Una investigación parlamentaria sobre jubilaciones concedidas en México a jóvenes funcionarios del gobierno mezcla consideraciones legales y morales, ante el miserable pago que recibe un ejército de pensionados.
Una comisión especial legislativa revisa junto con el director de la estatal Nacional Financiera (Nafin), Carlos Sales, supuestas irregularidades en una nómina de jubilados que incluye a dos secretarios de Estado.
En plena sesión del parlamento, el secretario (ministro) de Hacienda, José Angel Gurría, fue sorprendido unas semanas atrás por un diputado opositor que reveló sus gigantescos ingresos.
En 1994, a los 44 años, el funcionario comenzó a cobrar su jubilación por concepto de 19 años y ocho meses de servicio público, que le significan ingresos totales de 265.600 dólares al año.
Gurría es considerado el funcionario de gobierno con mayores ingresos, más del doble de los que percibe el presidente Ernesto Zedillo.
En México, el sistema estatal comprende a 1,7 millones de pensionados de entre 65 y 99 años que cobran al mes entre ocho y 100 dólares mensuales, según cifras del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados.
La misma fuente sostuvo que existen en el país unos cuatro millones de hombres y mujeres que no reciben ningún tipo de pensión debido a que fueron trabajadores independientes.
Las revelaciones del diputado Marcelo Ebrard en momentos en que se discutía el presupuesto federal desataron un alud de reclamos de que se investigue el sistema de jubilaciones.
El reglamento de Nafin establece que sus trabajadores podrán obtener los beneficios de la jubilación una vez que hayan cumplido 40 años de edad y 20 de servicio.
Esta institución, considerada un banco de desarrollo, decidió otorgar a Gurrría una pensión mensual de cerca de 6.000 dólares, tras sumar los meses en que ocupó su dirección al tiempo que trabajó en el estatal Bancomext y en la propia Secretaría de Hacienda, cuyo timón conduce desde 1995.
A contrapelo del certificado de legalidad que de inmediato otorgó la Secretaría de la Contraloría a la jubilación de Gurría, amplios sectores sociales y políticos consideran inmoral la concesión de ese derecho al secretario.
"Con este escándalo de inmoralidad se confirma que, pese a los avances en la transparencia gubernamental, la hiedra corruptora sigue habitando las planicies presupuestales", destacó el analista Sergio Aguayo.
La "grave discrecionalidad" en el manejo de los recursos del Estado favorece la transferencia de excedentes para los pagos de jubilaciones y de remuneraciones excesivas, apuntaton por su parte diputados de oposición.
La nómina de "pensiones de privilegio" en la institición asciende a 1.085, de las cuales 185 serán investigadas por la comisión legislativa, que este martes discutirá con Sales la situación de unas 25 jubilaciones, al parecer ilegales.
Entre los jóvenes jubilados del gobierno figura también el secretario de Turismo, Oscar Espinosa, quien cobra 1.300 dólares por ese concepto.
Espinosa comenzó a recibir su jubilación en 1993, con sólo seis años de antigüedad en la institución y a la edad de 40 años, lo que lo convirtió en el pensionado más joven del gabinete.
El secretario de Turismo, quien entregó en 1997 la alcaldía de la ciudad de México al centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, cobró notoriedad en su momento por los fabulosos aguinaldos que pagaba a funcionarios del primer nivel.
"Independientemente de la legalidad de la jubilación, con todo respeto pero con plena convicción, solicitamos (a Gurría) que renuncie al beneficio económico", para dar "un ejemplo de ética", señalaron en una nota diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los miembros de la corriente Reflexión del PRI, partido con siete décadas ininterrumpidas en el poder, subrayaron que "todos habremos de reconocer" el gesto que supondría la eventual renuncia de Gurría.
Para evitar que el caso dañe al PRI en las elecciones presidenciales del 2000, un grupo de miembros del partido exigieron que Gurría y Espinosa comparezcan ante la Comisión de Honor y Justicia del partido a fin de esclarecer su situación.
Las pensiones de los funcionarios jubilados están indexadas a la inflación e incluyen servicios médicos en clínicas de lujo y gastos de despensa, elementos que han sido motivo de gran indignación entre los jubilados.
Los pensionados mexicanos deben cumplir con interminables trámites y esperar largos meses mientras trancurre una investigación sobre la situación económica de cada uno antes de que les sea aprobada la entrega de un par de anteojos.
Hombres y mujeres de avanzada edad realizan manifestaciones en demanda de que se les pague en enero un pago extra navideño que alcanzaría los 17 dólares.
La Universidad Obrera de México sostuvo que 40 de cada 100 mexicanos sobrevive con un ingreso no mayor a dos dólares al día, lo que coloca a este país, detrás de Nicaragua y Perú, entre los que pagan peores salarios en la región. (FIN/IPS/pf/mj/ip pr/99
