La Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua) denunció que el gobierno incumplió total o parcialmente 102 de los 170 compromisos asumidos en los acuerdos de paz de 1996, un cálculo cuestionado por las autoridades.
El canciller Eduardo Stein se manifestó sorprendido por la estimación de Minugua y anunció que pedirá a la misión internacional "que explique cómo realizó ese cálculo".
Por su parte, Raquel Zelaya, directora de la gubernamental Secretaría de la Paz, dijo este viernes sentirse "dolida y molesta por este ejercicio matemático", porque, afirmó, no todos los compromisos requieren el mismo esfuerzo.
El francés Jean Arnault, responsable de Minugua, dijo el jueves, al presentar el cuarto informe del organismo sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, que se constata "una serie de incumplimientos serios" en los últimos tres años.
El 29 de diciembre de 1996, el gobierno de Alvaro Arzú y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, hoy constituida en partido político, firmaron el acuerdo de paz para acabar con 36 años de una guerra civil que causó 200.000 muertes.
El informe plantea medidas que, según Minugua, el gobierno debe implementar, entre ellas reformas a los sistemas electoral, fiscal, judicial y militar.
Minugua también observó que merecen una atención especial los problemas laborales, la política de vivienda, la reinserción de los desarraigados y desmovilizados, el resarcimiento a los damnificados por la guerra civil y la reconciliación nacional.
El diálogo de paz que llevó casi un decenio concluyó un año después de asumir Arzú la presidencia, con una serie de compromisos en materia de derechos humanos e indígenas, reformas militares y fiscales, entre otros puntos.
Tres años después, Minugua, a cargo de verificar el cumplimiento de los acuerdos, estimó que el gobierno sólo cumplió 62 de los 170 compromisos que, según el acuerdo, debía cumplir antes del 2000.
Además, 39 compromisos están en camino de cumplimiento efectivo, 26 fueron cumplidos de manera apenas parcial y 43 no han sido cumplidos en absoluto.
Minugua aclaró que la dimensión cuantitativa no refleja la complejidad del proceso de implementación de los acuerdos de paz, pero destacó que al gobierno que asumirá el 14 de enero "le corresponde iniciar, corregir o continuar la implementación de 64 por ciento de la agenda de la paz".
La misión internacional consideró que el gobierno debe implementar, antes de la transmisión del mando, la nueva doctrina del ejército y disolver el Estado Mayor Presidencial, cuerpo de elite acusado de ilegalidades y de violaciones a derechos humanos.
Minugua denunció también que las fuerzas armadas no han cumplido con el cierre de unidades militares pactado en los acuerdos. De los 104 destacamentos existentes en 1996, solo nueve fueron cerrados.
Destacaron también "la urgencia de aprobar una nueva doctrina militar que establezca claramente las funciones que debe cumplir el ejército en una sociedad democrática y en paz" que suponga el abandono de la doctrina de seguridad nacional, que le asignaba la contrainsurgencia como tarea esencial.
El informe destacó, sin embargo, "verdaderos aciertos", como la creación y el desarrollo del Foro de la Mujer, al que calificó de "una de las experiencias más novedosas a nivel mundial", y el retorno organizado de los refugiados en México.
También elogió el cumplimiento de las metas de gasto público en prácticamente todos los ámbitos y el "inicio de una concertación entre representantes de los pueblos indígenas y las instituciones estatales".
El informe destacó que, de acuerdo con el cronograma de los acuerdos de paz, a la antigua guerrilla "le correspondía el cumplimiento de 22 compromisos sustantivos", la mayor parte relacionados con su desmovilización, "los que ha cumplido en su totalidad".
Consideraron también que el hecho de que los ex guerrilleros integren la tercera fuerza política del país es una importante contribución a la irreversibilidad del proceso de paz y al no retorno a la violencia política.
Se trata de un ejemplo digno de ser analizado por otros países en transición a la paz, según Minugua.
La Misión recomendó al próximo gobierno impulsar una reforma fiscal, para que el Estado cuente con recursos para el desarrollo social, y enfatizar la lucha contra la impunidad a través de la profesionalización de los funcionarios del sistema de justicia.
También aconsejaron la institucionalización de las iniciativas más destacadas del proceso de paz, en especial las relacionadas con los pueblos indígenas, así como definir políticas integrales en materia de educación, salud y desarrollo rural.
En marzo del 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumplirá 10 años de participación directa en el proceso de paz de Guatemala. (FIN/IPS/cz/mj/ip/99
