La organización separatista vasca ETA seguiría dispuesta a reanudar los ataques con bombas en España, concluyeron hoy analistas de este país luego que la policía frustró lo que podría haber sido el mayor atentado en la historia de ese grupo.
Un control rutinario de la Guardia Civil (policía militarizada) permitió este lunes la detención de un vehículo en Calatayud, a 204 kilómetros de esta capital, en el que un etarra transportaba un artefacto explosivo de 950 kilos, listo para su detonación.
Según el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el atentado se iba a perpetrar en Madrid, aunque no pudo precisar cuál era el objetivo. Por lo general, dijo, las personas encargadas de transportar las bombas ignoran dónde serán colocadas, ya que de ello se ocupa un grupo operativo de ETA.
El día 3 el grupo vasco declaró finalizada una tregua unilateral y por tiempo indefinido que mantenía desde el 16 de septiembre de 1998.
Todas las fuerzas políticas, incluyendo al nacionalismo vasco moderado, le demandaron entonces que no reiniciara los atentados y que prosiguiera las negociaciones con el gobierno del centroderechista José María Aznar.
El único partido que no hizo esa demanda, aunque dijo apostar por una negociación política, fue la coalición Eusko Herritarrok (EH, que apoya a ETA).
El conductor del vehículo en el que se transportaba el explosivo, José María Novoa Arróniz, carece de antecedentes policiales y fue candidato municipal suplente por EH en un pequeño pueblo de la provincia de Alava, en las elecciones realizadas este año.
La camioneta en la que llevaba el artefacto, al que sólo faltaba conectar el detonador, añadió Mayor Oreja, fue robada en el suroeste de Francia, tenía matrícula falsa e inició su viaje en las cercanías de la ciudad francesa de Bayona, próxima a la frontera con España.
La mayor cantidad de explosivo utilizada en un atentado por ETA lo fue en dos oportunidades, cuando utilizó 500 kilos en cada una.
La primera fue el 22 de noviembre de 1988 contra el cuartel central de la Guardia Civil en 1988 y la segunda el 26 de junio de 1989 contra el cuartel de esa policía en la localidad de Llodio, en la provincia vasca de Alava.
Aunque la mayor cantidad de muertes -21 personas, todas civiles- las ocasionó al hacer estallar 30 kilos de explosivos en un gran supermercado, el Hipercor de Barcelona, perteneciente al tradicional El Corte Inglés.
Mayor Oreja calificó a la frustración del atentado de "el mejor regalo de Navidad que la Guardia Civil podía hacer a la ciudadanía".
Su lectura positiva de lo ocurrido no es compartida por Xavier Arzallus, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de tendencia moderada y que gobierna en la región en coalición con el también moderado Eusko Alkartasuna (EA) y el apoyo parlamentario de EH.
Arzallus, crítico permanente del ministro del Interior, dijo que la interceptación por la policía de un vehículo con explosivos, "sea de ETA o de quien sea", "es una gran cosa".
"Para eso está la policía, es su trabajo", pero "con ETA no se acaba de forma policial, sino mediante acciones políticas", señaló.
La organización ilegal no sólo planeaba un gran atentado en Madrid, sino que también tenía en sus miras a parlamentarios vascos, según un informe dado a conocer este martes por el matutino madrileño El Mundo.
De acuerdo a esa nota periodística, en la vivienda que ocupaba en Francia una dirigente de ETA, Belén González, detenida en aquel país, se encontraron documentos con datos detallados de los movimientos de varios parlamentarios.
Entre ellos figuraba el presidente del Parlamento Autónomo Vasco y miembro destacado del PNV, José María Atutxa, el presidente del Partido Popular en aquella región, Carlos Iturgaitz, y los diputados socialistas Javier Rojo y Luis Alberto Aguiriano. (FIN/IPS/td/dg/ip/99)
