La autorización de un cuantioso bono al presidente del máximo tribunal de justicia de la capital de México presagia una nueva tempestad política, cuando persiste aún el escándalo por el pago de jubilaciones a dos jóvenes ministros.
Las autoridades dispusieron la entrega de un bono especial por más de 70.000 dólares al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, Jorge Rodríguez, quien dejará el cargo al concluir el año.
Tras cuatro años y medio al frente de ese órgano de justicia, Rodríguez, quien percibe un salario mensual de 6.000 dólares, podrá gozar de una licencia de mes y medio antes de regresar a su puesto, según autorizó el consejo de la judicatura.
Las revelaciones sobre el bono otorgado a Rodríguez surgieron cuando aún no termina de asentarse la polvareda que levantó el escándalo por la condición de jubilados de los jóvenes secretarios (ministros) de Hacienda, José Angel Gurría, y de Turismo, Oscar Espinosa.
Ambos funcionarios fueron jubilados por la estatal Nacional Financiera (Nafin), principal organismo del sistema bancario nacional destinado al desarrollo y que Gurría y Espinosa dirigieron en el pasado.
En 1994, a los 44 años, Gurría comenzó a percibir su jubilación que, sumada a su salario de secretario, lo convirtió en el funcionario de gobierno con mayores ingresos, que ascienden a unos 265.000 dólares anuales.
Por su parte, Espinosa recibió el beneficio de la jubilación en 1993, con apenas 40 años de edad y seis años de antigüedad en Nafin.
Estos dos casos desataron airadas reacciones en sectores políticos y sociales del país, donde el sistema estatal aglutina a 1,7 millones de pensionados de entre 65 y 99 años.
El Movimiento Unificador Nacional de Jubilados calculó que cada pensionado recibe entre ocho y 100 dólares, mientras en México existen unos cuatro millones de personas sin derecho al retiro por su condición de trabajadores independientes.
Las críticas apuntaron mayormente a que tanto el secretario de Hacienda como Espinosa, ex alcalde de la ciudad de México, han defendido desde sus cargos implacables políticas de austeridad en aras de mantener la salud de las finanzas públicas.
Además, las fabulosas pensiones fueron calificadas de afrenta para la sociedad por personalidades sociales y sindicales, que destacaron las condiciones de deterioro de los sueldos de los obreros mexicanos.
En México, el salario mínimo vigente asciende a 3,4 dólares diarios y perdió 22 por ciento de su capacidad de compra en el curso del gobierno de Ernesto Zedillo, que comenzó en diciembre de 1994, según cifras oficiales.
En términos reales, las remuneraciones en el sector manufacturero cayeron 22,1 por ciento en el mismo periodo, mientras los trabajadores de la construcción vieron caer el poder adquisitivo de sus ingresos 29,8 por ciento.
A lo largo del año, miles de jubilados de todo el país realizaron marchas, actos públicos y hasta multitudinarias peregrinaciones al mayor santuario de la virgen María en la ciudad de México, para exigir o implorar, según el caso, incrementos salariales.
Los reclamos se intensificaron luego de conocerse, a principios de diciembre, los ingresos de Gurría y Espinosa.
La pensión de Gurría, en particular, generó "problemas políticos en momentos en que se discute el presupuesto" para el 2000, apuntó el analista Sergio Sarmiento.
"La solvencia moral de un gobierno que busca ofrecer un presupuesto razonable el próximo año se desvanece en el momento en que la ética del propio secretario de Hacienda es cuestionada", destacó Samiento.
Para acallar el cúmulo de ataques, Gurría decidió que donará el monto de su pensión a dos instituciones filantrópicas mientras tenga "algún otro encargo en la administración pública".
Espinosa afirmó, sin haberlo demostrado, que desde diciembre de 1993 entrega "la mayor parte" de su jubilación a organismos de asistencia privada.
Rodríguez, todavía presidente del máximo tribunal de justicia de la capital, recibirá un bono "como estímulo al desempeño de las labores que le fueron encomendadas".
En cuanto a los secretarios, el diario La Jornada apuntó que los reglamentos, leyes y disposicionees de cada dependencia de gobierno, organismos e instituciones estatales deben ser revisadas "con lupa".
Esa supervisión, permitirá "detectar y corregir mecanismos que sustenten la extendida inmoralidad en los altos niveles de la administración pública", señaló el periódico. (FIN/IPS/pf/mj/ip/99
