Los emigrados españoles en países de los cinco continentes apoyan a los inmigrantes que llegan a España, cuyos derechos pueden verse afectados por una Ley que se está debatiendo en el parlamento.
Mientras queda sólo una semana para que esa ley se apruebe o rechace, las dos centrales sindicales mayoritarias y organizaciones no gubernamentales (ONG) de España convocaron este domingo una manifestación en la céntrica plaza de la Puerta del Sol de Madrid.
Su objetivo es protestar contra las maniobras del gobernante Partido Popular, de centroderecha, que pretende modificar un texto consensuado por todas las fuerzas parlamentarias y que, como tal, es considerado positivo por los demás partidos, los sindicatos y las ONG.
El Partido Popular pretende cerrar "la puerta sur" de Europa a los inmigrantes, al presentar 112 enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería y negociar su aceptación con grupos minoritarios, como los regionalistas catalanes y canarios.
Carmelo Rodríguez, coordinador de la Coalición Canaria, que gobierna las Islas Canarias, dijo que su grupo parlamentario no apoyará esas enmiendas, "a pesar de los chantajes y amenazas" del Partido Popular.
España es conciderada la puerta sur de Europa, por su relación con el Norte de Africa, donde tiene dos ciudades enclavadas, Ceuta y Melilla, cuya soberanía reclama Marruecos, a través de las cuales ingresan ciudadanos de varios países africanos.
El canciller Abel Matutes sostiene que de aprobarse el texto consensuado correría peligro la soberanía de España sobre esas dos ciudades.
En su opinión, la aplicación de ese texto consensuado abriría las puertas a una numerosa inmigración marroquí y, al poco tiempo, esas personas con residencia en las dos ciudades podrían pedir su descolonización y anexión a Marruecos.
Joaquín Almunia, secretario general y candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), calificó a esas declaraciones de "estupidez notable e irresponsabilidad manifiesta".
En España hay unos 800.000 inmigrantes con sus papeles en regla y otros 200.000 irregulares, que el gobierno denomina "ilegales".
En el primer borrador de Ley, consensuado entre todos los partidos en el Congreso de Diputados, se establecía que esas 200.000 personas podrían obtener su permiso de residencia permanente.
Pero entre las enmiendas presentadas por el Partido Popular, una establece que los extranjeros sólo podrán obtener su permiso de residencia permanente si con anterioridad tenían uno temporal y lo hubieran renovado al menos en dos ocasiones.
Además, los aspirantes deberán acreditar que poseen medios económicos para su subsistencia y haber permanecido de manera continuada en territorio español, desde la obtención del primer permiso de residencia.
Otra de las enmiendas limita a los inmigrantes la libertad de circulación, participación pública, reunión, manifestación o asociación, derecho al trabajo y a la seguridad social y libertad de afiliarse a un sindico y de huelga.
El recurso de pedir una visa y obtener un compromiso de trabajo antes de viajar a España reduce casi a cero las posibilidades para la mayoría de los interesados en trasladarse a este país europeo y trabajar.
Y esto, pese a que empresarios y sindicalistas afirman que en algunos sectores, como la agricultura y la construcción, existe una demanda insatisfecha de mano de obra. Esa es la conclusión de una reunión sostenida esta semana en la Cámara de Comercio de Madrid, a la que asistió Almunia.
A su término, el secretario general del PSOE señaló que los empresarios tienen claro que la mano de obra extranjera es necesaria en España, pues pese a la desocupación, hay empleos que los españoles no quieren desempeñar.
Además, "la inmigración es inevitable e imparable", afirmó, y se requiere una ley integral, para que los inmigrantes sean tratados como ciudadanos, ya que lo son a todos los efectos.
"Lo más parecido a un inmigrante, es un emigrante", dijo a IPS Luis Lamiel, representante de la Confederación General de Comisiones Obreras (CCOO) en el Consejo General de la Emigración, un órgano consultivo integrado en el Ministerio de Trabajo que representa a los españoles residentes en otros países.
Lamiel es uno de los 37 consejeros -sobre un total de 42- que firmaron una carta dirigida al jefe del gobierno, José María Aznar, pidiéndole que ejerza toda su influencia para que no se incluyan modificaciones "que puedan disminuir o distorsionar el alcance social y humano que ha logrado el texto consensuado".
"No podemos consentir que lo que sufrieron los emigrantes españoles en algunos países de acogida por culpa de legislaciones retrógradas, deban sufrirlo ahora los trabajadores que han acudido a nuestro país", dijo Lamiel.
Estos "hacen lo mismo que nosotros antaño, salen de su país en busca de trabajo, de libertad y de un poco de bienestar para ellos y sus familias", añadió.
Entre los firmantes de la carta dirigida a Aznar figuran el presidente del Consejo, José Manuel Castelao, y Ana María Corral Juan, la consejera de la Unión General de Trabajadores, la otra central mayoritaria.
También los que representan a los emigrados en Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Francia, Italia, México, Luxemburgo, Marruecos, Holanda, Perú, Portugal, Uruguay, Gran Bretaña, República Dominicana, Suiza y Venezuela.
En algunos casos, como los de Argentina y Francia, los consejeros representan a más de 350.000 emigrantes.
Los Consejeros son elegidos por los emigrantes españoles, mediante elecciones secretas que se realizan en cada consulado español y en las que participan los inscritos en sus registros. (FIN/IPS/af/ag/ip-hd/99
