La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, quien este mes recibe el canal interoceánico devuelto por Estados Unidos, llegará al 2000 con alta popularidad, pero sin garantías para afrontar los desafíos económicos, políticos y de seguridad nacional.
Una encuesta divulgada el día 20 por la empresa consultora Dichter and Neira reveló que 70 por ciento de la población considera como "buena" o "excelente" la gestión de Moscoso, quien asumió el poder el 1 de septiembre.
Sin embargo, la gestión presidencial tropezó en pocos meses con la resistencia de los sindicatos, que se oponen a la venta de acciones de empresas estatales y rechazan los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, transporte y teléfonos, programados para inicios del próximo año.
La Confederación de Unidad Sindical Independiente advirtió al gobierno que reanudará las protestas en las calles para exigir un aumento del salario mínimo a 500 dólares y contener el alza del costo de vida, que afecta a los sectores de menores ingresos, dijo el secretario general de la central, Gabriel Castillo.
La Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor informó que el precio de la canasta básica para una familia promedio de 4,82 miembros alcanzó en noviembre de este año 214,93 dólares, lo que representa un incremento de 2,7 por ciento respecto de octubre.
En medio de las presiones de los sectores populares, el gobierno propuso utilizar parte del capital de un fondo fiduciario de 1.300 millones de dólares para invertirlos en proyectos de interés social.
El planteamiento fue rechazado por sectores independientes, pero llevó a la calificadora internacional de riesgo Standard and Poor's a cambiar la evaluación de Panamá de "estable" a "negativa".
Standard and Poor's adujo que la deuda pública de Panamá, considerada en términos porcentuales respecto del producto interno bruto, disminuyó en forma constante hasta 77 por ciento en 1999, mientras que en 1995 la misma era de 96 por ciento.
El ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, explicó que la propuesta del gobierno consiste en invertir el fondo fiduciario en bonos Brady, para reducir la deuda pública en 1800 millones de dólares, y vender el 49 por ciento de las acciones que el Estado posee en la compañía telefónica Cable and Wireless.
La deuda pública fue estimada en diciembre de 1999 en unos 7.500 millones de dólares, y de acuerdo con Juliao la misma se traduce en un "agobiante servicio" que obligará al gobierno a destinar más de 1.100 millones de dólares (23 por ciento del presupuesto del Estado del 2000) al pago de sus acreedores.
El funcionario manifestó que con esa operación se espera lograr un ahorro de 500 millones de dólares, que serán reinvertidos en proyectos para la generación de empleos, obras sociales y lucha contra la pobreza.
Al respecto, Moscoso señaló que es una realidad que el Estado no cuenta con dinero para atender todas las demandas de salud, agua potable y carreteras.
En la ceremonia protocolar de traspaso anticipado del canal interoceánico de Estados Unidos a Panamá, realizada el día 14 en el litoral Pacífico, la presidenta reconoció ante seis mandatarios latinoamericanos que la pobreza y la marginación social son "ingentes problemas" de su gobierno.
Un estudio realizado en marzo de 1999 por el Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reveló que la pobreza afecta a 37,3 por ciento de los 2,8 millones de habitantes.
La pobreza extrema alcanza a 18,8 por ciento de los panameños y afecta con más crudeza a las comunidades rurales e indígenas, donde persisten los problemas de desnutrición, insalubridad y abandono, según la investigación.
Un informe divulgado en junio por el Banco Mundial precisó que "Panamá es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo", a la par de Brasil y sólo con un leve nivel inferior a Sudádrica, pese a contar con un ingreso por persona de 3.080 dólares en 1997.
Pese a ello, el gobierno señaló que se dispone a enfrentar la pobreza rural a través de un programa de construcción de granjas sostenibles, con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
El gobierno espera crear en los próximos años unos 250.000 empleos y reducir la desocupación de 14 a seis por ciento, a través de diversos incentivos y del aprovechamiento de las áreas del canal transferidas a la jurisdicción panameña, dijo el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Joaquín Vallarino.
Sin embargo, un estudio de mercado de la compañía Arden and Price Consulting reconoció que existen factores adversos en la economía, que se reflejan en bajas en la producción, en el descenso de las exportaciones y en una fuerte contracción de la industria manufacturera.
El análisis indicó que en al tercer trimestre de este año las exportaciones de harina de pescado bajaron 74 por ciento, mientras que la producción de leche evaporada disminuyó 20 por ciento.
Asimismo, el sacrificio de ganado vacuno se redujo 4,5 por ciento, pese a que las exportaciones de carne mostraron una mejoría en los precios.
La reexportación de mercaderías desde la Zona Libre de Colón, principal centro comercial en el litoral caribe panameño, reflejó en ese período una contracción de sus operaciones, señaló Arden and Price Consulting.
El estudio advirtió un crecimiento en las operaciones bancarias y del canal, así como en la industria de la construcción, pero aclaró que en este último caso 10 por ciento de aumento registrado es inferior al 14 por ciento de enero a agosto del año anterior.
Según el economista Carlos Vallarino, la política económica gubernamental ha empezado a tener efectos negativos en las inversiones, debido a la "falta de reglas claras" y a la "inseguridad jurídica" que desalienta a los empresarios.
Ese criterio fue compartido por el banquero y ex candidato presidencial Alberto Vallarino, quien sostuvo que la estrategia financiera propuesta por el gobierno "dista mucho de ser un plan completo para el desarrollo económico del país".
Sin embargo, Moscoso reiteró su confianza en el proyecto presentado por Juliao y recalcó que en el 2000 su gobierno asumirá con firmeza los retos de la pobreza, la deuda externa y la seguridad nacional. (FIN/IPS/dc/mj/99
