La premio Nobel de la Paz Rigoberta Mechú fue acusada de traición a la patria por haber denunciado a militares y civioles responsables de violaciones a los derechos humanos en Guatemala en la década pasada ante la justicia española.
El candidato presidencial del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Alfonso Portillo, quien según las encuestas ganaría la segunda vuelta electoral del próximo domingo, dijo que Menchú está "mal asesorada".
Según el postulante del FRG, partido del cual es fundador y máximo líder el general Efraín Ríos Montt, uno de los acusados por Menchú de genocidio, "es una vergüenza" que la dirigente indígena acuda a tribunales de otro país cuando debió presentar la denuncia en Guatemala.
Portillo sostiene que Menchú aprovechó la coyuntura política, pues planteó la querella antes de la segunda ronda electoral.
El abogado Julio Cintrón, defensor de militares en diversas causas, presentó una querella contra la Premio Nobel, a quien acusó de "traición a la patria, violación de la Constitución y omisión de denuncia", ya que según él, la demanda en España atenta contra la seguridad e independencia del Estado.
Menchú denunció el día 2 en madrid ante la Audiencia Nacional de España a los generales Ríos Montt, Oscar Mejía Víctores y Romeo Lucas García, que gobernaron el país mediante golpes de Estado entre 1979 y 1985.
También a los civiles Aníbal Guevara, Benedicto Lucas, Donaldo Alvarez, Germán Chupina y Pedro García Arredondo, responsables de los gabinetes de seguridad en esa época.
Los hechos por lo que deberán responder los acusados son la quema de la embajada de España en Guatemala en 1981, en la que 39 personas murieron calcinadas, entre ellas el padre de Menchú, así como la posterior persecución y muerte de la madre y hermanos de la Nobel de la Paz dirigente y de cuatro sacerdotes españoles.
Guatemala sufrió un prolongado conflicto armado interno que duró 36 años y causó más de 200.000 víctimas. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) los militares tienen la responsabilidad sobre 93 por ciento de los casos de asesinato.
El conflicto armado, cuya etapa de mayor represión contrainsurgente fue entre 1979 y 1983, terminó en diciembre de 1996 con la firma de la paz entre representantes del gobierno y de las facciones guerrilleras.
Como prueba de que los tribunales guatemaltecos conocieron los hechos de la embajada de España y no actuaron para reesolverlo y castigar a sus autores, Menchú señala que durante los últimos 19 años "sólo se ha procedido a cambiar la carátula del caso, y tachar el delito de genocidio para poner el de asesinato".
"Nadie acusó a los autores materiales e intelectuales de la muerte de 39 personas, incluido mi padre, porque en la década de 1980 hubo represión y el terror era una constante, al grado de que los tribunales no actuaron", aseguró.
La mayoría de las organizaciones humanitarias apoyan a Menchú, al considerar que si la justicia local no funciona es correcto elevar las demandas ante tribunales internacionales.
Así lo dijo a IPS Guillermo Monroy, director de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, mientras el procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, declaró que "en lugar de tildar a las personas de traidoras a la patria por tener el valor de denunciar hechos de genocidio y de desapariciones forzadas, se les debería identificar como héroes».
Ríos Montt, bajo cuyo gobierno, entre 1982 y 1983, miles de indígenas fueron exterminados, insistió en que la acción legal promovida por Menchú "forma parte de un asunto jurídico, en el que los acusadores tienen que demostrar su tesis". (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/99
