El juicio a la página más negra de la democracia española, por la guerra sucia contra los independentistas vascos (1983-86), se inició hoy con serias dudas sobre el papel que jugará el principal testigo e inculpado.
Entre 1983 y 1986, bajo el gobierno del socialista Felipe González, se cometieron cuatro decenas de atentados y secuestros, con el resultado de 28 muertes, perpetrados todos ellos desde el Ministerio del Interior, según consta en los respectivos sumarios judiciales.
Dos de las víctimas fueron José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que pertenecían a la organización ilegal ETA y fueron secuestrados el 15 de octubre de 1983 en el sur de Francia, donde se hallaban refugiados.
De inmediato fueron trasladados a la ciudad de San Sebastián, del lado español de la frontera hispano-francesa, y sometidos a fuertes torturas en una dependencia oficial.
Después los llevaron al otro extremo de España, en Alicante, sobre el Mar Mediterráneo, donde fueron asesinados con balazos en la nuca y enterrados bajo 50 kilos de cal viva.
Javier Gómez de Liaño, el juez que instruyó el sumario que este lunes dio paso al juicio, dice que nunca le tocó ocuparse de un caso similar y calificó los hechos como "la página más negra de la democracia española".
Según Gómez de Liaño, a pesar de los numerosos casos de atentados y malos tratos registrados en este país en los últimos años, "no ha habido nada igual a disparar ante una tumba, a cañón tocante, después de un secuestro y de unas torturas físicas y psíquicas".
Los dos secuestrados desaparecieron sin dejar rastros. En enero de 1985 un vecino del pueblo de Busot, en Alicante, encontró unos huesos humanos mientras cazaba en un monte. Los restos, sin identificar, fueron depositados en la morgue.
Un policía de Alicante, al ver los restos en la morgue en 1995, pensó que podrían pertenecer a los dos etarras desaparecidos. Un análisis genético permitió identificarlos sin lugar a dudas y, con ello, reabrir el proceso, que estaba paralizado.
En el proceso declararon un centenar de testigos y resultaron inculpados, entre otros, el laureado general de la Guardia Civil (policía militarizada) Enrique González Galindo y el entonces gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elorriaga.
Todos fueron acusados de pertenencia a banda armada, detención ilegal, asesinato y lesiones.
El entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera – condenado e indultado por otro de los atentados- y el ex abogado del Ministerio del Interior Jorge Argote están inculpados como encubridores.
Uno de los testigos clave, el ex guardia civil Felipe Bayo, fue llevado desde el hospital militar, donde cumple prisión preventiva, al juzgado, sedado, en ropas interiores y semi- inconsciente.
El Tribunal, integrado por tres jueces, dispuso enviarlo a un hospital civil y dejarlo bajo vigilancia de los médicos forenses, en vez de los militares, a la vez que pidió explicaciones por la forma en que fue conducido a la sala.
En 1996, Bayo negó toda participación en los hechos. Después, tras cambiar de abogado, confesó haber torturado y participado en la muerte de Lasa y Zabala junto con otro guardia y cumpliendo órdenes superiores.
Entre una y otra declaración, Bayo, a pesar de estar retirado de la Guardia Civil, fue enviado por el Ministerio del Interior a realizar un curso de piloto en Estados Unidos. Ese ministerio también le pagó con dinero proveniente de los fondos reservados.
Aunque el fiscal y el juez instructor aportan otros testimonios y pruebas, la declaración de Bayo será una de las determinantes. Por ello se espera su recuperación en el hospital civil, antes de ser llevado nuevamente ante el juez.
Mientras, las olas del juicio vuelven a salpicar a la primera fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Vera declaró que hubiese preferido una declaración solemne de Felipe González sobre su política antiterrorista, pero que "ya es demasiado tarde". Asimismo se quejó de la falta de apoyo de su partido, el PSOE, y a ese respecto dijo que no le sorprende nada de la condición humana "y menos de la vida política".
González respondió diciendo que comparte el sufrimiento de sus ex subordinados y actuales compañeros de partido. Pero también precisó que su única responsabilidad directa es "haber nombrado (ministros de Interior) a José Luis Corcuera y José Barrionuevo, y ellos a su vez nombraron a Rafael Vera».
El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno, Joaquín Almunia, también se desmarcó de sus compañeros acusados.
Dijo Almunia que los hechos que se juzgan le producen repugnancia, pidió que se deje hacer a la Justicia y alertó acerca de que no es bueno que el proceso se mezcle con la campaña electoral.
"Eso no es bueno para nadie", declaró, aludiendo a la precampaña en marcha para las elecciones generales que se celebrarán en marzo en día aún sin determinar.
Las vistas orales del proceso seguirán esta semana y la próxima, se interrumpirán al comenzar las fiestas de fin de año y se volverán a reiniciar después del 10 de enero. (FIN/IPS/td/dg/ip/99)
