Las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos se han vuelto cada vez más tensas, mientras los legisladores del opositor Partido Republicano estadounidense critican con dureza la política del presidente Bill Clinton para el Estado caribeño.
Washington invadió Puerto Rico en 1898, durante la guerra con España, y la isla tiene el estatuto de "Estado Libre Asociado" con Estados Unidos, pero los ciudadanos portorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y carecen de representación en el Congreso de ese país.
Las polémicas actuales se vinculan con la decisión de Clinton de postergar maniobras navales estadounidenses en la isla oriental portorriqueña de Vieques hasta comienzos del 2000, y con la concesión de amnistía condicionada a prisioneros políticos portorriqueños en Estados Unidos.
Vieques, que tiene una extensión de 15.000 hectáreas, es en la actualidad escenario de una dramática campaña de desobediencia cívica.
Durante casi 60 años, la Armada estadounidense usó la isla como lugar de entrenamiento con munición de guerra, pero desde que una bomba mató a un residente en abril, cientos de portorriqueños ocupan la zona militar y actúan como escudos humanos para impedir que se realicen maniobras.
La campaña para que cesen las actividades militares en Vieques es muy popular entre los portorriqueños, y recibió incluso el apoyo del gobiernante Nuevo Partido Progresista, pro estadounidense.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que Vieques es irremplazable como área de ejercicios militares, y que su uso para probar municiones de guerra es vital para la seguridad nacional.
En un intento de aplacar tanto al Departamento de Defensa como a los portorriqueños, Clinton intentó una solución de compromiso confiando en que resultara aceptable para ambas partes, pero sólo logró exacerbar los debates.
El presidente decidió que el portaaviones "Eisenhower" y sus buques de escolta fueran desplegados en el Mar Mediterráneo sin haber realizado maniobras de entrenamiento en Vieques que se preveía llevar a cabo el mes pasado, pero anunció que los ejercicios militares en la isla se reanudarán el año próximo.
El senador republicano por el estado oriental de Virginia John Warner, habitual defensor de los intereses de la Armada, afirmó que la decisión de Clinton hizo que, por primera vez en 200 años de historia, Estados Unidos diera la espalda a su responsabilidad.
Warner consideró que impedir que la Armada se entrenara afectaba su misión de formar efectivos para defender la seguridad nacional estadounidense.
El representante demócrata Luis Gutiérrez, del estado centrooriental de Illinois, apoyó la campaña de desobediencia cívica en Vieques y dijo que lo había desilusionado que Clinton propusiera un plan que "sigue poniendo a la gente de la isla en grave peligro y no hace caso del clamor popular".
Gutiérrez, nacido en Puerto Rico, representa a una comunidad integrada en gran parte por inmigrantes de origen portorriqueño.
Clinton también provocó críticas al ofrecer amnistía condicional a 15 prisioneros políticos portorriqueños acusados de terrorismo, quienes fueron arrestados en Puerto Rico y en Estados Unidos entre 1980 y 1985.
Los prisioneros eran miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y de Macheteros, dos organizaciones revolucionarias clandestinas que aspiran a lograr la independencia de Puerto Rico.
Están cumpliendo condenas de entre 30 y 90 años, aunque ninguno de ellos fue condenado por actos de violencia. La campaña para lograr su libertad incondicional ha sido apoyada por organizaciones portorriqueñas religiosas, laborales y de negocios, y también por el movimiento independentista.
También abogaron por la liberación de los 15 prisioneros figuras como el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y el irlandés Gerry Adams, líder del partido Sinn Fein (socialista, el cual jugó un papel clave en las negociaciones de paz entre el gobierno británico y los insurgentes del Ejército Republicano Irlandés).
Clinton planteó a los reclusos, entre las condiciones para amnistiarlos, que se comprometieran a limitar en el futuro sus contactos políticos recíprocos y con otros nacionalistas portorriqueños, partidarios de la violencia.
Doce de los resos aceptaron en septiembre las condiciones para la amnistía. Once de ellos fueron liberados de inmediato y el restante, tras beneficiarse de una reducción de su sentencia, podrá pedir la libertad condicional dentro de cinco años.
La amnistía indignó a los legisladores republicanos. La Comisión de Reformas Gubernamentales de la Cámara de Representantes emitió el mes pasado un informe de 200 páginas sobre la cuestión, en el cual afirmó que la intención de Clinton había sido favorecer la campaña electoral de su esposa, Hillary Rodham Clinton.
Rodham es candidata, casi sin oposición, a ocupar una banca demócrata en el Senado por el estado de nororiental de Nueva York, en el cual residen un millón de portorriqueños.
Tras la liberación de los presos, los republicanos de ambas cámaras del Congreso pidieron un voto de censura contra Clinton.
"Hacer concesiones a terroristas es deplorable, y el presidente Clinton no debió otorgar clemencia a terroristas de las FALN", expresó una moción propuesta por el jefe de la mayoría republicana del Senado, Trent Lott.
Según el senador republicano Phil Gramm, del estado meridional de Texas, las acciones violentas de las FALN en los años 70 y 80 "fueron los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos".
Dan Burton, congresista republicano por el estado centrooriental de Indiana y presidente de la Comisión de Reformas, afirmó que el fiscal Luis Nieves Falcón, figura clave en la liberación de los prisioneros, es integrante de las FALN.
Burton citó anónimas fuentes de alto nivel en servicios federales de seguridad para respaldar su denuncia.
Nieves Falcón aseguró que la acusación forma parte de un complot republicano para desprestigiar la campaña de quienes procuran la liberación de los restantes presos políticos portorriqueños.
El estatuto de Puerto Rico como "Estado Libre Asociado" ha sido denunciado como "colonial" por el movimiento independentista portorriqueño y también por el Nuevo Partido Progresista, el cual pretende incorporar Puerto Rico a Estados Unidos como el estado número 51 de ese país.
La incorporación a Estados Unidos fue rechazada por la mayoría de los portorriqueños en un referendo realizado en diciembre del año pasado. (FIN/IPS/tra-en/crm/wg/ks/ego/mp/ip/99)
