México utiliza diez veces más agua que los demás miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, debido al desperdicio y la falta de regulación estatal, reveló un informe.
El Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes) denunció la sobreexplotación de más de 120 de los 600 acuíferos de este país, uno de los 29 integrantes de la asociación de naciones industrializadas.
Al desperdicio de agua en el sector agrícola, se suma la falta de pago de los municipios por este servicio y la pérdida de 40 por ciento del caudal que llega a las ciudades, explicó el centro de investigaciones.
El Cespedes recomendó al gobierno mexicano aplicar una política efectiva de regulación del consumo de agua, cuya creciente escasez pone en riesgo el desarrollo de importantes regiones del país e, incluso, podría generar una catástrofe ecológica de dimensiones impredecibles.
"Las aguas superficiales e incluso las subterráneas con frecuencia están contaminadas y sobreexplotadas y la calidad del agua de los ríos, lagos y acuíferos por lo general es inadecuada para muchos usos", sostiene el estudio.
La amenaza de una crisis se agudiza en ciudad de México y sus alrededores, una región caracterizada por el consumo irracional y la falta de mantenimiento de la red de distribución de agua potable.
La capital mexicana, una de las ciudades más pobladas del mundo, desperdicia más de 40 por ciento de los 70.000 litros de agua por segundo que necesitan sus más de 20 millones de habitantes.
La población de esa megalópolis paga 1,20 dólares por metro cúbico, un precio alto respecto de otros países, destacaron grupos ambientalistas.
Las autoridades responsables de la distribución de agua potable en la capital entienden que la solución del problema es proveerse en el río Temascaltepec, en el limítrofe estado de México.
El proyecto, con un costo de 350 millones de dólares, es una solución a corto plazo, en comparación con un programa de fondo destinado a recuperar el agua que se desperdicia por fugas en las redes.
Esta obra enfrenta la resistencia de comunidades que se oponen a ser despojadas de sus recursos naturales.
Campesinos de los estados de México, Michoacán y Guerrero, en el cetro y sur del país, critican la política hidráulica del gobierno de Ernesto Zedillo y exigen replantear la estrategia para dotar de agua a la capital del país.
No se puede actuar sin tomar en cuenta la opinión de las 350.000 familias que resultarán afectadas por la extracción de agua de los ríos, explican.
Organizados en un comité por la defensa del río Temascaltepec, los campesinos argumentan que el proyecto es inviable tanto desde el punto de vista social como financiero.
En particular, cuestionan los grandes desplazamientos de gente que acarreará la obra y la destrucción del ambiente, y rechazan la política de "trueque de agua a cambio de obras sociales" propuesta por la Comisión Nacional del Agua.
Por su parte, el Movimiento Ecologista Mexicano (MEM) advirtió que, aun cuando sea posible transportar agua de otras regiones del país a la capital, el líquido nunca será suficiente mientras no sea resuelto el origen del problema.
Es necesario comenzar a aprovechar el agua de lluvia, además de impulsar la cultura del cuidado y reciclaje, destacó el MEM.
México recibe un torrente anual de 217 metros cúbicos de agua por segundo producto de las lluvias, cuya potabilización permitiría abastecer perfectamente a la población capitalina en un plazo de 10 años, afirmó el grupo ambientalista.
Paralelamente, el gobierno nacional y el municipal deberían emprender la reparación de todas las redes de tuberías, 30.000 kilómetros de las cuales requieren ser cambiadas, afirmó el MEM.
El gobierno de ciudad de México, a cargo del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática desde 1997, señaló que hasta ahora pudo recuperar solo 500 litros de los casi 30.000 litros de agua que se desperdician por segundo.
Mientras, las comunidades se rebelan frente al proyecto Temascaltepec. Grupos ambientalistas y sociales reclaman que el agua se convierta en una prioridad en las políticas públicas para el nuevo siglo. (FIN/IPS/pf/dm/en ip/99