La policía de Pakistán aplica la tortura en forma cotidiana para conseguir confesiones y sobornos de los detenidos, en su mayoría ignorantes de sus derechos y sin dinero para recurrir a los tribunales.
El activista político Mohammad Sarwar permaneció atado durante cinco días a una silla en una estación de policía de Karachi y fue torturado hasta que accedió a confesar su participación en varios robos.
"Los investigadores me golpearon los dedos de los pies con un martillo hasta que confesé delitos que nunca cometí", aseguró Sarwar, de 30 años, un ex integrante del partido político Movimiento Mohajir Quami, en una entrevista.
Pero su odisea no terminó allí. Un policía vestido de civil le ofreció la libertad, sin acusación alguna en su contra, si accedía a pagarle unos 2.900 dólares.
"Como mi vida estaba en sus manos, no tuve otra opción que entregarles el dinero", dijo Sarwar, quien padece una cojera permanente como consecuencia de su encuentro con la ley.
En este país, como en otros de Asia meridional, la tortura se aplica en forma rutinaria para obtener la confesión de los sospechosos. Aunque muchos detenidos murieron o quedaron discapacitados, ningún policía fue procesado por esta causa.
"Por falta de evidencia, jamás un policía acusado de tortura fue castigado en un tribunal. Como todo ocurre en la estación policial, las víctimas no pueden presentar testigos", explicó el abogado penalista Hashmat Ali Habib, ex secretario general del capítulo de Amnistía Internacional en el país.
En muchos casos, las víctimas ni siquiera saben por qué fueron detenidas.
Los detenidos sufren golpes con palos o látigos, deben permanecer parados durante horas con los brazos extendidos, son colgados por los tobillos, reciben golpes en los genitales o el abdomen, y son quemados con colillas de cigarrillos.
Si son mujeres, es muy probable que sean violadas durante la detención.
Pakistán es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, cuyo artículo 9 estipula que a ninguna persona se le privará de la vida o la libertad, salvo en aplicación de la ley.
Pero la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán observó en su informe anual de 1998 que la "tortura y los excesos policiales… siguen siendo endémicos".
Las víctimas que sobreviven a la tortura padecen, durante años en muchos casos, de ansiedad, depresión, sentimientos de vergüenza, culpa, deterioro de la memoria y de la concentración, jaquecas, problemas sexuales, etc.
Las muertes durante el interrogatorio a causa de la tortura son catalogadas de suicidios por la policía. Estas reciben "mucha menos publicidad" que las muertes provocadas por los tiroteos con delincuentes, señala la Comisión de Derechos Humanos.
"Una explicación es que muchas de estas muertes (por tortura) ocurren en lugares alejados de los principales medios de prensa", señala el informe de la Comisión que documentó al menos 18 casos de este tipo en 1998.
La policía tiene amplias facultades de detención, investigación y redacción de la acusación de acuerdo con leyes adoptadas por el régimen colonial británico, aunque varios gobiernos paquistaníes prometieron reformar esta situación.
"Las leyes no permiten la tortura como medio de obtener una confesión", comentó Zahid Yaqub Khawaja, reportero de una agencia de noticias en este país.
"La policía tortura por dos razones, una es conseguir sobornos y otra es mostrar eficacia, ya que la confesión significa el final de la investigación", señaló.
"Si el acusado reniega de su confesión ante el tribunal, entonces la corte ordenará una investigación judicial", agregó.
La ley estipula que la policía debe llevar al sospechoso ante el juez dentro de las 24 horas de su detención y exigir el permiso jurídico para obtener evidencia del acusado. Pero el procedimiento rara vez se cumple.
"Como por lo habitual no se registra quién es detenido y quién liberado, nadie fuera de la estación de policía puede comprobar irregularidades", dijo un subinspector de policía que no dio su nombre.
La mayoría de las víctimas de la tortura policial proceden de las zonas pobres urbanas, aseguran los activistas por los derechos humanos. Aparte de que no conocen sus derechos, tampoco tienen dinero para luchar por su caso en los tribunales.
"Para recurrir a la corte, las víctimas deben pagar 300 dólares, además del gasto del abogado y otros. En la mayoría de los casos, la indemnización exigida sigue siendo menor a los gastos del caso", explicó el abogado Habib. (FIN/IPS/tra-en/mr/an/aq/hd/99
