Los proyectos de privatización de empresas de energía de India por la "vía rápida" están bajo el fuego de la crítica por su falta de transparencia y por servir más a los intereses de compañías multinacionales que de los consumidores.
Los arreglos con las transnacionales se volvieron evidentes este jueves en el parlamento, cuando el ministro de Energía P.R. Kumaramangalam anunció contragarantías del gobierno central para el polémico proyecto de mil megavatios de Mangalore Power Company (MPC) en el estado sureño de Karnataka.
Kumaramangalam se apresuró a cumplir con una de las condiciones impuestas el día 15 por los promotores de MPC, la estadounidense Cogentrix y la China Light and Power Corporation, de Hong Kong, para revertir su decisión de retirarse del proyecto, de 1.300 millones de dólares.
Curiosamente, cuatro días después del anuncio de retiro por el presidente de Cogentrix, Ron Somers, la Corte Suprema revocó una decisión de la Alta Corte de Karnataka que ordenaba a la policía investigar cargos de soborno contra la multinacional.
Otra condición planteada por Somers fue un compromiso para resolver temas pendientes respetando los términos y condiciones de un acuerdo de 1997 con el gobierno de Karnataka, que muchos temen podría perjudicar a los consumidores.
Las contragarantías del gobierno central aseguran a los productores privados de energía el pleno retorno de su inversión en base a la venta de energía a la junta estadual de electricidad, pero los costos serán asumidos por los consumidores.
En el estado occidental de Maharashtra, las contragarantías ofrecidas a otra gigantesca empresa de energía de Estados Unidos, Enron, hicieron que el costo de la energía se volviera inaccesible para la mayoría de los consumidores, mientras surgen nuevas preguntas sobre el verdadero costo del proyecto.
Este último caso fue el tema de un nuevo libro, titulado "Power Play" (Juego de poder), en que el analista Abhay Mehta registra las numerosas normas violadas para instalar la planta de Enron en Dabhol a costa de los consumidores y del fisco.
S.B. Chavan, líder del partido del Congreso y ex ministro de Energía, objetó la oferta de contragarantías de Kumaramangalam a Cogentrix y exigió la publicación de los términos para fijar las tarifas del servicio.
MPC en Karnataka y Dabhol Power Corporation en Maharashtra son apenas dos de ocho proyectos aprovados por la vía rápida en diferentes partes del país como parte de un ambicioso plan de liberalización iniciado en 1992 por la administración del Congreso.
Mientras Enron inauguró su primera fase de 740 megavatios este año, Congentrix y su socio menor China Light and Power se atascaron debido a numerosos litigios de interés público presentados por ambientalistas contra la ubicación de MPC.
Leo Saldanha, activista del Grupo de Apoyo Ambiental de Karnataka, advirtió que MPC afectaría adversamente a las comunidades agrícolas y pesqueras del frágil estuario del río Mulki.
Aunque las afirmaciones del Grupo de Apoyo fueron respaldadas por el Instituto Nacional de Investigación e Ingeniería Ambiental, dependiente del gobierno central, fueron rechazadas por la justicia.
Lo que más impactó a la opinión pública fueron las acusaciones de soborno realizadas en una demanda presentada en la Alta Corte de Karnataka por el activista por los derechos del consumidor Arun Kumar Agarwal.
Según Agarwal, China Light and Power ofreció dinero a los negociadores del gobierno.
Luego que China Light and Power anunció su retiro del proyecto el día 9, la Corte Suprema, que previamente había apoyado las investigaciones solicitadas por la Alta Corte, rechazó la demanda de Agarwal e incluso censuró a su tribunal subordinado.
"Creemos que la Alta Corte ha ido demasiado lejos", declaró la Corte Suprema.
Mientras, la empresa británica de energía PowerGen siguió el ejemplo de Cogentrix y amenazó con retirarse de un proyecto de 500 megavatios en Bina, en el estado central de Madhya Pradesh, ante demandas por ocultamiento de plicas.
"India no debe pensar que los inversores extranjeros no tienen otra opción. De hecho, existe una competencia mundial por la inversión extranjera", declaró el miércoles el comisionado británico Michael Bates en una reunión pública en Madhya Pradesh.
El ministro jefe de Madhya Pradesh, Digvijay Singh, respondió a Bates que su gobierno se asegurará de que el litigio sea terminado lo antes posible.
Singh admitió que se firmaron rápidamente varios contratos de energía para atraer inversión extranjera a nuevos proyectos. "En cambio, debimos haber privatizado los proyectos existentes", declaró, según el diario The Asian Age.
Afectada por una grave escasez de energía desde comienzos de esta década, India sigue ahora el consejo del Banco Mundial de "reestructurar" sus juntas estaduales de electricidad mediante privatizaciones.
En consecuencia, el gobierno del Partido Bharatiya Janata priva de recursos a las juntas estaduales y las obliga a depender de inversores privados, a quienes otorga numerosos incentivos fiscales y "contratos negociados". (FIN/IPS/tra-en/rdr/an/mlm/if-dv/99
