los blancos nos odien más aún, ahora que tuvieron que tirar abajo el muro", comentó Josef Lacko, un activista por los derechos de la comunidad gitana, que vive en el controvertido complejo de viviendas económicas.
"Yo seré gitano, pero también soy ciudadano checo. Siempre estuve en contra de este muro porque me aislaba de mis conciudadanos", aclaró.
Los blancos recibirán cerca de 103.000 dólares para poder mudarse a Nestemice, un barrio de Usti nad Labem.
La municipalidad, que había ignorado las condenas de Praga y la comunidad internacional por racismo, recibió el doble de esa cantidad para resolver los problemas de los residentes de esa área.
Sin embargo, el alcalde de Nestemice, Pavel Tosovsky, al igual que la mayoría de los checos de esta ciudad industrial, están muy ofendidos por la exagerada atención internacional que captó el muro de dos metros de alto, derribado el 23 de noviembre.
"Nuestra intención de construir un muro nos volvió racistas a sus ojos. Cuando finalmente lo levantamos, la Unión Europea (UE) llegó a acusarnos incluso de haber erigido 'un nuevo muro de Berlín'. Y ahora que lo destruimos, de pronto dejamos de ser 'racistas' y todo está bien", se quejó.
El muro fue levantado bajo la protección de unos 80 guardias armados en las primeras horas del 13 de octubre, el mismo día que la UE dio a conocer un informe según el cual uno de los obstáculos para la aceptación de los checos en el bloque era su racismo contra los gitanos.
"Tengo que admitir que la reacción de la UE me dejó atónito. Siguen obstinados pensando en símbolos", protestó Tosovsky, y opinó que la pared "mejoraba el aspecto de la calle. Todos veían que se trataba de una valla de cemento, baja, y no de un muro".
El presidente de la Cámara de Diputados y ex primer ministro Vaclav Klaus aclaró que la República Checa no está construyendo muros, y que se trató de la iniciativa de una ciudad particular.
El muro de Usti nad Labem "fue construido por el concejo de una ciudad como manera de solucionar problemas interpersonales muy difíciles, y me disgusta mucho que quieran transformar esto en un incidente internacional", manifestó.
La construcción del muro se propuso hace 18 meses, a raíz de las quejas de los blancos de que los gitanos hacían ruido y les arrojaban basura.
El muro se construyó parcialmente varias veces, pero los gitanos lo echaban abajo. Pronto se convirtió en un símbolo del prejuicio contra esa comunidad, que representa cuatro por ciento de la población de la República Checa.
Los gitanos se convirtieron en blanco de la violencia racial en varios países ex comunistas desde 1990, así que muchos se fueron de sus hogares y buscaron asilo en Occidente.
Varios países carecen de una legislación que proteja los derechos de los gitanos en los lugares de trabajo, las plazas públicas, la educación, la vivienda, y el Ejército.
La república checa aprobó varias leyes para eliminar la discriminación, pero los prejuicios siguen arraigados. Aún hay carteles que indican "No se admiten gitanos" en la entrada de restaurantes y clubes nocturnos.
La construcción de la calle Maticni viola la Carta Checa de Derechos y Libertades Fundamentales, según el Centro de Derechos de los Gitanos Europeos, de Budapest.
El concejo de la ciudad, sin embargo, inició un juicio contra el gobierno acusándolo de no tener jurisdicción para intervenir en los asuntos municipales.
El primer ministro Milos Zeman se lamentó porque "el muro de Usti separa a la República Checa de la Unión Europea", pero su gobierno no logró impedir que se levantara, aunque legalmente habría podido hacerlo.
Según el derecho internacional, las municipalidades son órganos del Estado, cuyo responsable en última instancia es el gobierno.
El muro contravenía, en efecto, las prohibiciones establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional para la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial.
Dichos acuerdos internacionales establecen que la discriminación y segregación por motivos étnicos, y el tratamiento degradante, son contrarios a la ley.
El comisionado de Ampliación de la Unión Europea, Günter Verheugen, acogió con alegría la destrucción del muro y declaró que ese hecho "mejorará la imagen de la República Checa y sus antecedentes sobre derechos humanos".
El presidente Vaclav Havel, conocido por su activa participación como defensor de los derechos humanos y por ser un duro crítico de la construcción del muro, alabó la demolición y afirmó que se trata de "un gran éxito para ambas partes".
Sin embargo, advirtió que aún queda mucho trabajo por hacer, ya que "las expresiones de intolerancia no son raras en nuestra sociedad, y es necesario ocuparse de eso seriamente".
"Ahora, lo central es concentrar la atención en la resolución de los problemas sociales que llevaron a la construcción del muro", recomendó Havel.
La mayoría de las personas que viven en el complejo de viviendas económicas de la calle Maticni fue enviada allí por las autoridades municipales, ya que no podían pagar un alquiler.
Otros no tenían deudas pero fueron expulsados de sus hogares por los reclamos de restitución de propiedades que surgieron al terminarse el régimen comunista, o por otros motivos. Esas personas aceptaron alojarse en forma "provisoria" en esas viviendas, hasta que se encuentre una solución.
La mayoría de los apartamentos de la calle Maticni, donde se alojan familias enteras, consisten en un único ambiente, y no tienen agua caliente.
Los cuartos de baño comunes que se encuentran en los helados sótanos de cada edificio se pueden usar pagando 35 coronas (un dólar), pero la mayoría de los residentes no puede permitirse ese lujo, ya que viven de una pensión estatal.
Iva Pellarova, vicepresidenta de la Comisión Gubernamental sobre Asuntos Gitanos, no cree que Usti nad Labem logre solucionar los problemas sociales que la sacuden, aunque haya prometido invertir en eso el dinero recibido.
"Me pregunto cómo lo harán", comentó, añadiendo que el desempleo es de entre 80 y 90 por ciento entre los gitanos.
"Esto se debe en parte a que entre 70 y 80 por ciento de los niños gitanos, que suelen hablar bastante mal la lengua checa, son enviados a 'escuelas especiales', para niños retardados, y luego no son aceptados en los centros de estudios secundarios", denunció Pellarova.
Verheugen prometió que la UE "acelerará las gestiones para superar las dificultades de las comunidades gitanas de Europa Central y Oriental" tratando de mejorar el diálogo con los gobiernos de los países de la región que desean integrarse al organismo y con los representantes de la comunidad gitana. (FIN/IPS/tra-en/ovg/bk/ak/ceb-mlm/hd-pr/99
