Panamá intenta erradicar el trabajo infantil generado por la pobreza, de la misma forma como ganó la larga lucha contra la poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades que afectan a la niñez.
Nadya Vásquez, oficial de proyectos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dijo a IPS que la gran cantidad de menores incorporados al trabajo desde temprana edad es un problema que ha estremecido a la sociedad civil, que busca respuestas efectivas para este grupo de la población.
Vásquez señaló que una encuesta de hogares realizada en 1994 reveló que unos 50.000 niños y adolescentes de más de 10 años están incorporados al trabajo y han abandonado la escuela.
La funcionaria reconoció que esta situación es más grave en el área indígena y rural, donde es necesario efectuar un diagnóstico socioeconómico más preciso.
Unicef apoya una iniciativa del Ministerio de Educación, que procura que todos los niños del país vayan a la escuela hasta los 12 años, para evitar que sean explotados en el mundo laboral y terminen inmersos en la creciente ola de delincuencia.
Niñas y niños pobres de las ciudades irrumpen en las calles para lustrar zapatos, vender flores y golosinas, mientras los que habitan en áreas deprimidas del campo suelen encontrarse en la zafra y en las cosechas de arroz y café.
De los menores ocupados, 67 por ciento se ubica en las áreas rurales. El 63 por ciento de ellos labora en la agricultura, 13 por ciento en el comercio y ocho por ciento en la industria.
Un documento oficial denominado "Nuevo Enfoque Estratégico contra la Pobreza 1998-2003" reconoció que cerca del 45 por ciento de los niños y niñas entre 10 y 14 años viven en la pobreza y sufren desnutrición.
El Banco Mundial divulgó en junio de este año un informe en el que plantea que, pese a tener un ingreso por habitante relativamente alto (3.080 dólares en 1997), "Panamá es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo", similar a Brasil y sólo ligeramente inferior a Sudáfrica.
Más de la mitad de los niños y niñas en el área indígena sufren de desnutrición, que es más severa en los miembros de la etnia Ngobe-Buglé, distribuida en áreas de difícil acceso en el oeste del país, aclaró el informe.
Sin embargo, Vásquez indicó que una serie de programas y proyectos son promovidos por el gobierno central, las comunidades y las organizaciones no gubernamentales (ONG), para el rescate de los menores, con el objetivo de que concluyan la educación básica y aumenten sus oportunidades de salir del círculo de la pobreza.
La Alcaldía del distrito de Panamá mantiene un programa de becas dirigido a menores en situación de riesgo social, lo que ha contribuido a la atención de niños que provienen de hogares pobres, dijo a IPS la socióloga Noris Estrada, jefa del departamento de trabajo social del municipio.
Por su parte, la no gubernamental Casa Esperanza, que trabaja con más de 1.500 niñas y niños en barrios marginales de áreas urbanas, aseguró haber obtenido frutos alentadores a partir de la participación de las comunidades en la discusión de los problemas cotidianos, como la droga, las enfermedades y la delincuencia.
Ramón Alemán, presidente de la Junta Directiva de Casa Esperanza, dijo a IPS que los esfuerzos para aumentar la escolaridad y los programas formativos representan una experiencia válida para el rescate de menores que buscan su sustento diario en las calles.
"Desde 1992, estamos dedicados a la prevención en los distritos de Panamá, Colón y San Miguelito, y con ello queremos evitar que más muchachos salgan de sus hogares en busca de ingresos económicos y sean presa de las pandillas juveniles que operan en los barrios", subrayó.
Las labores preventivas incluyen educación comunitaria integral, charlas sobre los derechos humanos, programas nutricionales y estímulos colectivos.
Angélica Bría, de 10 años, quien fue captada por Casa Esperanza en una esquina de la ciudad capital, dijo a IPS que ahora tiene tiempo de jugar con otros niños y ya no es obligada a vender naranjas o a limpiar parabrisas de automóviles.
Su madre, quien sigue en el negocio, han contratado a unos jóvenes que venden frutas y reciben a cambio una ganancia por esa actividad del sector informal.
Héctor Rodríguez, de 16 años, declaró sentirse optimista luego de encontrar solidaridad en Casa Esperanza, cuyos voluntarios lo ayudaron conseguir empleo en una compañía distribuidora de comida por encargos.
Para este adolescente con sentido emprendedor, la remuneración parcial que recibe por su trabajo le abrió las puertas para inscribirse un curso de mecánica automotriz y le permite pagar algunos gastos en la modesta casa que comparte con su madre y varios hermanos.
Rodríguez recordó que hace algunos años se encontraba casi perdido en un mercado de la capital, donde sólo contaba con una caja de lustrar zapatos.
Luego de iniciar el rescate de menores en la capital, Casa Esperanza introdujo en 1998 un innovador proyecto de granja sustentable y planea ampliar sus servicios a las niñas y niños aborígenes en fincas cafetaleras en zonas fronterizas con Costa Rica, donde existe una fuerte explotación.
Estudios recientes comprobaron que niños y adolescentes trabajadores, en especial en áreas indígenas, enfrentan una semana laboral de más de 40 horas, lo que impide recibir los beneficios continuos de la enseñanza pública.
Alemán reiteró que la sociedad civil debe comprometerse a defender a ese grupo desprotegido, promover su pleno desarrollo educativo y formación laboral, a través de programas permanentes que tengan impacto en las comunidades.
De hecho, el tema de la infancia será uno de los puntos relevantes en la agenda de la X Cumbre Iberoamericana, que se realizará en Panamá en noviembre del año 2000.
Alemán reconoció que existen valiosos avances en el campo de la salud infantil y en la protección jurídica de la familia panameña, pero adujo que es indispensable el retiro de la niñez de las calles y su retorno a las aulas, como un paso previo para garantizar la equidad y la paz en el siglo XXI. (FIN/IPS/dc/ag/hd/99
