Dos años después de la matanza de 45 indígenas en el estado de Chiapas, las organizaciones humanitarias mexicanas continúan acusando al gobierno de mantener en la impunidad a los culpables y temen que hechos similares se repitan.
El crimen de Acteal pesa "sobre la conciencia nacional", pues permanece impune, sus autores intelectuales están libres o prófugos y siguen operando grupos paramilitares, señaló este martes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), vinculado a la Iglesia Católica de Chiapas.
El 22 de diciembre de 1997, 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres adultos, de un grupo contrario al gobierno, fueron asesinados a bala y golpes de machete cuando cumplían una jornada de oración y ayuno en un improvisado templo de la localidad de Acteal, en Chiapas.
Ni la intensa presencia militar y policial en el estado sureño, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en enero de 1994, ni las denuncias presentadas días antes por miembros de la Iglesia, evitaron que se cometa la matanza.
Hoy, los paramilitares siguen operando y quienes los denuncian son encarcelados o amenazados de muerte, dijo la CDHFBC, tras recordar que en Chiapas hay cientos de familias indígenas desplazadas por la violencia.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que en su momento se declaró consternado por el crimen de Acteal, asegura que el hecho ya fue aclarado, los culpables detenidos y que no hay posibilidad de que se repita un crimen similar.
La matanza no tiene relación con la supuesta "guerra de baja intensidad" contra el EZLN, como lo aseguran algunos grupos humanitarios, sino que fue consecuencia de conflictos interfamiliares y políticos entre los indígenas, afirma el gobierno.
A mediados de año autoridades judiciales sentenciaron a más de 30 años de prisión a 57 personas, la mayoría indígenas, como autores materiales de la matanza.
Además, tres policías permanecen encarcelados acusados de no intervenir para impedir el crimen, igual que un militar a quien se le imputa haber entrenado a los asesinos y entregado las armas.
El gobierno reconoce que hay fuerzas de seguridad involucradas, pero niega que eso demuestre que sea un crimen de Estado.
La CDHFBC denunció que los autores intelectuales de la matanza permanen en la impunidad y no se ha investigado a las fuerzas de seguridad e inteligencia mencionadas en diversos testimonios.
Para el diputado de Chiapas Juan Carlos Cal, del opositor Partido Acción Nacional, el caso Acteal sigue como una "llaga abierta", porque en la cárcel sólo están campesinos indígenas, algunos de ellos inocentes.
El ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz, a quien se acusa de haber conocido el crimen antes de que se cometiera, trabaja actualmente para la embajada de México en Estados Unidos, mientras dos de sus cercanos colaboradores, también acusados, están libres y ejercen actividades particulares.
Además, el ex director de la Policía de Chiapas José Luis Rodríguez, y el ex coordinador de Seguridad Pública Jorge Gamboa, se encuentran prófugos.
La inminencia de un segundo Acteal prevalece en Chiapas, pues el gobierno no protege a los campesinos y la impunidad prevalece, coincidieron en señalar el diputado Cal y el informe de la CDHFBC.
La matanza quedó registrada en la historia de México como uno de los hechos más violentos cometidos en el país y como el peor registrado en Chiapas desde enero de 1994, cuando el EZLN se levantó en armas.
El gobierno de Zedillo y el EZLN mantienen en suspenso el diálogo de paz desde 1996 y gracias a diversos acuerdos los choques armados no se repitieron luego de los 12 primeros días de enero de 1994.
Aunque la tregua armada se mantiene, miles de militares y policías rodean a las fuerzas del EZLN y a sus bases sociales. Además, los hechos de violencia por conflictos políticos, familiares o de tierras, son noticia semanal en Chiapas, uno de los estados más pobres del país. (FIN/IPS/dc/dg/ip-hd/99)
