Nicaragua afronta un futuro incierto, con una crisis institucional en ciernes por la pérdida de credibilidad del gobierno y el retroceso aún mayor de la economía ante la suspensión parcial de la ayuda externa.
Distintos estudios sostienen que este país sentirá el año próximo los efectos de un gobierno que se niega a rendir cuentas, que encarceló al contralor que denunciaba enriquecimiento ilícito y se niega a acatar las reglas de la convivencia internacional.
Esas actitudes determinaron a países donantes a postergar la inclusión de Nicaragua en el grupo beneficiado con la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados, que habilitaría la condonación de hasta 80 por ciento de la deuda externa, calculada en 6.500 millones de dólares.
El presidente Arnoldo Alemán comenzó a tener problemas con los países donantes hace más de un año, cuando se afirmó que pretendía beneficiar a sus allegados políticos con viviendas financiadas por donantes internacionales.
Pero el deterioro de las relaciones se profundizó a partir del 10 de noviembre, luego de que fuera detenido el contralor general del Estado, Agustín Jarquín, quien denunciaba desde varios meses antes presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios e, incluso, del propio Alemán.
Jarquín fue puesto en libertad el 24 de este mes y reasumirá su cargo en enero, pero el tiempo que estuvo detenido bastó para generar descontento interno y para que Alemania, Suecia y Suiza retuvieran la ayuda destinada a proyectos de desarrollo.
"Nicaragua no tiene credibilidad internacional, ofrece el espectáculo lamentable de un gobierno que no quiere control de ningún tipo y encarcela a la principal figura en la fiscalización de la gestión administrativa", señaló Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Núñez agregó que la imagen que proyecta el país es de falta de transparencia, corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de los gobernantes y sus familias.
Parece difícil que la población reciba por ahora recursos externos para reparar los daños causados por el huracán Mitch, a fines de octubre y principios de noviembre de 1998.
Suiza ya suspendió su colaboración de seis millones de dólares para un fondo multilateral destinado a Nicaragua y Honduras, los dos países de América Central más afectados por el Mitch.
El embajador suizo en Managua, Rodolphe Imhoof, declaró a comienzos de este mes que, aunque la decisión fue muy difícil, debido a la situación que vive el pueblo nicaragüense, prevaleció la preocupación por las denuncias contra el gobierno.
"Continuamos otorgando aportes adicionales de esta índole a otros países de la región, pero no a Nicaragua, ya que por el momento este país no los aprovecha", dijo Imhoof.
Alemania y Suecia iniciaron el camino de la suspensión de entrega de recursos tras la detención de Jarquín, aunque aclararon que continuarán cooperando en proyectos que beneficien a la población de manera directa, al igual que lo hace Suiza.
En el plano interno, el 2000 estará marcado por el desencanto que provocó en la mayoría de los nicaragüenses el llamado "acuerdo de gobernabilidad" entre el presidente Alemán y el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que permitió modificar 17 artículos de la Constitución.
Analistas políticos afirman que la reforma de la ley fundamental concretada a comienzos de este mes pretende consolidar un sistema bipartidista, ya que establece requisitos difíciles de superar para poder conformar una nueva fuerza política.
También dispone una banca automática en el parlamento para el presidente saliente, lo cual es visto como un regalo de los sandinistas a Alemán, para que éste no pueda ser juzgado por actos de corrupción al concluir su gestión en el 2002.
El aspecto más criticado de la reforma constitucional es, sin embargo, el artículo que permite a los dos partidos repartirse los cargos en el Tribunal Supremo Electoral, en los poderes Judicial, Legislativo y en la Fiscalía de Cuentas (contraloría general).
El ex presidente Daniel Ortega, líder del opositor FSLN, defiende las reformas arguyendo que de esa forma los nicaragüenses abandonan para siempre el recurso de las armas para cambiar gobiernos.
Jarquín, en cambio, se muestra descontento con la reforma. "He propuesto que se revisen los cambios constitucionales, porque deben ser ratificados por el pueblo", declaró al diario La Nación, de Costa Rica, en entrevista publicada el martes.
"Nada tenemos que hacer en la Contraloría si el acuerdo político desnaturaliza sus funciones", aseguró Jarquín, quien confirmó que dejará el cargo si el organismo pasa a ser dirigido por un cuerpo colegiado.
Otro asunto que afecta a Nicaragua desde fines de noviembre es el conflicto suscitado con Honduras, por la confirmación del tratado de límites marítimos entre ese país y Colombia.
El asunto es visto con recelo por la comunidad internacional, pues se teme que sea un instrumento de distracción de los problemas internos, aseguró a IPS el experto Rodolfo Cerdas.
El acuerdo ratificado por Honduras el 30 de noviembre y por Colombia a mediados de este mes, fija los límites entre ambos países en el mar Caribe y confirma la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.
Nicaragua rechazó el tratado alegando que esas islas están en disputa, pues este país firmó un convenio de cesión a Colombia en 1928, cuando su territorio estaba ocupado por fuerzas militares de Estados Unidos.
Managua asegura que el tratado colombo-hondureño le cercena soberanía sobre 130.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe.
Cerdas explicó que la falta de credibilidad del gobierno de Alemán afecta al país en este litigio, aunque tenga razón, ya que no se deben negociar tratados fronterizos de manera bilateral cuando éstos afectan a terceros países.
"Cada vez que los gobiernos nicaragüenses quieren distraer la atención sobre problemas internos, recurren a conflictos de este tipo", advirtió el experto en relaciones internacionales.
En este momento el gobierno liberal y la oposición sandinista, "intentan ocultar la 'piñata III', para establecer un solo gobierno bicéfalo", afirmó.
Piñata se le llamó en Nicaragua a la repartición de viviendas, bienes, empresas y cooperativas que hizo el FSLN en 1990, al abandonar el gobierno tras ser derrotado por Violeta Chamorro, dijo Cerdas.
Agregó que la piñata II fue el proceso de privatización desarrollado por el gobierno de Chamorro, en el cual se beneficiaron allegados a su gobierno. (FIN/IPS/mso/dm/ip/99
