El gobierno español sufrió hoy una dura derrota, al aprobarse en el Parlamento una ley de extranjería por mayoría absoluta y que sólo recibió los votos en contra del gobernante Partido Popular (PP), de centroderecha.
Con el nuevo texto legal, los inmigrantes que ya están en España pero carecen del reconocimiento de la administración podrán regularizar su situación y gozar de los derechos ciudadanos de expresión, libertad de asociación y seguridad social.
Asimismo, tendrán más facilidades para hacerlo los extranjeros que deseen trasladarse a España para trabajar en este país, por lo general en tareas que no desean cumplir los españoles, como las de los sectores agrario y de la construcción.
"Es una victoria para los sindicatos y organizaciones sociales, pero sobre todo para los trabajadores inmigrantes", señaló en un comunicado la Unión General de Trabajadores (UGT), minutos después de que se produjera la votación en el Congreso de los Diputados.
Al haberse tratado ya en el Senado y de acuerdo a la legislación española -en la que el gobierno carece de facultades para vetar una ley- el texto aprobado este miércoles entrará en vigor cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, en 15 días a más tardar.
El proyecto de ley fue aprobado en el Congreso de los Diputados por consenso por todos los partidos (incluido el PP) en septiembre, tras 18 meses de trabajo en una comisión.
Pero, sorpresivamente, al pasar a consideración del Senado el PP introdujo 112 enmiendas que modificaban profundamente el texto consensuado.
El gobierno de José María Aznar justificó su cambio de posición con el argumento de que el texto consensuado iba en contra de normas de la Unión Europea (UE) y de que su aprobación produciría un "efecto llamada" para que los inmigrantes acudieran a radicarse a España.
Esa argumentación fue llevada al extremo por el canciller, Abel Matutes, quien sostuvo el día 18 que de adoptarse el texto correría peligro la soberanía nacional sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa norte de 5frica.
A su entender, se abriría las puertas a una numerosa inmigración marroquí y, al poco tiempo, los marroquíes con residencia en esas ciudades podrían pedir su descolonización y anexión a Marruecos.
Por el contrario, los emigrados españoles en países de los cinco continentes apoyan los derechos de los inmigrantes que llegan a España, que habrían sido afectados de manera negativa de haber sido tenidas en cuenta las enmiendas del PP.
La primera y la segunda fuerzas de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista), anunciaron desde un principio que se opondrían a las enmiendas y defenderían el texto consensuado.
Ante eso, Aznar puso todo su empeño en lograr el apoyo de partidos nacionalistas, como catalanes y vascos, y regionalistas, como la Coalición Canaria (CC), con el fin de obtener los votos suficientes para imponer las enmiendas.
Un punto básico en esa estrategia era contar con el voto de CC, tras conocer que los vascos no apoyarían al gobierno y que sólo con los catalanes no se alcanzaría la mayoría necesaria.
El miércoles 15 y este lunes los secretarios generales de las centrales sindicales mayoritarias, Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT, prosocialista) y Antonio Gutiérrez, de Comisiones Obreras (CCOO, procomunista), trataron el tema con diputados de CC y el presidente de esa coalición, Paulino Rivero.
El resultado fue que Carmelo Rodríguez, coordinador de Coalición Canaria (que gobierna las Islas Canarias), anunció que su grupo parlamentario no apoyaría las enmiendas, "a pesar de los chantajes y amenazas" del PP.
La ley aprobada este miércoles reemplazará a una de 1985 y, según las organizaciones sindicales y sociales, representa un gran avance en relación con aquélla, aprobada por el entonces gobernante PSOE.
Tras la votación, Luis de Grandes, portavoz parlamentario del PP, dijo que no se derrotó al gobierno sino a España, "en una materia en la que se ponen intereses vitales del Estado en juego".
La portavoz del PSOE y ex ministra de Trabajo Matilde Fernández expresó que la derrota del gobierno se produjo porque el PP considera a los inmigrantes como ¡¡mano de obra barata, en lugar de personas con derechos".
El colofón en los comentarios lo puso el diputado Diego López Garrido, de Nueva Izquierda, una escisión de IU aliada al PSOE. El parlamentario, glosando una canción de Joan Manuel Serrat, dijo que "Hoy puede ser un gran día, hoy va a ser un gran día".
Lo mismo sostienen los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las humanitarias, las de emigrantes e inmigrantes y todos las fuerzas políticas, con excepción del PP. (FIN/IPS/af/dg/ip-pr/99)
