La decisión del papa Juan Pablo II de trasladar al norte de México a Raúl Vera, hasta ahora obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal, Chiapas, añadió otro elemento de desasosiego en ese rebelde estado sureño.
El Vaticano anunció la designación de Vera para ocupar la sede episcopal de la ciudad de Saltillo, en víspera del sexto aniversario de la irrupción del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en las selváticas montañas de Chiapas,
La resolución del Papa confirmó insistentes versiones en el sentido de que las autoridades eclesiásticas descartarían a este prelado domínico para sustituir a monseñor Samuel Ruiz.
Vera se desempeñó desde agosto de 1995 como obispo coadjutor de San Cristóbal, donde fue enviado para equilibrar la tendencia de Ruiz a defender la causa de los zapatistas.
Ruiz ha sido señalado por el gobierno mexicano como instigador del movimiento guerrillero, que vio la luz el primer día de 1994, y el propio presidente Ernesto Zedillo lo calificó en algún momento de "teólogo de la violencia".
Simpatizantes de la línea pastoral de Ruiz habían expresado temor de que Roma optara por no nombrar a Vera al frente de la diócesis de San Cristóbal, luego de que aquel presentara su renuncia formal el 3 de noviembre, al cumplir 75 años.
El Papa continúa hasta la fecha sin aceptar la renuncia de Ruiz, defensor a lo largo de 40 años de la causa de los indígenas, de los refugiados y de los más pobres habitantes de México, con un polémico estilo que lo hizo ser adorado tanto como satanizado.
La diócesis de San Cristóbal recordó, a través de un comunicado, que Vera "ha compartido el difícil caminar cristiano en estas tierras azotadas por el conflicto y la persecución".
"Sin el conforto de nuestros obispos, esta noticia, de suyo desconcertante, desafiaría profundamente nuestra fe y nuestro sentido eclesial", señaló el documento.
En otro tramo, los responsables de la diócesis agregan que sienten "bruscamente interrumpido el proceso de integración entre esta porción del pueblo de Dios y quien había sido designado por el Sumo Pontífice para suceder" al obispo Ruiz". "Experimentamos nuestra fragilidad", afirman.
El testimonio de confianza de los obispos, añadió la diócesis, "nos llevó a reafirmar nuestra inquebrantable comunión con el sucesor de Pedro y a aceptar en la fe su decisión, por dolorosa que sea".
Ruiz y Vera iniciaron hace diez días, junto con cientos de religiosos, actos de oración por la reconciliación y construcción de la paz en Chiapas, en el marco de las festividades del Jubileo del 2000.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció el pasado fin de semana la existencia de una campaña contra el obispo Vera, a la que definió como "un prolegómeno de algo peor para Chiapas".
Las acciones de "los estrategas de la paz del gobierno" no permiten augurar un clima de tranquilidad en la zona, según el grupo humanitario.
El gobierno intensificó la presencia militar y policial en el empobrecido estado de Chiapas. Habitantes de comunidades de la zona pro zapatistas han denunciado el aumento de las patrullas de fuerzas de seguridad y de paramilitares.
Las "esferas del poder se concentran en que el obispo Vera no sea confirmado como sucesor de Ruiz", quien medió hasta junio de 1998 entre las autoridades y el EZLN en su calidad de presidente de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai).
"La disolución de la Conai fue el banderazo de salida para el ataque violento contra comunidades zapatistas de los Altos de Chiapas", afirmó el centro Fray Bartolomé.
En los últimos meses, organizaciones no gubernamentales mexicanas y extranjeras unieron sus voces para alertar del avance de la militarización en Chiapas.
Estos grupos aseguran que han sido desplazados unos 70.000 soldados en ese estado del sur del país.
Entre los mayores dramas que sufren los indígenas de Chiapas, se cuenta el exilio, la pérdida de tierras y otras pertenencias, señalan las organizaciones civiles.
Unos 70.000 aborígenes habrían sido desplazados por la violencia del ejército y los paramilitares en los últimos seis años.
Las autoridades explican que la intensificación de la presencia militar y policial en esta región y en otros estados donde han surgido grupos armados insurgentes es para prevenir actos de violencia.
La policía detuvo el miércoles a dos hombres cuando repartían propaganda que llamaba a la rebelión en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos.
La situación en Chiapas, catalogada como caja de resonancia de los problemas sociales del país, contrasta de manera pronunciada con el ambiente de fiesta en otras regiones de México.
Un ejército, en este caso de obreros, daba este jueves los últimos retoques al escenario con que unos 300.000 habitantes de la capital mexicana recibirán el nuevo año.
"El Mitote" (escándalo), convocó a festejar a los capitalinos desde el mediodía de este viernes hasta la madrugada del primer día del 2000 y más de 4.000 artistas se presentarán en actos vigilados de cerca por 4.000 efectivos policiales. (FIN/IPS/pf/dm/ip hd/99
